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Perfil de Eduardo Stein, un ideólogo de la Responsabilidad de Proteger
En 2014, Stein fue
candidateado a la secretaría general de la OEA por el entonces presidente de
Guatemala, Otto Pérez Molina, hoy preso por corrupción. De aquella contienda
salió vencedor el ex canciller uruguayo Luis Almagro, quien el pasado viernes
no descartó la opción de la intervención militar en Venezuela en caso de que el
bloqueo y el asedio aplicado por Estados Unidos y Europa contra Venezuela no
logre deponer al presidente constitucional Nicolás Maduro.
PERFIL DE EDUARDO STEIN, UN IDEÓLOGO DE
LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
Ex
vicepresidente de Guatemala (2004-2008), Eduardo Stein Barillas fue
designado el pasado miércoles como representante conjunto en Venezuela
de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Repasemos brevemente su
currículo y las expectativas que emanarían de su nuevo cargo.
Funcionario con millas de vuelo
También fue ministro de Asuntos Exteriores de su país y ha sido funcionario en distintas organizaciones, incluyendo la propia OIM y la Organización de Estados Americanos (OEA). "El señor Stein aporta su vasta experiencia profesional, su influencia política y su profundo conocimiento de la región, que serán fundamentales para apoyar los esfuerzos del gobierno para la protección y solución de las necesidades del creciente número de refugiados y migrantes venezolanos", señalan la ACNUR y la OIM en un comunicado.
Con esta designación se pretende promover un enfoque regional coherente frente a la llamada "problemática" venezolana, siempre en coordinación con los gobiernos, las entidades internacionales y otros agentes relevantes.
El comunicado reitera que "trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluido el acceso al territorio, la protección de los refugiados, los arreglos legales para la estadía y la identificación de soluciones para los refugiados y migrantes venezolanos".
Quien fuera segundo a bordo del gobierno derechista de Oscar Berger, Stein es miembro del tanque de pensamiento Diálogo Interamericano con sede en Washington, al que pertenecen políticos como Juan Manuel Santos, Jimmy Carter, Óscar Arias, Leonel Fernández, Antonio Navarro Wolff, Michelle Bachelet, Moisés Naím, entre otros.
Encabezó la Comisión de Verdad y Reconciliación unilateral que investigó el golpe hondureño del 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya y sus secuelas. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los hondureños más afectados por el golpe fueron excluidos de participar en la creación de la Comisión.
En 2014, Stein fue candidateado a la secretaría general de la OEA por el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, hoy preso por corrupción. De aquella contienda salió vencedor el ex canciller uruguayo Luis Almagro, quien el pasado viernes no descartó la opción de la intervención militar en Venezuela en caso de que el bloqueo y el asedio aplicado por Estados Unidos y Europa contra Venezuela no logre deponer al presidente constitucional Nicolás Maduro.
Impulsor de una doctrina: la Responsabilidad de Proteger (R2P)
Eduardo Stein fue uno de los 12 expertos de la Comisión Internacional sobre Soberanía de los Estados e Intervención (ICISS, por sus siglas en inglés) que reportó al entonces secretario general de la ONU, el recién fallecido Kofi Annan, un informe llamado "La Responsabilidad de Proteger" en diciembre de 2001.
Financiada por los gobiernos de Canadá, Suiza y del Reino Unido, también por patrocinantes como la Fundación Rockefeller y otros, la ICISS asumía la dualidad de un problema: intervención y soberanía de los Estados. Así, introdujo el concepto para trascender a la discusión sobre la injerencia militar, que generaba un amplio debate al asociar el adjetivo "humanitario" a actividades bélicas como las llevadas a cabo en Somalia, Bosnia y Kosovo, o el genocidio en Ruanda, donde fue definitoria la inacción de la ONU y las potencias mundiales.
Particularmente, a partir de los acontecimientos en la extinta Yugoslavia, relativo a la caída de Srebrenica, fue cuando Annan planteó una "solución política y militar".
Esta doctrina, también conocida como R2P, consiste en no reconocer la soberanía nacional como un derecho puesto que sobrevalora una supuesta responsabilidad de prevenir y disuadir cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y depuración étnica, bajo el término genérico de Crímenes de Atrocidad Masivos. Se basa en el principio de que la soberanía es un privilegio, y si un Estado viola los principios de la "buena gobernanza" con marca occidental, la comunidad internacional (Estados Unidos y los miembros de la OTAN como su extensión) está "moralmente" obligada a revocar la soberanía de la nación y asumir mando y control del "Estado forajido".
Según el informe, la R2P se basa en el falaz hecho de centrar la preocupación por las crisis violentas en la perspectiva de los que piden o necesitan ayuda, como las comunidades en riesgo, minorías étnicas o de otra clase, las mujeres eventualmente víctimas de violaciones sistemáticas y los niños hambrientos, y no en la de los que puedan estar planteándose una intervención.
Además, esta visión reconoce que la primera responsabilidad es del Estado correspondiente, y solamente cuando éste no puede o no quiere cumplirla, o si éste es el mismo culpable, incumbirá a la comunidad internacional actuar en su lugar. Para ello, se requiere "fortalecer, no debilitar, la soberanía de los Estados, y mejorar la capacidad de la comunidad internacional para reaccionar con decisión cuando los Estados no tienen la voluntad o la capacidad de proteger a su propia gente".
La visión de que la soberanía se convierte en un derecho condiciona al Estado, teniendo como prerrogativa que, por ejemplo, un Estado, si no cumple o no le es permitido cumplir con la obligación de protección, pierde el derecho a invocar la soberanía para impedir la intervención internacional.
Por último, la R2P incluye la prevención y la posterior reconstrucción en el país invadido. La primera nunca se había puesto realmente en práctica, mientras que la segunda ya figuraba en las agendas de intervención desde 1992.
El parágrafo 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas ratifica el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros, uno de los pilares del Derecho Internacional, en apoyo al principio de soberanía nacional. Sin embargo, la doctrina de la R2P se estableció en los párrafos 138 y 139 del "Documento Final" de la Cumbre Mundial 2005, que se celebró en Nueva York entre el 14 y el 16 de septiembre de 2005, y el Consejo de Seguridad lo ratificó en 2006.
Stein, por su lado, sería entonces un promotor de esta doctrina que tiene más de prerrogativa excepcional que de fundamentos del Derecho Internacional, aun cuando fuera reconocido en última instancia por la ONU, en conjunción con lo expuesto ya por el Secretario General de la OEA en días anteriores en torno a la intervención extranjera contra Venezuela.
Expectativas ante la escalada injerencista
Luis Almagro insistió en la R2P luego de anunciar su apoyo a una intervención militar en Venezuela y de que el Grupo de Lima (menos Colombia y Guyana) se distanciaran de su posición.
Otros actores del antichavismo "en el exilio" como el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma han mencionado dicho principio.
La R2P fue aplicada en países como Libia usando la protección de los civiles como subterfugio para justificar la agresión y legitimar la "intervención humanitaria". De esa manera, la OTAN subvirtió los principios y conceptos del Estado-nación, la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y la igualdad entre éstos. Aun cuando Estados Unidos consideró a la Corte Penal Internacional como una amenaza a sus intereses y no ratificó el Estatuto de Roma para eximir a sus autoridades y personal militar de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
La capacidad del Estado venezolano para "proteger a su propia gente", en la jerga intervencionista, es atacada con cada sanción que limita su acción en beneficio de la ciudadanía aun cuando se diga que son solo contra funcionarios del gobierno. Ante las evidencias, ya demostradas en el Consejo de Derechos Humanos hace poco, las expectativas con respecto a un funcionario como Eduardo Stein es que cualquier "respuesta humanitaria" pase por exigir un cese a las sanciones contra Venezuela.
Esto si no toma el mismo camino narrativo de Almagro, que cada vez más toma para sí las vocerías del poder duro, el excepcionalismo y la intervención militar sin mirar siquiera de costado las consecuencias verdadera humanitarias que traerían una invasión extranjera, promovida por Estados Unidos, en suelo venezolano.
USA.
PERFIL DE EDUARDO STEIN, UN IDEÓLOGO DE
LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
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Funcionario con millas de vuelo
También fue ministro de Asuntos Exteriores de su país y ha sido funcionario en distintas organizaciones, incluyendo la propia OIM y la Organización de Estados Americanos (OEA). "El señor Stein aporta su vasta experiencia profesional, su influencia política y su profundo conocimiento de la región, que serán fundamentales para apoyar los esfuerzos del gobierno para la protección y solución de las necesidades del creciente número de refugiados y migrantes venezolanos", señalan la ACNUR y la OIM en un comunicado.
Con esta designación se pretende promover un enfoque regional coherente frente a la llamada "problemática" venezolana, siempre en coordinación con los gobiernos, las entidades internacionales y otros agentes relevantes.
El comunicado reitera que "trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluido el acceso al territorio, la protección de los refugiados, los arreglos legales para la estadía y la identificación de soluciones para los refugiados y migrantes venezolanos".
Quien fuera segundo a bordo del gobierno derechista de Oscar Berger, Stein es miembro del tanque de pensamiento Diálogo Interamericano con sede en Washington, al que pertenecen políticos como Juan Manuel Santos, Jimmy Carter, Óscar Arias, Leonel Fernández, Antonio Navarro Wolff, Michelle Bachelet, Moisés Naím, entre otros.
Encabezó la Comisión de Verdad y Reconciliación unilateral que investigó el golpe hondureño del 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya y sus secuelas. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los hondureños más afectados por el golpe fueron excluidos de participar en la creación de la Comisión.
En 2014, Stein fue candidateado a la secretaría general de la OEA por el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, hoy preso por corrupción. De aquella contienda salió vencedor el ex canciller uruguayo Luis Almagro, quien el pasado viernes no descartó la opción de la intervención militar en Venezuela en caso de que el bloqueo y el asedio aplicado por Estados Unidos y Europa contra Venezuela no logre deponer al presidente constitucional Nicolás Maduro.
Impulsor de una doctrina: la Responsabilidad de Proteger (R2P)
Eduardo Stein fue uno de los 12 expertos de la Comisión Internacional sobre Soberanía de los Estados e Intervención (ICISS, por sus siglas en inglés) que reportó al entonces secretario general de la ONU, el recién fallecido Kofi Annan, un informe llamado "La Responsabilidad de Proteger" en diciembre de 2001.
Financiada por los gobiernos de Canadá, Suiza y del Reino Unido, también por patrocinantes como la Fundación Rockefeller y otros, la ICISS asumía la dualidad de un problema: intervención y soberanía de los Estados. Así, introdujo el concepto para trascender a la discusión sobre la injerencia militar, que generaba un amplio debate al asociar el adjetivo "humanitario" a actividades bélicas como las llevadas a cabo en Somalia, Bosnia y Kosovo, o el genocidio en Ruanda, donde fue definitoria la inacción de la ONU y las potencias mundiales.
Particularmente, a partir de los acontecimientos en la extinta Yugoslavia, relativo a la caída de Srebrenica, fue cuando Annan planteó una "solución política y militar".
Esta doctrina, también conocida como R2P, consiste en no reconocer la soberanía nacional como un derecho puesto que sobrevalora una supuesta responsabilidad de prevenir y disuadir cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y depuración étnica, bajo el término genérico de Crímenes de Atrocidad Masivos. Se basa en el principio de que la soberanía es un privilegio, y si un Estado viola los principios de la "buena gobernanza" con marca occidental, la comunidad internacional (Estados Unidos y los miembros de la OTAN como su extensión) está "moralmente" obligada a revocar la soberanía de la nación y asumir mando y control del "Estado forajido".
Según el informe, la R2P se basa en el falaz hecho de centrar la preocupación por las crisis violentas en la perspectiva de los que piden o necesitan ayuda, como las comunidades en riesgo, minorías étnicas o de otra clase, las mujeres eventualmente víctimas de violaciones sistemáticas y los niños hambrientos, y no en la de los que puedan estar planteándose una intervención.
Además, esta visión reconoce que la primera responsabilidad es del Estado correspondiente, y solamente cuando éste no puede o no quiere cumplirla, o si éste es el mismo culpable, incumbirá a la comunidad internacional actuar en su lugar. Para ello, se requiere "fortalecer, no debilitar, la soberanía de los Estados, y mejorar la capacidad de la comunidad internacional para reaccionar con decisión cuando los Estados no tienen la voluntad o la capacidad de proteger a su propia gente".
La visión de que la soberanía se convierte en un derecho condiciona al Estado, teniendo como prerrogativa que, por ejemplo, un Estado, si no cumple o no le es permitido cumplir con la obligación de protección, pierde el derecho a invocar la soberanía para impedir la intervención internacional.
Por último, la R2P incluye la prevención y la posterior reconstrucción en el país invadido. La primera nunca se había puesto realmente en práctica, mientras que la segunda ya figuraba en las agendas de intervención desde 1992.
El parágrafo 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas ratifica el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros, uno de los pilares del Derecho Internacional, en apoyo al principio de soberanía nacional. Sin embargo, la doctrina de la R2P se estableció en los párrafos 138 y 139 del "Documento Final" de la Cumbre Mundial 2005, que se celebró en Nueva York entre el 14 y el 16 de septiembre de 2005, y el Consejo de Seguridad lo ratificó en 2006.
Stein, por su lado, sería entonces un promotor de esta doctrina que tiene más de prerrogativa excepcional que de fundamentos del Derecho Internacional, aun cuando fuera reconocido en última instancia por la ONU, en conjunción con lo expuesto ya por el Secretario General de la OEA en días anteriores en torno a la intervención extranjera contra Venezuela.
Expectativas ante la escalada injerencista
Luis Almagro insistió en la R2P luego de anunciar su apoyo a una intervención militar en Venezuela y de que el Grupo de Lima (menos Colombia y Guyana) se distanciaran de su posición.
Otros actores del antichavismo "en el exilio" como el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma han mencionado dicho principio.
La R2P fue aplicada en países como Libia usando la protección de los civiles como subterfugio para justificar la agresión y legitimar la "intervención humanitaria". De esa manera, la OTAN subvirtió los principios y conceptos del Estado-nación, la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y la igualdad entre éstos. Aun cuando Estados Unidos consideró a la Corte Penal Internacional como una amenaza a sus intereses y no ratificó el Estatuto de Roma para eximir a sus autoridades y personal militar de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
La capacidad del Estado venezolano para "proteger a su propia gente", en la jerga intervencionista, es atacada con cada sanción que limita su acción en beneficio de la ciudadanía aun cuando se diga que son solo contra funcionarios del gobierno. Ante las evidencias, ya demostradas en el Consejo de Derechos Humanos hace poco, las expectativas con respecto a un funcionario como Eduardo Stein es que cualquier "respuesta humanitaria" pase por exigir un cese a las sanciones contra Venezuela.
Esto si no toma el mismo camino narrativo de Almagro, que cada vez más toma para sí las vocerías del poder duro, el excepcionalismo y la intervención militar sin mirar siquiera de costado las consecuencias verdadera humanitarias que traerían una invasión extranjera, promovida por Estados Unidos, en suelo venezolano.
USA.
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