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20 estados utilizaron empleados fantasma para desviar más de 2 mil millones del sector salud

 

 

Daniela Barragán

11-14 minutes

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En sueldos excesivos, cheques que no fueron cancelados, pagos a personal sindicalizado, pagos con dinero que no estaba destinado a sueldos, pagos a personas que nunca trabajaron o que no tenían los requisitos para ocupar una plaza, dinero destinado a pagar prestaciones, salarios que se dieron a personas que ya no trabajaban, que nunca firmaron un contrato o que tenía licencia sin goce de sueldo. Así se fueron más de 2 mil millones de pesos en 20 estados del país.

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación realizado por SinEmbargo encontró que en esas entidades hace falta dinero por aclarar y otro que ya catalogado como daño al erario, que se ejerció en gastos personales, específicamente en salarios.

Las partidas de las que salió ese dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- En 2017, 20 estados de la República Mexicana pagaron 2 mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones que estuvieron fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, en el 62.5 por ciento de las entidades del país se encontraron por lo menos 11 maneras en que el dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud, sirvió para pagar salarios.

Por ejemplo, en sueldos pagados a personas de las que no se encontró prueba alguna que demostrara que trabajaron, se fue un total de mil 291 millones 713 mil 873 pesos; en pagos con dinero que no podía ser utilizado para eso, se detectaron 400 millones 911 mil 437 pesos; en pagos de indemnizaciones u otras prestaciones que no estaban contempladas pagar con dinero federal, se fueron 107 millones 243 mil 368 pesos y de la misma manera, 76 millones 954 mil 215 pesos quedaron en manos de personal sindicalizado.

El resto de las maniobras para pagar sueldos son sueldos que superan el monto establecido por ley; cheques que no fueron ni cancelados ni reintegrados; sueldos a personas que no cumplían con el perfil académico solicitado para la plaza; pagos a personal que ya estaba dado de baja; sueldos a personal del que nunca se encontró un contrato o alguna documentación comprobatoria de haber trabajado; pagos a personal con licencia sin goce de sueldo o con baja temporal y en pagos duplicados.
La cantidad total son 2 mil 093 millones 188 mil 291 pesos más los rendimientos financieros “que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación”, según lo indica la auditoría.
No se puede saber la cantidad exacta de cuánta gente fue la beneficiada de esas políticas, pero se tiene un registro de al menos 7 mil 685 “trabajadores” que cobraron con dinero que estaba destinado a salud.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 15.5 millones de personas tienen carencia por acceso a los servicios de salud y en este caso, los “trabajadores” de los gobiernos estatales fueron en su mayoría personas que debían estar en hospitales o en unidades móviles de salud.

Los 10 estados que lideran esa lista son Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Estado de México.

Les siguen la Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua y Nayarit.
Los 12 estados a los que no se les encontró este tipo de uso al dinero federal son Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
QUITAN A SALUD
Michoacán: 568 millones 065 mil 784 pesos
La entidad gobernada entonces por Silvano Aureoles Conejo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es la entidad que más dinero gastó en sueldos opacos, cuando el 22.8 por ciento de su población total tiene carencia a los servicios de salud.
La ASF en 2017 no encontró pruebas del ejercicio de 332 millones 089 mil 329 pesos que, según los centros de trabajo de salud del Gobierno del Estado, se utilizó para pagar a mil 434 trabajadores, de los cuales mil 232 no trabajaron y de 202 no había datos en la Verificación Electrónica Personal Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Hubo otra observación por 88 millones 408 mil 661 pesos que los Servicios de Salud de Michoacán destinaron para el pago de remuneraciones de personal de honorarios, concepto que no era financiable con recursos del programa.

También se le pidió aclarar 1 millón 104 mil 918 pesos por pagos realizados a cuatro trabajadores que durante la inspección física del Hospital General “Dr. Miguel Silva” no fueron localizados en su área de trabajo, y el hospital no presentó justificación alguna de su ausencia.

Tamaulipas: 555 millones 116 mil 517 pesos
Bajo la administración del panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, la carencia por acceso a los servicios de salud se ha mantenido constante y se ubicó en 2016, en 12.8 por ciento.

Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de personal con categoría de médico especialista y médico general “A”, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la ASF verificó que tres trabajadores no contaron con la documentación que acredita el perfil académico correspondiente, por lo que se efectuaron pagos improcedentes por concepto de sueldos por 1 millón 543 mil 343 pesos.

Otro más fue por 1 millón 162 mil 616 pesos por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2017 para el pago de personal comisionado al sindicato.
Esta fue la única entidad en la que se registraron pagos duplicados por 25 mil 312 pesos de siete pagos duplicados a tres trabajadores en las quincenas 13, 14 y 15 de 2017, y en las quincenas 3 y 4 de 2018.
Tabasco: 401 millones 845 mil 602 pesos
En la entidad gobernada por Arturo Núñez Jiménez, la ASF encontró que para el pago de la nivelación salarial del personal estatal correspondiente a la nómina de 2016, se pagó con recursos de y no se acreditó su devolución. El daño al erario por esa acción fue de 264 millones 888 mil 318 pesos.
La otra observación realizada fue por destinar recursos del Fondo 2017 para el pago de 68 millones 478 mil 642 pesos de cuotas patronales de las nóminas estatales del ejercicio fiscal 2016 al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), concepto que corresponde a gasto corriente y que no era financiable con el Fondo.
Campeche: 116 millones 816 mil 596 pesos
Se determinó un daño al erario público por 112 millones 820 mil 840 pesos luego de que Campeche no logró justificar que 393 personas, que fueron pagadas con los recursos del Fondo, trabajaron en algún área médica de los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2017, esto con base en la revisión a la plataforma denominada “Validación Electrónica del Personal”, en la cual están las cédulas analíticas de visita a establecimientos de salud.
Otra de las observaciones fue por el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de los cuales no se presentó la autorización por la Secretaría de Salud. Ahí se fueron 3 millones 995 mil 746 pesos.

En la entidad gobernada por Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 10 por ciento de la población vive con carencia en acceso a los servicios de salud.

San Luis Potosí: 114 millones 802 mil 953 pesos
En esta entidad se fueron 7 millones 091 mil 884 pesos por pagar indebidamente a 18 personas con los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017; 97 millones 003 mil 071 pesos que se dieron a personal del que no laboró en las unidades médicas adscritas al Seguro Popular y 4 millones 812 mil 456 pesos que pe pagaron a personal que no estaba adscrito a las unidades médicas financiadas con los recursos del Seguro Popular.
Otros 541 mil 543 pesos fueron clasificados como daño al erario porque se pagó a personal que no cumplía con el perfil con el que fueron contratados, también para trabajar en el Seguro Popular.
Guerrero: 112 millones 165 mil 809 pesos
Una de las entidades más pobres del país, gobernada por Héctor Astudillo del PRD, dejó que de los recursos federales se utilizaran 33 millones 164 mil 855 pesos para el pago de remuneraciones al personal sin la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; otros 36 millones 362 mil 067 pesos por destinar recursos del Seguro Popular 2017 para el pago de la nómina del Seguro Popular del ejercicio 2018 y 4 millones 737 mil 016 pesos por pagar a 21 servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado para la plaza.
En Guerrero, el 13.3 por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud, según los datos de Coneval.
Sinaloa: 88 millones 761 mil 724 pesos
Esta es una de las entidades que registró mayor variedad de formas en las que pagó salarios con dinero federal 3 millones 335 mil 769 pesos por realizar pagos a 16 empleados de los cuales se indicó que no laboraron en los centros de trabajo; 10 millones 031 mil 601 pesos por realizar pagos improcedentes a 37 personas que no se encontraban laborando en los hospitales visitados y de los cuales no se proporcionaron las justificaciones de las ausencias y 4 millones 333 mil 511 pesos por 668 cheques cancelados de los cuales no presentó la evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Salud ni su aplicación en los objetivos del fondo.

Se perdieron 385 mil 271 pesos por realizar pagos a personal que no se encontró realizando actividades para las cuales fue contratado en el Hospital General de Guamúchil, Sinaloa.

Y otros 9 millones 922 mil 077 pesos por realizar pagos a 74 trabajadores de los cuales se indicó que dicho personal no laboró en los centros de trabajo por lo que se erogaron recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal.
Chiapas: 78 millones 591 mil 473 pesos
En el Estado más pobre del país, gobernado por Manuel Velasco Coello, también Senador federal, se pagaron 63 millones 661 mil 740 pesos por el pago al personal sindicalizado con recursos del Fondo de Salud de 2017 y 2 millones 367 mil 822 pesos a 10 servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado.
Mientras, en esa entidad, el 15 por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud.
Oaxaca: 77 millones 154 mil 297 pesos
En otra de las entidades más pobres del país, gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, del PRI, se pagaron 9 millones 406 mil 759 pesos a personal que ya estaba dada de baja y no se le entregó a la ASF evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Salud por la cancelación de cheques.
Otros 29 millones 252 mil 628 pesos se dieron en pagos improcedentes a 129 personas que no se encontraban laborando en las unidades médicas y de los cuales no se proporcionaron las justificaciones de las ausencias.

Seis millones 814 mil 905 pesos se dieron a 16 trabajadores que no se encontraron laborando ni se presentó la documentación que justifique su ausencia; 12 trabajadores eran comisionados al sindicato.

Una de las cantidades más grandes de dinero en esta entidad, fue por 22 millones 052 mil 419 pesos por pagos realizados a 90 trabajadores de los que no se pudo verificar si prestaron sus servicios a los beneficiarios del Seguro Popular.
Estado de México: 71 millones 106 mil 944 pesos
En la entidad gobernada por el PRI y aún bajo el mandato de Eruviel Ávila Villegas, se generó un daño al erario por 17 millones 349 mil 268 pesos por pagar con cargo a los recursos del Fondo de Salud a 55 empleados del personal eventual, federal y estatal, de los que no se acreditó que contaran con el perfil de la plaza con la que fueron contratados.
Otros 6 millones 184 mil 976 pesos se gastaron en pagos a 447 empleados que ya estaban dados de baja; 1 millón 456 mil 847 pesos por realizar pagos indebidos a 9 trabajadores que durante las visitas físicas a trabajadores, con plazas financiadas con recursos del Fondo, no se encontraron, ni fueron identificados por el responsable del centro de trabajo y 9 millones 960 mil 187 pesos por realizar pagos en exceso con recursos del Seguro Popular 2017 al personal eventual y al personal de nómina regularizada.