CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un Tribunal de Mayor Riesgo en Guatemala
concluyó que la masacre perpetrada contra la comunidad maya ixil, hace
más de 30 años, constituyó un genocidio.
Las atrocidades a las que fue sometida esa comunidad se consideran crímenes de lesa humanidad, recalcó.
En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalló que en el marco de una guerra civil que duró 36 años y que dejó más de 200 mil muertos, Guatemala sufrió un golpe de Estado encabezado por el general Efraín Ríos Montt, que recrudeció bestialmente la violencia.
Entre 1982 y 1983, mil 771 indígenas de la etnia maya ixil fueron asesinados a manos de las fuerzas armadas con una intención de exterminio, según el fallo del pasado 27 de septiembre de un Tribunal de Mayor Riesgo.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió con beneplácito la sentencia y afirmó que sienta un precedente histórico para la justicia transicional en Guatemala, la región y el mundo.
“Celebramos este avance importante en la búsqueda de la verdad, la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno”, subrayaron los relatores en un comunicado conjunto.
La sentencia estableció que el ejército guatemalteco utilizó las técnicas más brutales de violencia contra la población civil, incluyendo asesinatos, torturas y tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado, causando la destrucción física parcial de la población Ixil.
De acuerdo con el comunicado, el tribunal confirmó lo que había sido resuelto el 10 de mayo de 2013 por un tribunal de primera instancia que había condenado al exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt por los mismos delitos, y absolvió a su exjefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez. Dicha decisión fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional por supuestos errores de procedimiento.
El juicio se reanudó en 2017, pero la muerte de Ríos Montt en abril de 2018 extinguió el proceso penal en su contra. El juicio contra el exjefe del Servicio de Inteligencia Militar continuó y concluyó con su absolución por mayoría de votos en la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2018 y leída y entregada el 18 de octubre.
Para los expertos de la ONU, la obligación del Estado sigue siendo identificar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes atroces como paso importante para alcanzar justicia para las víctimas y sus familiares.
“La impunidad de los responsables es inaceptable”, apuntaron, destacando la necesidad de que los procesos judiciales respeten los estándares internacionales y determinen las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
Del mismo modo, instaron al gobierno guatemalteco a garantizar una reparación integral a las víctimas del pueblo Ixil y a las otras víctimas del conflicto armado interno, además de continuar la búsqueda de desaparecidos.
Los expertos también llamaron a tomar medidas urgentes para garantizar la independencia judicial y la protección de jueces, fiscales, testigos, víctimas y querellantes que participan en estos procesos judiciales.
Las atrocidades a las que fue sometida esa comunidad se consideran crímenes de lesa humanidad, recalcó.
En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalló que en el marco de una guerra civil que duró 36 años y que dejó más de 200 mil muertos, Guatemala sufrió un golpe de Estado encabezado por el general Efraín Ríos Montt, que recrudeció bestialmente la violencia.
Entre 1982 y 1983, mil 771 indígenas de la etnia maya ixil fueron asesinados a manos de las fuerzas armadas con una intención de exterminio, según el fallo del pasado 27 de septiembre de un Tribunal de Mayor Riesgo.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió con beneplácito la sentencia y afirmó que sienta un precedente histórico para la justicia transicional en Guatemala, la región y el mundo.
“Celebramos este avance importante en la búsqueda de la verdad, la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno”, subrayaron los relatores en un comunicado conjunto.
La sentencia estableció que el ejército guatemalteco utilizó las técnicas más brutales de violencia contra la población civil, incluyendo asesinatos, torturas y tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado, causando la destrucción física parcial de la población Ixil.
De acuerdo con el comunicado, el tribunal confirmó lo que había sido resuelto el 10 de mayo de 2013 por un tribunal de primera instancia que había condenado al exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt por los mismos delitos, y absolvió a su exjefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez. Dicha decisión fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional por supuestos errores de procedimiento.
El juicio se reanudó en 2017, pero la muerte de Ríos Montt en abril de 2018 extinguió el proceso penal en su contra. El juicio contra el exjefe del Servicio de Inteligencia Militar continuó y concluyó con su absolución por mayoría de votos en la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2018 y leída y entregada el 18 de octubre.
Para los expertos de la ONU, la obligación del Estado sigue siendo identificar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes atroces como paso importante para alcanzar justicia para las víctimas y sus familiares.
“La impunidad de los responsables es inaceptable”, apuntaron, destacando la necesidad de que los procesos judiciales respeten los estándares internacionales y determinen las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
Del mismo modo, instaron al gobierno guatemalteco a garantizar una reparación integral a las víctimas del pueblo Ixil y a las otras víctimas del conflicto armado interno, además de continuar la búsqueda de desaparecidos.
Los expertos también llamaron a tomar medidas urgentes para garantizar la independencia judicial y la protección de jueces, fiscales, testigos, víctimas y querellantes que participan en estos procesos judiciales.
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