Esta semana comenzarán a turnarse a comisiones diversas iniciativas
que han sido presentadas en la Cámara de Diputados, entre otras, dos
reformas que ha presentado el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya.
La que pretende reformar el objetivo asignado al Banco de México en su ley orgánica, para que además de la estabilidad de precios, su objetivo explícito sea impulsar el crecimiento económico.
Esa iniciativa ha generado polémica porque se considera una propuesta del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para “obligar a que el Banco de México reabra su crédito interno al Ejecutivo”, elemento clave en la expansión monetaria que antecedió a las crisis de los setenta, ochenta y noventa.
De ahí que la iniciativa ha enfrentado una fuerte crítica y, quizá, el diputado la revise para afinar su propuesta que, dicho sea de paso, no fue impulsada por el equipo de Alfonso Romo. Normalmente ellos son frontales. Hay una segunda iniciativa que ha sido presentada por el diputado petista en representación del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop), que preside José Guadalupe Armenta, de la Caja San Nicolás de Guanajuato, para reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), que rige a todo el sector cooperativo.
Esta iniciativa trae el consenso de un buen número de organizaciones y busca un tratamiento especial para las cooperativas, que no las iguale a sociedades mercantiles o agrarias, sino que las reconozca como intermediarios de la banca social para poder seguir operando en las regiones, obteniendo “ventajas fiscales, créditos, subvenciones y facilidades de acceso a obras públicas y subsidio público”. En la iniciativa se dice que en México operan miles de cooperativas (en registro a poco más de 800 y que, al menos, en 17 de los 32 estados contribuyen a la economía regional y existen 200 instituciones autogestionadas con un peso importante en la economía regional.
De hecho, para el próximo 3 de octubre se inicia la presentación del Sector de Ahorro y Crédito Popular en la Cámara de Diputados como parte de un Foro al que está convocando el diputado Robles, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) que dirige Isabel Cruz, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) que dirige Miriam Chávez, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Concamex) que lleva Cirilo Rivera Rivera, la Federación Nacional de Cajas Solidarias (FNCS) que dirige Gicela Castillo, entre otras.
El tema a tratar es el de remesas e inclusión financiera en este foro, pero abre paso para iniciar la discusión formal del sector financiero popular, que debo señalar, también tiene divergencias, pues algunas de las organizaciones impulsan la posibilidad de que no sean ni supervisadas ni reguladas por la Secretaría de Hacienda y/o las entidades de supervisión, sino por la Secretaría de Bienestar Social, como se denominará a la Secretaría de Desarrollo Social que llevará María Luisa Albores, quien emana de la cooperativa campesina Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla.
Es probable que esta iniciativa no será la única que se presente en estos días sobre el tema, pues la percepción de los integrantes del sector es que la supervisión indirecta o directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que lleva Bernardo González, en que se ha ido colocando al sector popular desde 1994 y con las múltiples reformas a su marco legal en dos décadas y media, no ha permitido que éste se desarrolle ni tampoco reciba los “apoyos” que sí tienen organismos y empresas privadas. Creo que el virtual secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y su subsecretario, Arturo Herrera, tendrán mucho que opinar, pues aun cuando las propuestas transversales imperen, la transformación de Bansefi en Banco del Bienestar que, supuestamente, será dirigido por Rabindranath Salazar, requiere de una buena inversión de recurso presupuestal para que su plataforma tecnológica sea eficiente en materia de inclusión financiera y para revisar adecuadamente la petición para que se incorpore el sector en el Ramo General el Fondo “Aportaciones para el Fomento Cooperativo”, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, meollo económico de la propuesta.
DE FONDOS A FONDO
#PropiedadIntelectual… El fin de semana regresó a México el director general del IMPI, Miguel Ángel Margáin, quien participó en Ginebra en la 58° Edición de Serie de Reuniones de las Asambleas Generales de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Este marco sirvió para concretar acuerdos con las oficinas de propiedad intelectual de Japón, Canadá, España y Singapur que ofrecieron apoyar a México en su próxima adhesión al Arreglo de La Haya, mientras que con el Ministerio Adjunto del Departamento Económico y de Comercio de Ucrania, firmó el Memorandum de Entendimiento en materia de Propiedad Intelectual que busca mantener la cooperación entre ambas oficinas.
México cuenta hoy con un sólido sistema de protección a la propiedad industrial y con gran reconocimiento internacional en la materia, lo cual no es fortuito si consideramos que el IMPI cuenta con 46 oficinas en todo el país, contra las cinco que había al inicio de la presente administración; con un gran avance en la digitalización de sus servicios, y con un aumento de registro de marcas en, aproximadamente, 75% con relación al sexenio anterior.
En diciembre venidero, el IMPI cumple 25 años de existencia, y en este corto tiempo se ha convertido en la duodécima oficina más importante de propiedad industrial en el mundo, y de acuerdo con la OMPI, México es el quinto país con el mayor número de registro de marcas a escala global. A esto hay que sumar que a nivel América Latina, 50 por ciento del total de patentes se otorga en México.
La que pretende reformar el objetivo asignado al Banco de México en su ley orgánica, para que además de la estabilidad de precios, su objetivo explícito sea impulsar el crecimiento económico.
Esa iniciativa ha generado polémica porque se considera una propuesta del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para “obligar a que el Banco de México reabra su crédito interno al Ejecutivo”, elemento clave en la expansión monetaria que antecedió a las crisis de los setenta, ochenta y noventa.
De ahí que la iniciativa ha enfrentado una fuerte crítica y, quizá, el diputado la revise para afinar su propuesta que, dicho sea de paso, no fue impulsada por el equipo de Alfonso Romo. Normalmente ellos son frontales. Hay una segunda iniciativa que ha sido presentada por el diputado petista en representación del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop), que preside José Guadalupe Armenta, de la Caja San Nicolás de Guanajuato, para reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC), que rige a todo el sector cooperativo.
Esta iniciativa trae el consenso de un buen número de organizaciones y busca un tratamiento especial para las cooperativas, que no las iguale a sociedades mercantiles o agrarias, sino que las reconozca como intermediarios de la banca social para poder seguir operando en las regiones, obteniendo “ventajas fiscales, créditos, subvenciones y facilidades de acceso a obras públicas y subsidio público”. En la iniciativa se dice que en México operan miles de cooperativas (en registro a poco más de 800 y que, al menos, en 17 de los 32 estados contribuyen a la economía regional y existen 200 instituciones autogestionadas con un peso importante en la economía regional.
De hecho, para el próximo 3 de octubre se inicia la presentación del Sector de Ahorro y Crédito Popular en la Cámara de Diputados como parte de un Foro al que está convocando el diputado Robles, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) que dirige Isabel Cruz, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) que dirige Miriam Chávez, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Concamex) que lleva Cirilo Rivera Rivera, la Federación Nacional de Cajas Solidarias (FNCS) que dirige Gicela Castillo, entre otras.
El tema a tratar es el de remesas e inclusión financiera en este foro, pero abre paso para iniciar la discusión formal del sector financiero popular, que debo señalar, también tiene divergencias, pues algunas de las organizaciones impulsan la posibilidad de que no sean ni supervisadas ni reguladas por la Secretaría de Hacienda y/o las entidades de supervisión, sino por la Secretaría de Bienestar Social, como se denominará a la Secretaría de Desarrollo Social que llevará María Luisa Albores, quien emana de la cooperativa campesina Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla.
Es probable que esta iniciativa no será la única que se presente en estos días sobre el tema, pues la percepción de los integrantes del sector es que la supervisión indirecta o directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que lleva Bernardo González, en que se ha ido colocando al sector popular desde 1994 y con las múltiples reformas a su marco legal en dos décadas y media, no ha permitido que éste se desarrolle ni tampoco reciba los “apoyos” que sí tienen organismos y empresas privadas. Creo que el virtual secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y su subsecretario, Arturo Herrera, tendrán mucho que opinar, pues aun cuando las propuestas transversales imperen, la transformación de Bansefi en Banco del Bienestar que, supuestamente, será dirigido por Rabindranath Salazar, requiere de una buena inversión de recurso presupuestal para que su plataforma tecnológica sea eficiente en materia de inclusión financiera y para revisar adecuadamente la petición para que se incorpore el sector en el Ramo General el Fondo “Aportaciones para el Fomento Cooperativo”, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, meollo económico de la propuesta.
DE FONDOS A FONDO
#PropiedadIntelectual… El fin de semana regresó a México el director general del IMPI, Miguel Ángel Margáin, quien participó en Ginebra en la 58° Edición de Serie de Reuniones de las Asambleas Generales de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Este marco sirvió para concretar acuerdos con las oficinas de propiedad intelectual de Japón, Canadá, España y Singapur que ofrecieron apoyar a México en su próxima adhesión al Arreglo de La Haya, mientras que con el Ministerio Adjunto del Departamento Económico y de Comercio de Ucrania, firmó el Memorandum de Entendimiento en materia de Propiedad Intelectual que busca mantener la cooperación entre ambas oficinas.
México cuenta hoy con un sólido sistema de protección a la propiedad industrial y con gran reconocimiento internacional en la materia, lo cual no es fortuito si consideramos que el IMPI cuenta con 46 oficinas en todo el país, contra las cinco que había al inicio de la presente administración; con un gran avance en la digitalización de sus servicios, y con un aumento de registro de marcas en, aproximadamente, 75% con relación al sexenio anterior.
En diciembre venidero, el IMPI cumple 25 años de existencia, y en este corto tiempo se ha convertido en la duodécima oficina más importante de propiedad industrial en el mundo, y de acuerdo con la OMPI, México es el quinto país con el mayor número de registro de marcas a escala global. A esto hay que sumar que a nivel América Latina, 50 por ciento del total de patentes se otorga en México.
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