En este caso la denuncia involucra dos convenios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó en 2015 con la Universidad Autónoma de Zacatecas; esto durante las últimas semanas de la gestión de Rosario Robles. El objetivo de dichos convenios era fortalecer los padrones de beneficiarios de programas sociales.
Por estos servicios Sedesol pagó 222 millones de pesos. Al final, las empresas subcontratadas irregularmente supuestamente realizaron todo el trabajo por 116 millones, sin que haya claridad de dónde quedó el resto del dinero.
Las irregularidades encontradas en este caso son resultado de la auditoría financiera 277-DS relacionada con la Cuenta Pública 2015. Esta es la cuarta denuncia penal que se desprende de dicha auditoría.
En enero pasado, Animal Político reveló las primeras tres denuncias derivadas de la auditoría 277-DDS por convenios que la Sedesol firmó con dos universidades públicas del Estado de México y una más con la Universidad Politécnica de Chiapas, y en los que también hubo múltiples irregularidades. Dichos convenios fueron firmados y pagados tanto en la gestión de Rosario Robles como en la de José Antonio Meade al frente de Sedesol.
Con este nuevo caso ya suman 18 las averiguaciones previas y carpetas de investigación que la Procuraduría General de la República inicia por presuntos fraudes y desvíos con la modalidad de La Estafa Maestra.
Dinero desaparecido, el nuevo fraude
La nueva denuncia penal se presentó el pasado 12 de septiembre ante la Subprocuraduría Especializada de investigación de Delitos Federales de PGR.De acuerdo con la misma, la Sedesol firmó dos convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas, ambos para que se realizaran trabajos orientados a integrar y fortalecer padrones de beneficiarios de programas sociales.
El primer convenio fue por un monto de 52 millones 200 mil pesos, y el segundo por 170 millones 520 mil pesos.
Para asignar estos recursos no hubo licitación ni competencia alguna. Como es habitual en el esquema de La Estafa Maestra, la dependencia involucrada asignó directamente el recurso a una universidad aprovechando una cláusula establecida en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que exenta de dicho procedimiento a los contratos que se firmen con instituciones públicas.
La condición que se establece es que sea la institución pública, en este caso la Universidad Autónoma de Zacatecas, la que realice los servicios. De hecho, como parte del procedimiento, la institución tiene que asegurar que cuenta con el personal para llevar a cabo los servicios que se le asignan.
Pero lo que los auditores encontraron en este caso (como en todos los demás) es que la Universidad terminó “subcontratando la totalidad de los trabajos que entregó a Sedesol”. Lo hizo firmando contratos directamente con dos proveedores privados, sin que hubiera algún proceso público o de competencia que garantizara que esos eran los proveedores más adecuados.
“La Universidad de Zacatecas al haber subcontratado la totalidad de los trabajos, se demostró que la SEDESOL no aseguró las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, indicaron los auditores.
El informe de resultados de la auditoría señala que sí existe constancia de que los servicios se llevaron a cabo por las empresas subcontratadas por la Universidad, pues hay copias de que los estudios se entregaron. Esto sin que se verificara la calidad de los mismos.
Sin embargo, lo detectado por los auditores y que representa un posible fraude al erario público, es que la Universidad transfirió mucho menos dinero a las empresas que realizaron el 100 por ciento de los servicios, sin que haya constancia de dónde está el resto del dinero o en qué se habría usado.
Por ejemplo, en el caso del convenio por el cual Sedesol transfirió a la Universidad Autónoma de Zacatecas 52 millones 200 mil pesos, dicha institución pagó al proveedor subcontratado 25 millones 578 mil pesos. Y en el caso del segundo convenio por el cual la Universidad recibió 170 millones, lo que se pagó al proveedor fueron 90 millones 911 mil pesos.
Lo anterior significa que la Sedesol entregó a la Universidad 222 millones 720 mil pesos por los dos convenios, pero dicho plantel solamente gastó (subcontratando indebidamente a terceros) 116 millones 489 mil pesos que realizaron el 100 por ciento del trabajo. En estas triangulaciones quedaron en el aire entonces más de 106 millones de pesos.
Es por ello que la ASF presentó la denuncia penal ante la PGR, con la finalidad de que se investigue a fondo el destino del dinero y se proceda en contra de los servidores públicos o exservidores públicos que resulten responsables.
Muchas denuncias, varias congeladas
El pasado 29 de junio el titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, dio a conocer que su institución había presentado hasta ese momento 17 denuncias penales ante la PGR, por las irregularidades cometidas en la contratación irregular de servicios abusando de las excepciones del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, casos periodísticamente conocidos como La EstafaMaestra.
Dichas denuncias, dijo el auditor, involucraban un monto de 3 mil 37 millones de pesos hasta ese momento.
Con este nuevo caso entre la Sedesol y la Universidad de Zacatecas, el balance asciende a 18 denuncias penales presentadas por la ASF, por un monto que ya sobrepasa los 3 mil 100 millones de pesos.
Hasta ahora el estatus oficial de todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por PGR a partir de estas denuncias es en integración.
Ningún caso ha sido enviado, hasta ahora, ante un juez federal y tampoco se ha procedido penalmente en contra de algún funcionario responsable.
En una reunión con periodistas el pasado 3 de octubre el subprocurador de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz, reveló que varias de las averiguaciones previas abiertas por estas denuncias ya tienen un grado de avance importante y prácticamente estaban listas para ser consignadas ante
un juez.
Sin embargo, Muñoz dijo que se tomó la determinación de dejarlas en espera ya que las investigaciones se hicieron a partir de datos bancarios obtenidos sin autorización de un juez, facultad con la que contaba la PGR antes de un criterio de la Suprema Corte emitido a finales del año pasado, y en el que se establece que romper el secreto bancario es ilegal si no hay un aval de un jugador.
En ese contexto Muñoz dijo que esos casos tendrán que esperar hasta que quede claro si la Corte aplicará retroactivamente ese criterio. De ser el caso, habría que reiniciar las investigaciones desde cero.
Animal Político publicó el pasado 19 de septiembre que por el caso de La Estafa Maestra hay 11 exfuncionarios sancionados, pero se trata de procesos administrativos llevados por la Secretaría de la Función Pública, y no de los casos penales a cargo de PGR.
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