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AMLO, Maquiavelo y el Nuevo Aeropuerto
POR Jenaro Villamil
Hace una semana, el ensayo de polarización iniciado en la noche
del domingo 28 y prolongado hasta el 30 de octubre pronosticaba lo peor
para el país: una devaluación acentuada, fuga de capitales y de
inversiones, el fracaso anticipado de “la cuarta transformación”
lopezobradorista, los peores augurios de las “calificadoras”
internacionales, la llegada del Apocalipsis.
Los mercados “castigaban” la economía tras el anuncio de López Obrador de la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco. Los empresarios “furiosos” amenazaron con presentar demandas y amparos. El Consejo Coordinador Empresarial sentenció: “la votación (de la consulta) no ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad”. Y Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex y aspirante a alguna candidatura en Baja California por el PAN, condenó a la irracionalidad a todo el sexenio lopezobradorista que aún no inicia de manera formal.
Siete días después, los “mercados” se estabilizaron. Ninguna compañía presentó una demanda de amparo. La marcha en protesta por la cancelación de Texcoco, convocada para el 11 de noviembre, se ha ido diluyendo entre bromas sarcásticas en las redes. Los agoreros del desastre se quedaron congelados en sus micrófonos de la radio y la televisión. Algunos analistas enfurecieron porque el lunes 5 de noviembre, López Obrador pactó con 16 contratistas privados del Nuevo Aeropuerto y todos salieron contentos, al menos en apariencia.
La consulta por el Nuevo Aeropuerto representó políticamente una “toma de poder” anticipada de López Obrador. Socialmente, fue el estreno de un método en la toma de decisiones para los grandes contratos de obra pública que ha dejado un muy mal sabor de boca entre ese núcleo de contratistas privilegiados, acostumbrados al poder del picaporte, pero no al poder de la deliberación social. ¿Cómo unos “desaparrados” pueden opinar sobre un aeropuerto? ¿Cómo es posible una consulta sin el INE, sin padrón, sin cobertura nacional, sin el permiso de las grandes empresas encuestadoras?, cuestionaron los mismos agoreros del desastre.
El 5 de noviembre representantes de 16 grandes consorcios contratistas que trabajaban en Texcoco se reunieron en privado con el presidente electo y sus colaboradores Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú. Los mismos contratistas tuvieron que admitir que fueron “chamaqueados” no por López Obrador sino por el propio gobierno de Peña Nieto. Existe una cláusula transexenal en el proyecto del NAIM. Esa cláusula indica que el proyecto se puede modificar unilateralmente por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por causas “de interés general” o por “daño al Estado”.
Los 16 contratistas reunidos con el equipo de López Obrador fueron CICSA, de Carlos Slim; Grupo GIA, de Hipólito Gerard; Coconal, representado por Héctor Ovalle; La Peninsular y Grupo Hermes, de Carlos Hank Rohn; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir y Antonio Boullosa; ICA, representada por Juan Carlos Santos y Guadalupe Phillips; Sacyr, de Enrique Alonso; EPCOR, de Diego Gutiérrez Cortina; Aldesem, de Javier Pérez; Jaguar Ingenieros, de Moisés Zecua; Acciona Infraestructura, de Sergio Ramírez, e IDISA, de Víctor Ortiz.
El comunicado enviado por Grupo GIA, de Hipólito Gerard, dejó muy claro que esta constructora fundada en 1996 reiteraba su compromiso de invertir en el país y consideró que el encuentro fue “propositivo, abierto y transparente”.
“Nos explicaron que conforme a la ley se finiquitará el proyecto del NAIM, por lo que ambas partes mostraron voluntad de avanzar en la terminación de este proyecto”, subrayó el comunicado de GIA. Hipólito Gerard, como se sabe, fue cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
El mismo Salinas de Gortari dio este martes 6 de noviembre una cátedra sobre Nicolás Maquiavelo, el autor clásico de El Príncipe, para advertir que, a semejanza de la Florencia de hace 500 años, la República mexicana “está ante un gran riesgo, el de renacer o el de desaparecer”.
“El riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de proceder, porque las Repúblicas también perecen”, sentenció Salinas de Gortari, citando a Maquiavelo.
Se olvidó Salinas de citar uno de los pasajes más famosos de El Príncipe donde Maquiavelo recomienda que para salvar la salud pública de las débiles repúblicas medievales, atacadas por los poderes feudales, era necesario aplicar “la razón de Estado”. Este concepto es el núcleo fundamental de la teoría maquiaveliana: el poder político tiene una naturaleza y una justificación distintas al poder religioso, al poder económico y a otros poderes que amenacen la unidad del Estado.
Toda proporción guardada, lo ocurrido con el episodio del Nuevo Aeropuerto, entre el presidente electo y los poderosos grupos empresariales, significó una batalla no por las seis pistas aún inexistentes en Texcoco sino por el aterrizaje de las decisiones políticas en vísperas del inicio de un nuevo ciclo sexenal.
Fue la razón de Estado para refundar el poder político y su legitimidad, antes de portar la banda presidencial, lo que explica esta batalla por el Nuevo Aeropuerto. Algo que Salinas, quien refundó el mismo Estado mexicano desde su propuesta neoliberal, convenientemente olvidó en su advertencia.
Los mercados “castigaban” la economía tras el anuncio de López Obrador de la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco. Los empresarios “furiosos” amenazaron con presentar demandas y amparos. El Consejo Coordinador Empresarial sentenció: “la votación (de la consulta) no ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad”. Y Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex y aspirante a alguna candidatura en Baja California por el PAN, condenó a la irracionalidad a todo el sexenio lopezobradorista que aún no inicia de manera formal.
Siete días después, los “mercados” se estabilizaron. Ninguna compañía presentó una demanda de amparo. La marcha en protesta por la cancelación de Texcoco, convocada para el 11 de noviembre, se ha ido diluyendo entre bromas sarcásticas en las redes. Los agoreros del desastre se quedaron congelados en sus micrófonos de la radio y la televisión. Algunos analistas enfurecieron porque el lunes 5 de noviembre, López Obrador pactó con 16 contratistas privados del Nuevo Aeropuerto y todos salieron contentos, al menos en apariencia.
La consulta por el Nuevo Aeropuerto representó políticamente una “toma de poder” anticipada de López Obrador. Socialmente, fue el estreno de un método en la toma de decisiones para los grandes contratos de obra pública que ha dejado un muy mal sabor de boca entre ese núcleo de contratistas privilegiados, acostumbrados al poder del picaporte, pero no al poder de la deliberación social. ¿Cómo unos “desaparrados” pueden opinar sobre un aeropuerto? ¿Cómo es posible una consulta sin el INE, sin padrón, sin cobertura nacional, sin el permiso de las grandes empresas encuestadoras?, cuestionaron los mismos agoreros del desastre.
El 5 de noviembre representantes de 16 grandes consorcios contratistas que trabajaban en Texcoco se reunieron en privado con el presidente electo y sus colaboradores Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú. Los mismos contratistas tuvieron que admitir que fueron “chamaqueados” no por López Obrador sino por el propio gobierno de Peña Nieto. Existe una cláusula transexenal en el proyecto del NAIM. Esa cláusula indica que el proyecto se puede modificar unilateralmente por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por causas “de interés general” o por “daño al Estado”.
Los 16 contratistas reunidos con el equipo de López Obrador fueron CICSA, de Carlos Slim; Grupo GIA, de Hipólito Gerard; Coconal, representado por Héctor Ovalle; La Peninsular y Grupo Hermes, de Carlos Hank Rohn; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir y Antonio Boullosa; ICA, representada por Juan Carlos Santos y Guadalupe Phillips; Sacyr, de Enrique Alonso; EPCOR, de Diego Gutiérrez Cortina; Aldesem, de Javier Pérez; Jaguar Ingenieros, de Moisés Zecua; Acciona Infraestructura, de Sergio Ramírez, e IDISA, de Víctor Ortiz.
El comunicado enviado por Grupo GIA, de Hipólito Gerard, dejó muy claro que esta constructora fundada en 1996 reiteraba su compromiso de invertir en el país y consideró que el encuentro fue “propositivo, abierto y transparente”.
“Nos explicaron que conforme a la ley se finiquitará el proyecto del NAIM, por lo que ambas partes mostraron voluntad de avanzar en la terminación de este proyecto”, subrayó el comunicado de GIA. Hipólito Gerard, como se sabe, fue cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
El mismo Salinas de Gortari dio este martes 6 de noviembre una cátedra sobre Nicolás Maquiavelo, el autor clásico de El Príncipe, para advertir que, a semejanza de la Florencia de hace 500 años, la República mexicana “está ante un gran riesgo, el de renacer o el de desaparecer”.
“El riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de proceder, porque las Repúblicas también perecen”, sentenció Salinas de Gortari, citando a Maquiavelo.
Se olvidó Salinas de citar uno de los pasajes más famosos de El Príncipe donde Maquiavelo recomienda que para salvar la salud pública de las débiles repúblicas medievales, atacadas por los poderes feudales, era necesario aplicar “la razón de Estado”. Este concepto es el núcleo fundamental de la teoría maquiaveliana: el poder político tiene una naturaleza y una justificación distintas al poder religioso, al poder económico y a otros poderes que amenacen la unidad del Estado.
Toda proporción guardada, lo ocurrido con el episodio del Nuevo Aeropuerto, entre el presidente electo y los poderosos grupos empresariales, significó una batalla no por las seis pistas aún inexistentes en Texcoco sino por el aterrizaje de las decisiones políticas en vísperas del inicio de un nuevo ciclo sexenal.
Fue la razón de Estado para refundar el poder político y su legitimidad, antes de portar la banda presidencial, lo que explica esta batalla por el Nuevo Aeropuerto. Algo que Salinas, quien refundó el mismo Estado mexicano desde su propuesta neoliberal, convenientemente olvidó en su advertencia.
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