TOLUCA, Edomex. (apro).- Entre 2015 y 2017, la desaparición de
mujeres creció en 227% en los municipios de Ecatepec, Cuautitlán
Izcalli, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, advirtió la organización
I(dh)eas.
Al participar en el foro “Diálogos por Una Agenda Legislativa a Favor de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres”, Sandra Guzmán, activista de la organización promotora de la segunda Alerta por Violencia de Género (AVG) en siete municipios mexiquenses que lideran la desaparición de personas de este género, señaló que Tamaulipas y el Estado de México son punteros en el país.
A nivel nacional, los cuatro municipios con mayor número de desapariciones pertenecen a la entidad mexiquense, donde 46% de las personas desaparecidas son mujeres contra 25% de la media nacional, lo que con frecuencia desemboca en feminicidio.
El Registro Nacional de Desaparecidos, refirió, documentó el extravío de mil 790 mujeres entre abril y diciembre de 2017 en el Estado de México, pero la Fiscalía reportó mil 343, lo que representa una diferencia de 447 casos; 59% de las mujeres tenía entre 15 y 17 años de edad al momento de su desaparición.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) enfatizó que los casos de niñas y mujeres perdidas, extraviadas o desaparecidas aumentaron en 227% del año 2015 a 2017, en los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
De 2012 a 2018, prosiguió, en el Estado de México permanecen sin localizar dos mil 407 mujeres, una cantidad mayor a la registrada para la primera solicitud de AVG, lo que significa que el problema se ha agudizado.
La agrupación Por los Derechos de la Infancia en México, detalló, advierte que en la mayoría de los casos las jóvenes son trasladadas en las primeras 24 horas a los estados de Puebla, Morelos, Michoacán, Tlaxcala e Hidalgo, y retenidas en cárceles clandestinas o casas de seguridad de Veracruz y Tamaulipas.
En tanto, David Mancera, presidente de Solidaridad por las Familias AC, exigió la destitución inmediata de Alejandro Gómez como fiscal de Justicia.
El activista destacó que no se puede seguir postergando la justicia en los casos en que los familiares de las víctimas han presentado a las autoridades todas las pruebas para encontrar a los responsables.
A los diputados locales demandó disminuir la edad penal, pues algunos feminicidas están libres por ser tratados sólo como menores infractores; y mediar para que todos los colectivos sean recibidos por las autoridades.
Por su parte, Yuritzi Hernández de la Rosa, directora de Mex-Fem Observatorio Estatal del Feminicidio, acusó que desde la declaratoria de AVG las autoridades no cuentan con políticas públicas adecuadas ni aplican protocolos que ayuden a la prevención.
Dijo que a la fecha sólo Nezahualcóyotl elabora un diagnóstico, y lamentó que tampoco hay claridad ni propuestas de los alcaldes que comenzarán su gestión en 2019.
“Estamos indignadas por ser utilizadas sólo como bandera política, hartas de ser invisibles, de no tener respuestas concretas y de que se nos criminalice cuando somos víctimas… La violencia no sólo es en el hogar, y la que es en el hogar no es privada”, destacó.
Por su parte, José Luis Peña Colín, director de Atención y Seguimiento de Alertas de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), precisó que en los últimos 32 años se han registrado en el país 52 mil 210 muertes de mujeres en las que se presume homicidio.
La incidencia, indicó, comenzó a aumentar en 2006 y desde entonces han ocurrido 15 mil 535 muertes violentas, que implican 29.8% del total.
En 2016 la tendencia se eleva, y en la actualidad ocurren 7.5 muertes violentas de mujeres por día en el país.
El Estado de México está en el número 11 de incidencia por cada cien mil mujeres, aseguró, pero en siete entidades ocurre la mitad de todas las muertes y dos estados, incluido el mexiquense, concentran las dos terceras partes, según el estudio coordinado con ONU Mujeres y Segob.
Melissa Vargas, vocal ejecutivo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) del Estado de México, alertó, sin embargo, que no será posible erradicar los feminicidios en la entidad mientras no se rompan estereotipos de género, termine la desigualdad desde todos los ámbitos y se desnormalice la violencia.
“Los feminicidios son la punta del iceberg de la problemática de violencia hacia las mujeres que enfrenta el estado de México. La Alerta por Violencia de Género (AVG) es un mecanismo urgente, especial, implementado para atender una emergencia; podemos alertar todos los municipios, pero si no trabajamos en la base de la problemática no habrá alerta que alcance”, advirtió.
Por tanto, la funcionaria estatal urgió a atacar la estructura patriarcal como sostén de la violencia contra la mujer.
Al participar en el foro “Diálogos por Una Agenda Legislativa a Favor de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres”, Sandra Guzmán, activista de la organización promotora de la segunda Alerta por Violencia de Género (AVG) en siete municipios mexiquenses que lideran la desaparición de personas de este género, señaló que Tamaulipas y el Estado de México son punteros en el país.
A nivel nacional, los cuatro municipios con mayor número de desapariciones pertenecen a la entidad mexiquense, donde 46% de las personas desaparecidas son mujeres contra 25% de la media nacional, lo que con frecuencia desemboca en feminicidio.
El Registro Nacional de Desaparecidos, refirió, documentó el extravío de mil 790 mujeres entre abril y diciembre de 2017 en el Estado de México, pero la Fiscalía reportó mil 343, lo que representa una diferencia de 447 casos; 59% de las mujeres tenía entre 15 y 17 años de edad al momento de su desaparición.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) enfatizó que los casos de niñas y mujeres perdidas, extraviadas o desaparecidas aumentaron en 227% del año 2015 a 2017, en los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
De 2012 a 2018, prosiguió, en el Estado de México permanecen sin localizar dos mil 407 mujeres, una cantidad mayor a la registrada para la primera solicitud de AVG, lo que significa que el problema se ha agudizado.
La agrupación Por los Derechos de la Infancia en México, detalló, advierte que en la mayoría de los casos las jóvenes son trasladadas en las primeras 24 horas a los estados de Puebla, Morelos, Michoacán, Tlaxcala e Hidalgo, y retenidas en cárceles clandestinas o casas de seguridad de Veracruz y Tamaulipas.
En tanto, David Mancera, presidente de Solidaridad por las Familias AC, exigió la destitución inmediata de Alejandro Gómez como fiscal de Justicia.
El activista destacó que no se puede seguir postergando la justicia en los casos en que los familiares de las víctimas han presentado a las autoridades todas las pruebas para encontrar a los responsables.
A los diputados locales demandó disminuir la edad penal, pues algunos feminicidas están libres por ser tratados sólo como menores infractores; y mediar para que todos los colectivos sean recibidos por las autoridades.
Por su parte, Yuritzi Hernández de la Rosa, directora de Mex-Fem Observatorio Estatal del Feminicidio, acusó que desde la declaratoria de AVG las autoridades no cuentan con políticas públicas adecuadas ni aplican protocolos que ayuden a la prevención.
Dijo que a la fecha sólo Nezahualcóyotl elabora un diagnóstico, y lamentó que tampoco hay claridad ni propuestas de los alcaldes que comenzarán su gestión en 2019.
“Estamos indignadas por ser utilizadas sólo como bandera política, hartas de ser invisibles, de no tener respuestas concretas y de que se nos criminalice cuando somos víctimas… La violencia no sólo es en el hogar, y la que es en el hogar no es privada”, destacó.
Por su parte, José Luis Peña Colín, director de Atención y Seguimiento de Alertas de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), precisó que en los últimos 32 años se han registrado en el país 52 mil 210 muertes de mujeres en las que se presume homicidio.
La incidencia, indicó, comenzó a aumentar en 2006 y desde entonces han ocurrido 15 mil 535 muertes violentas, que implican 29.8% del total.
En 2016 la tendencia se eleva, y en la actualidad ocurren 7.5 muertes violentas de mujeres por día en el país.
El Estado de México está en el número 11 de incidencia por cada cien mil mujeres, aseguró, pero en siete entidades ocurre la mitad de todas las muertes y dos estados, incluido el mexiquense, concentran las dos terceras partes, según el estudio coordinado con ONU Mujeres y Segob.
Melissa Vargas, vocal ejecutivo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) del Estado de México, alertó, sin embargo, que no será posible erradicar los feminicidios en la entidad mientras no se rompan estereotipos de género, termine la desigualdad desde todos los ámbitos y se desnormalice la violencia.
“Los feminicidios son la punta del iceberg de la problemática de violencia hacia las mujeres que enfrenta el estado de México. La Alerta por Violencia de Género (AVG) es un mecanismo urgente, especial, implementado para atender una emergencia; podemos alertar todos los municipios, pero si no trabajamos en la base de la problemática no habrá alerta que alcance”, advirtió.
Por tanto, la funcionaria estatal urgió a atacar la estructura patriarcal como sostén de la violencia contra la mujer.
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