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Eje de la guerra no convencional contra Venezuela se traslada a sus fronteras
Por Rebeca M. Westphal, Misión Verdad
El aumento de situaciones irregulares en la región
limítrofe del Estado venezolano debe ser examinado tomando en cuenta la
característica fundamental de la sociedad occidental criminal que, en
función de darle espacio sin restricciones a las multinacionales, busca
un rompimiento forzoso de las fronteras nacionales. Produce malestar el
viraje que, desde comienzos de siglo, Venezuela […]
El aumento de situaciones irregulares en la región limítrofe del Estado venezolano debe ser examinado tomando en cuenta la característica fundamental de la sociedad occidental criminal que, en función de darle espacio sin restricciones a las multinacionales, busca un rompimiento forzoso de las fronteras nacionales.
Produce malestar el viraje que, desde comienzos de siglo, Venezuela ha dado para protagonizar los cambios en el modelo económico global, apostando por relaciones de igualdad entre naciones, así como de la inversión social por encima del financiamiento al sector empresarial.
Por eso la motivación de vías alternas que puedan desencadenar eventos conflictivos tiene mucho que ver con la necesidad de los privados de reducir la capacidad de los Estados-nación de administrar los recursos naturales, ubicados en sus territorios, necesarios para sostener la industria de consumo ya globalizada.
A esa idea se ajusta el asesinato de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en medio de una campaña para neutralizar el contrabando de extracción y el narcotráfico en los límites venezolanos con el fin de abordar las estrategias extranjeras que dañan la normalidad económica.
Durante el conflicto violento ocurrido el 5 de noviembre, en el estado Amazonas, denunciado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, fueron heridas 12 personas, además de los tres funcionarios militares pertenecientes a la GNB que fallecieron.
La represalia se desató después de que operaciones de lucha contra el contrabando y el narcotráfico efectuadas por militares venezolanos dieran con la captura de nueve paramilitares colombianos que poseían armas de guerra.
La distracción que Colombia difunde a través de la cuenta Twitter de su Cancillería en Bogotá, sugiriendo apresuradamente que los culpables del ataque son integrantes de guerrillas colombianas, da las primeras señales para profundizar sobre los verdaderos elementos que transversalizan la escalada violenta en la frontera colombo-venezolana.
Grupos irregulares, narcotráfico y la agenda política colombiana
El Estado colombiano se tomó la tarea de fortalecer económica y políticamente a las mafias del narcotráfico durante los últimos 60 años. La estructura criminal que opera en el interior del país ha ramificado sus flujos de traslado de mercancía a medida que se optimizan los niveles de producción.
Solo basta mencionar, a manera de recordatorio, que el aumento de los cultivos de la hoja de coca en 2018 tuvo un incremento del 31% con relación a años anteriores. Esto lleva a preguntarnos sobre cuáles son las rutas de comercio ilegal que deben trazar los traficantes para colocar sus productos al alcance del mercado internacional de consumidores.
Venezuela, en este sentido, es un paso geoestratégico para ingresar en los países del atlántico norte, sobre todo Estados Unidos, donde está el grueso de los consumidores de estupefacientes en el mundo entero. La carrera entre carteles por controlar esta ruta y expandir las fronteras de la industria ilegal de las drogas obligan al gobierno venezolano a desarrollar políticas de seguridad en la frontera binacional para contener estas actividades ilícitas en el país.
Otra decisión que afecta el negocio de la droga son las regulaciones con respecto a la gasolina que se plantean en el nuevo esquema de precios internacionales del combustible, rubro necesario en la elaboración de la pasta de cocaína y del cual se surte el narcotráfico colombiano a través del contrabando de extracción en Venezuela.
Pero las razones que activan los enfrentamientos en la Amazonía colombo-venezolana no derivan únicamente de los movimientos por resguardar la soberanía venezolana, sino que están relacionadas además a los desacuerdos entre el gobierno colombiano y la administración de Washington sobre el control del tráfico de drogas.
Las políticas económicas de Colombia son tuteladas directamente por el Departamento de Estado norteamericano desde que se aprobara el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Por ello, hay que sopesar las últimas negociaciones entre el gobierno entrante de Iván Duque y el presidente Donald Trump en materia de lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que la exportación de cocaína es uno de los pilares fundamentales de la paraeconomía colombiana.
En un encuentro que sostuvieron en el mes de septiembre, durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado “Llamado global a la acción en el problema mundial contra las drogas”, Trump mostró preocupación sobre las “las alarmantes cifras en la producción y consumo de sustancias psicoactivas” y saludó la campaña de lucha antidrogas de Duque. Esto, más que una felicitación, es una obligación con la que debe cumplir el presidente colombiano, generando resultados tangibles con cifras de disminución en la producción de drogas, que Estados Unidos pueda aceptar sin que afecte las ganancias de actores involucrados en la compleja estructura del narcotráfico internacional.
En el terreno práctico, los operadores que sortean esta diplomacia circunstancial trasladan la mercancía de los municipios productores hacia fuera de Colombia, utilizando nuevas rutas que los alejen de las amenazas y que no interrumpan con el crecimiento de las ganancias. Además, desplazan los cultivos a las zonas que colindan con Venezuela, exponiéndola a las disputas entre paramilitares, mercenarios y demás integrantes del paquete delictivo que trae consigo el narcotráfico.
Arco Minero del Orinoco y la lucha transnacional por los recursos mineros
Si bien hay que reiterar la ya mencionada muchas veces participación del narcotráfico como práctica irregular que altera el orden público de un país, no se debe olvidar que estos grupos armados son el brazo militar de intereses transnacionales y pueden fácilmente reubicarse en otras tareas, según las necesidades de sus financistas.
¿Qué otras razones pueden desencadenar conflictos armados en una región tan sensible a coberturas mediáticas? Una vista a la geografía del Amazonas responde a esta pregunta.
El noreste del estado Amazonas forma parte del Arco Minero del Orinoco (AMO), área nacional creada en 2016 como estratégica por albergar distintas riquezas minerales además de petróleo, que integran la reciente política estatal de diversificación de la economía. En el subsuelo de esta región se encuentran yacimientos de oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales.
A las empresas que operan en los alrededores de la triple frontera que comparte Amazonas con Brasil y Colombia se les hace sencillo en estos países evadir las legislaciones internas de protección ambiental y respeto a los derechos de las comunidades que viven en las zonas mineras.
“Es más fácil ser ilegal que legal”, según la contraloría general de la república de Colombia. Esto gracias a que el Estado actúa como un representante artificial de la condena al crimen organizado, mientras que simultáneamente le da espacios de ventaja a las multinacionales en el plano ilegal, adquiriendo ingresos de la paraeconomía.
La pronta asunción de Jair Bolsonaro en Brasil perfila, además, nuevas agresiones transfronterizas para violentar el suelo venezolano y mantener la extracción ilegal de recursos minerales, dado que en su campaña electoral planteó la necesidad de apoyar a las industrias extractivas foráneas, desregulando los procedimientos ambientales en el Amazonas, y fijó una posición hostil con el gobierno de Maduro.
Otra de las motivaciones que conecta a sectores del crimen organizado con la minería ilegal es que esta actividad es la más redituable para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
La suma de estos dos actores políticos, fundamentales en las agresiones contra Venezuela, puede aumentar el financiamiento de grupos armados provenientes de la minería ilegal para suscitar un escenario de violencia en las áreas limítrofes.
Crimen organizado y los ejemplos en África
Por menos de este conjunto de rubros, se desatan en el continente africano los más cruentos conflictos bélicos. La rápida revisión de tres casos contemporáneos puntuales (Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo -RDC-) permite comprender cómo funciona la lógica de depredación neoliberal para acceder a materia prima, cada vez más escasa y necesaria para sostener el aparato industrial del consumismo.
En estos tres países, las multinacionales europeas y estadounidenses se instalaron a vaciar la despensa mineral, fomentando rivalidades entre tribus, movimientos separatistas, adhesiones de países fronterizos al conflicto, ataques a minorías étnicas o religiosas que activaron situaciones de caos, inhabilitando la capacidad de ordenamiento de los Estados-nación y desencadenando la intervención de fuerzas militares extranjeras en los territorios en disputa.
Las situaciones en Angola y Sierra Leona guardan la semejanza de que ambos conflictos se desarrollaron en un contexto de comercialización de diamantes. La participación heterogénea de ejércitos nacionales, mercenarios, grupos paramilitares y fuerzas pacificadoras internacionales tuvo el saldo de 70 mil y 1 millón de muertos, respectivamente.
Por otro lado, en los 20 años de violencia en el Congo, país dotado de variados yacimientos como el oro, diamantes, cobalto, columbio, tantalio, cobre, radio y uranio, murieron 4 millones de ciudadanos. Las empresas importadoras de coltán, provenientes principalmente de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido, consiguieron así capitalizar el 80% de las reservas mundiales de este rubro estratégico, concentrado en la RDC.
La aprobación del AMO como Zona de Desarrollo Estratégica juega, tomando en cuenta la referencia africana, un papel importante que conduce a la creación de un marco legal para realizar la extracción mineral. Esto expone a perder importantes negocios a las organizaciones criminales que se benefician de la minería ilegal en el sur venezolano.
Adicionalmente, el Estado venezolano integró estos recursos como base de respaldo para una arquitectura financiera paralela a la tradicional, desarrollando criptomonedas que tienen su valor en las reservas de minerales que se encuentran en el AMO. Igualmente, utiliza las reservas auríferas para relacionarse comercialmente en el mercado internacional y a lo interno, realizar el Plan de Ahorro en Oro para proteger a la población venezolana, víctima de la devaluación inducida del bolívar.
Estos proyectos son apoyados por China, Rusia y Turquía, naciones que también están desarrollando mecanismos que podrían permitir el rompimiento del cerco económico implantado desde Estados Unidos.
Una acción que debe ser saboteada por los agentes de las élites mundiales en declive con el objetivo de reducir el impacto del ascenso de las potencias emergentes. Atacar la zona del AMO, en ese sentido, es una vía expedita para ello.
Pacificación de la región sudamericana: pretexto imperial para intervenir en Venezuela
La agudización de estos puntos de conflicto les da a los ejecutantes estadounidenses de la guerra contra el gobierno de Nicolás Maduro un canal geoestratégico para tomar como base el resguardo de la estabilidad política e ingresar militarmente al país.
En esto último se basa ese traslado del eje de la guerra no convencional contra el país hacia sus fronteras, tomando en cuenta el hecho de que existe una estrategia de redimensionamiento de estas a través de las economías ilegales basadas en el narcotráfico y el contrabando de extracción.
Esa es la interpretación que aplica a los intentos de los medios corporativos para comparar, descontextualizadamente, a Venezuela con regiones del África subsahariana que sufrieron una ruptura en su tejido social, producto de los enfrentamientos violentos, el desplazamiento forzado de la población y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores mineros.
Asignar estos elementos a Venezuela, omitiendo que las políticas nacionales con respecto a la generación de ganancias para el Estado no se corresponde con los modos del neoliberalismo depredador, es una prueba de que la oxigenación a la narrativa de la represión interna, la crisis humanitaria y la crisis migratoria no está dando resultados.
De esta forma, Estados Unidos redirige el discurso a la violación de derechos humanos en la triple frontera de Venezuela, azuzada por las pugnas entre delegados locales de las corporaciones mineras y el narcotráfico global. Negar las labores del Estado venezolano para contener a esos grupos es el modo de desestimarlo como ente soberano y proseguir con la lógica securitaria militar, en detrimento de la diplomacia y las presiones financieras.
misionverdad.com/columnistas/ataques-en-la-frontera
El aumento de situaciones irregulares en la región limítrofe del Estado venezolano debe ser examinado tomando en cuenta la característica fundamental de la sociedad occidental criminal que, en función de darle espacio sin restricciones a las multinacionales, busca un rompimiento forzoso de las fronteras nacionales.
Produce malestar el viraje que, desde comienzos de siglo, Venezuela ha dado para protagonizar los cambios en el modelo económico global, apostando por relaciones de igualdad entre naciones, así como de la inversión social por encima del financiamiento al sector empresarial.
Por eso la motivación de vías alternas que puedan desencadenar eventos conflictivos tiene mucho que ver con la necesidad de los privados de reducir la capacidad de los Estados-nación de administrar los recursos naturales, ubicados en sus territorios, necesarios para sostener la industria de consumo ya globalizada.
A esa idea se ajusta el asesinato de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en medio de una campaña para neutralizar el contrabando de extracción y el narcotráfico en los límites venezolanos con el fin de abordar las estrategias extranjeras que dañan la normalidad económica.
Durante el conflicto violento ocurrido el 5 de noviembre, en el estado Amazonas, denunciado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, fueron heridas 12 personas, además de los tres funcionarios militares pertenecientes a la GNB que fallecieron.
La represalia se desató después de que operaciones de lucha contra el contrabando y el narcotráfico efectuadas por militares venezolanos dieran con la captura de nueve paramilitares colombianos que poseían armas de guerra.
La distracción que Colombia difunde a través de la cuenta Twitter de su Cancillería en Bogotá, sugiriendo apresuradamente que los culpables del ataque son integrantes de guerrillas colombianas, da las primeras señales para profundizar sobre los verdaderos elementos que transversalizan la escalada violenta en la frontera colombo-venezolana.
Grupos irregulares, narcotráfico y la agenda política colombiana
El Estado colombiano se tomó la tarea de fortalecer económica y políticamente a las mafias del narcotráfico durante los últimos 60 años. La estructura criminal que opera en el interior del país ha ramificado sus flujos de traslado de mercancía a medida que se optimizan los niveles de producción.
Solo basta mencionar, a manera de recordatorio, que el aumento de los cultivos de la hoja de coca en 2018 tuvo un incremento del 31% con relación a años anteriores. Esto lleva a preguntarnos sobre cuáles son las rutas de comercio ilegal que deben trazar los traficantes para colocar sus productos al alcance del mercado internacional de consumidores.
Venezuela, en este sentido, es un paso geoestratégico para ingresar en los países del atlántico norte, sobre todo Estados Unidos, donde está el grueso de los consumidores de estupefacientes en el mundo entero. La carrera entre carteles por controlar esta ruta y expandir las fronteras de la industria ilegal de las drogas obligan al gobierno venezolano a desarrollar políticas de seguridad en la frontera binacional para contener estas actividades ilícitas en el país.
Otra decisión que afecta el negocio de la droga son las regulaciones con respecto a la gasolina que se plantean en el nuevo esquema de precios internacionales del combustible, rubro necesario en la elaboración de la pasta de cocaína y del cual se surte el narcotráfico colombiano a través del contrabando de extracción en Venezuela.
Pero las razones que activan los enfrentamientos en la Amazonía colombo-venezolana no derivan únicamente de los movimientos por resguardar la soberanía venezolana, sino que están relacionadas además a los desacuerdos entre el gobierno colombiano y la administración de Washington sobre el control del tráfico de drogas.
Las políticas económicas de Colombia son tuteladas directamente por el Departamento de Estado norteamericano desde que se aprobara el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Por ello, hay que sopesar las últimas negociaciones entre el gobierno entrante de Iván Duque y el presidente Donald Trump en materia de lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que la exportación de cocaína es uno de los pilares fundamentales de la paraeconomía colombiana.
En un encuentro que sostuvieron en el mes de septiembre, durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado “Llamado global a la acción en el problema mundial contra las drogas”, Trump mostró preocupación sobre las “las alarmantes cifras en la producción y consumo de sustancias psicoactivas” y saludó la campaña de lucha antidrogas de Duque. Esto, más que una felicitación, es una obligación con la que debe cumplir el presidente colombiano, generando resultados tangibles con cifras de disminución en la producción de drogas, que Estados Unidos pueda aceptar sin que afecte las ganancias de actores involucrados en la compleja estructura del narcotráfico internacional.
En el terreno práctico, los operadores que sortean esta diplomacia circunstancial trasladan la mercancía de los municipios productores hacia fuera de Colombia, utilizando nuevas rutas que los alejen de las amenazas y que no interrumpan con el crecimiento de las ganancias. Además, desplazan los cultivos a las zonas que colindan con Venezuela, exponiéndola a las disputas entre paramilitares, mercenarios y demás integrantes del paquete delictivo que trae consigo el narcotráfico.
Arco Minero del Orinoco y la lucha transnacional por los recursos mineros
Si bien hay que reiterar la ya mencionada muchas veces participación del narcotráfico como práctica irregular que altera el orden público de un país, no se debe olvidar que estos grupos armados son el brazo militar de intereses transnacionales y pueden fácilmente reubicarse en otras tareas, según las necesidades de sus financistas.
¿Qué otras razones pueden desencadenar conflictos armados en una región tan sensible a coberturas mediáticas? Una vista a la geografía del Amazonas responde a esta pregunta.
El noreste del estado Amazonas forma parte del Arco Minero del Orinoco (AMO), área nacional creada en 2016 como estratégica por albergar distintas riquezas minerales además de petróleo, que integran la reciente política estatal de diversificación de la economía. En el subsuelo de esta región se encuentran yacimientos de oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales.
A las empresas que operan en los alrededores de la triple frontera que comparte Amazonas con Brasil y Colombia se les hace sencillo en estos países evadir las legislaciones internas de protección ambiental y respeto a los derechos de las comunidades que viven en las zonas mineras.
“Es más fácil ser ilegal que legal”, según la contraloría general de la república de Colombia. Esto gracias a que el Estado actúa como un representante artificial de la condena al crimen organizado, mientras que simultáneamente le da espacios de ventaja a las multinacionales en el plano ilegal, adquiriendo ingresos de la paraeconomía.
La pronta asunción de Jair Bolsonaro en Brasil perfila, además, nuevas agresiones transfronterizas para violentar el suelo venezolano y mantener la extracción ilegal de recursos minerales, dado que en su campaña electoral planteó la necesidad de apoyar a las industrias extractivas foráneas, desregulando los procedimientos ambientales en el Amazonas, y fijó una posición hostil con el gobierno de Maduro.
Otra de las motivaciones que conecta a sectores del crimen organizado con la minería ilegal es que esta actividad es la más redituable para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
La suma de estos dos actores políticos, fundamentales en las agresiones contra Venezuela, puede aumentar el financiamiento de grupos armados provenientes de la minería ilegal para suscitar un escenario de violencia en las áreas limítrofes.
Crimen organizado y los ejemplos en África
Por menos de este conjunto de rubros, se desatan en el continente africano los más cruentos conflictos bélicos. La rápida revisión de tres casos contemporáneos puntuales (Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo -RDC-) permite comprender cómo funciona la lógica de depredación neoliberal para acceder a materia prima, cada vez más escasa y necesaria para sostener el aparato industrial del consumismo.
En estos tres países, las multinacionales europeas y estadounidenses se instalaron a vaciar la despensa mineral, fomentando rivalidades entre tribus, movimientos separatistas, adhesiones de países fronterizos al conflicto, ataques a minorías étnicas o religiosas que activaron situaciones de caos, inhabilitando la capacidad de ordenamiento de los Estados-nación y desencadenando la intervención de fuerzas militares extranjeras en los territorios en disputa.
Las situaciones en Angola y Sierra Leona guardan la semejanza de que ambos conflictos se desarrollaron en un contexto de comercialización de diamantes. La participación heterogénea de ejércitos nacionales, mercenarios, grupos paramilitares y fuerzas pacificadoras internacionales tuvo el saldo de 70 mil y 1 millón de muertos, respectivamente.
Por otro lado, en los 20 años de violencia en el Congo, país dotado de variados yacimientos como el oro, diamantes, cobalto, columbio, tantalio, cobre, radio y uranio, murieron 4 millones de ciudadanos. Las empresas importadoras de coltán, provenientes principalmente de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido, consiguieron así capitalizar el 80% de las reservas mundiales de este rubro estratégico, concentrado en la RDC.
La aprobación del AMO como Zona de Desarrollo Estratégica juega, tomando en cuenta la referencia africana, un papel importante que conduce a la creación de un marco legal para realizar la extracción mineral. Esto expone a perder importantes negocios a las organizaciones criminales que se benefician de la minería ilegal en el sur venezolano.
Adicionalmente, el Estado venezolano integró estos recursos como base de respaldo para una arquitectura financiera paralela a la tradicional, desarrollando criptomonedas que tienen su valor en las reservas de minerales que se encuentran en el AMO. Igualmente, utiliza las reservas auríferas para relacionarse comercialmente en el mercado internacional y a lo interno, realizar el Plan de Ahorro en Oro para proteger a la población venezolana, víctima de la devaluación inducida del bolívar.
Estos proyectos son apoyados por China, Rusia y Turquía, naciones que también están desarrollando mecanismos que podrían permitir el rompimiento del cerco económico implantado desde Estados Unidos.
Una acción que debe ser saboteada por los agentes de las élites mundiales en declive con el objetivo de reducir el impacto del ascenso de las potencias emergentes. Atacar la zona del AMO, en ese sentido, es una vía expedita para ello.
Pacificación de la región sudamericana: pretexto imperial para intervenir en Venezuela
La agudización de estos puntos de conflicto les da a los ejecutantes estadounidenses de la guerra contra el gobierno de Nicolás Maduro un canal geoestratégico para tomar como base el resguardo de la estabilidad política e ingresar militarmente al país.
En esto último se basa ese traslado del eje de la guerra no convencional contra el país hacia sus fronteras, tomando en cuenta el hecho de que existe una estrategia de redimensionamiento de estas a través de las economías ilegales basadas en el narcotráfico y el contrabando de extracción.
Esa es la interpretación que aplica a los intentos de los medios corporativos para comparar, descontextualizadamente, a Venezuela con regiones del África subsahariana que sufrieron una ruptura en su tejido social, producto de los enfrentamientos violentos, el desplazamiento forzado de la población y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores mineros.
Asignar estos elementos a Venezuela, omitiendo que las políticas nacionales con respecto a la generación de ganancias para el Estado no se corresponde con los modos del neoliberalismo depredador, es una prueba de que la oxigenación a la narrativa de la represión interna, la crisis humanitaria y la crisis migratoria no está dando resultados.
De esta forma, Estados Unidos redirige el discurso a la violación de derechos humanos en la triple frontera de Venezuela, azuzada por las pugnas entre delegados locales de las corporaciones mineras y el narcotráfico global. Negar las labores del Estado venezolano para contener a esos grupos es el modo de desestimarlo como ente soberano y proseguir con la lógica securitaria militar, en detrimento de la diplomacia y las presiones financieras.
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