Un tribunal federal pidió a la juez de Distrito con sede en Chihuahua
que explique por qué se mantiene reservada la identidad de quienes
testificaron contra el ex gobernador de Chihuahua
Un tribunal federal otorgó un amparo al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el cual puede abrir la puerta para que la Fiscalía General del Estado
revele la identidad de los testigos protegidos que declararon contra él
y que lo incriminaron en un supuesto desvío de 2 millones 420 mil pesos
en agravio de las arcas estatales.
Funcionarios del Poder Judicial de la Federación revelaron a MILENIO que el Segundo Tribunal Colegiado en el Estado de México revocó la resolución dictada en primera instancia, tras considerar que no se fundamentó ni motivó por qué se debe reservar la identidad de los testigos, principalmente cuando no se está ante un caso de delincuencia organizada.
Funcionarios del Poder Judicial de la Federación revelaron a MILENIO que el Segundo Tribunal Colegiado en el Estado de México revocó la resolución dictada en primera instancia, tras considerar que no se fundamentó ni motivó por qué se debe reservar la identidad de los testigos, principalmente cuando no se está ante un caso de delincuencia organizada.
César Duarte
argumentó a través de su defensor, Ricardo Antonio Sánchez Reyes
Retana, que la orden de aprehensión librada en su contra vulnera su
derecho humano al debido proceso, ya que al no conocerse la identidad de
los testigos no es posible determinar la idoneidad de su dicho.
Sin embargo, el juez Tercero de Distrito, José Álvaro Vargas Ornelas, consideró que el artículo 367 del Código Nacional de Procedimiento Penales establece que el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones. Por este motivo, le negó el amparo en primera instancia.
Los funcionarios judiciales consultados indicaron que los magistrados coincidieron que el precepto del Código y la Ley Federal de Protección de Personas señala los requisitos para que una persona pueda tener el estatus de testigo protegido y que en este caso no se fundamenta.
Sin embargo, el juez Tercero de Distrito, José Álvaro Vargas Ornelas, consideró que el artículo 367 del Código Nacional de Procedimiento Penales establece que el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones. Por este motivo, le negó el amparo en primera instancia.
Los funcionarios judiciales consultados indicaron que los magistrados coincidieron que el precepto del Código y la Ley Federal de Protección de Personas señala los requisitos para que una persona pueda tener el estatus de testigo protegido y que en este caso no se fundamenta.
La resolución del colegiado obliga a la juez de Control del Distrito Judicial Morelos en el estado de Chihuahua, a
fundar y motivar por qué los testigos deber tener el carácter de
testigos protegidos. La orden de aprehensión por el presunto delito de
peculado agravado fue emitida el 17 de junio de 2017.
Por este caso, en diciembre pasado el ex diputado local de Chihuahua, Fernando Mariano Reyes Ramírez, fue condenado a tres años de prisión por el delito de peculado por participar en la simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V
Reyes Ramírez confesó que recibió el dinero como pago de un favor personal realizado al ex gobernador César Duarte, el cual consistía en votar en el Pleno del Congreso a favor de la bursatilización.
Por este caso, en diciembre pasado el ex diputado local de Chihuahua, Fernando Mariano Reyes Ramírez, fue condenado a tres años de prisión por el delito de peculado por participar en la simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V
Reyes Ramírez confesó que recibió el dinero como pago de un favor personal realizado al ex gobernador César Duarte, el cual consistía en votar en el Pleno del Congreso a favor de la bursatilización.
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