CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI)
aprobó que se lleve a cabo una “verificación oficiosa” en contra de las
instancias públicas involucradas en la recolección y tratamiento de
datos personales mediante el uso del software espía Pegasus, en
particular la Procuraduría General de la República (PGR).
Un informe de la organización The Citizen Lab de la Universidad de Toronto en 2017 reveló que ese programa informático fue utilizado por el gobierno federal para intervenir teléfonos móviles de periodistas y activistas de organizaciones no gubernamentales.
El Inai podrá ahora solicitar toda la documentación necesaria sobre Pegasus, así como revisar las bases de datos de los responsables de operarlo.
Apenas el 18 de septiembre pasado, Citizen Lab alertó que aún seguían activas tres cuentas de usuario de Pegasus. Así lo recordó durante la sesión del Inai el comisionado Joel Salas Suárez, autor de la ponencia sobre el caso, y que publicó su intervención en su página de internet con el título “Posicionamiento sobre aprobación de verificación oficiosa a la PGR por posible incumplimiento de la LGDPDP (Ley General de Protección de Datos Personales) en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el caso Pegasus”.
“Las personas cuyos derechos pudieron ser vulnerados, y los mexicanos en general, requieren tener certeza de que los posibles responsables serán llamados a rendir cuentas y, si es el caso, serán sancionados”, dijo Suárez al emitir su posicionamiento.
El primer paso para devolver la confianza y la seguridad a los posibles afectados, así como la credibilidad al gobierno federal, es eliminar cualquier duda o suspicacia respecto a este caso, expuso.
Recordó que la revelación del caso Pegasus provocó el éxodo de personajes de la sociedad civil que colaboraban en la Alianza para el Gobierno Abierto.
“No es posible hablar de apertura y cocreación cuando alguna de las partes deja de confiar en la otra o bien actúa de forma simulada o contradictoria. Nuestro país tiene pendiente responder a nivel internacional por este caso, una razón más para desarrollar y concluir efectivamente las investigaciones correspondientes”, dijo el comisionado.
En su intervención, recordó que el 14 de noviembre pasado, las organizaciones de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto llamaron a la siguiente administración a retomar la agenda de este caso y reparar el proceso.
“Retomar la agenda y reparar el proceso de México en la AGA significará que el próximo gobierno federal se compromete con lo anterior contribuyendo en dos frentes. El primero es que impulse, en el ámbito de sus atribuciones, el avance expedito de la investigación en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.
“El segundo es que facilite la coordinación con otras autoridades, como el INAI, que también son competentes para salvaguardar algún derecho fundamental de los posibles afectados”, expuso el comisionado.
El estudio presentado por Citizen Lab en septiembre muestra que tres cuentas creadas en septiembre de 2017, así como en septiembre y octubre de 2016, siguen operando en México el programa Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group para recabar información de celulares.
En junio de 2017, organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Amnistía Internacional y Artículo 19 denunciaron el espionaje del gobierno a comunicadores y activistas, documentado por Citizen Lab.
Entre las víctimas del software que se dieron a conocer en ese momento estaban los abogados que investigaron la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa; Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, y la periodista Carmen Aristegui.
Un informe de la organización The Citizen Lab de la Universidad de Toronto en 2017 reveló que ese programa informático fue utilizado por el gobierno federal para intervenir teléfonos móviles de periodistas y activistas de organizaciones no gubernamentales.
El Inai podrá ahora solicitar toda la documentación necesaria sobre Pegasus, así como revisar las bases de datos de los responsables de operarlo.
Apenas el 18 de septiembre pasado, Citizen Lab alertó que aún seguían activas tres cuentas de usuario de Pegasus. Así lo recordó durante la sesión del Inai el comisionado Joel Salas Suárez, autor de la ponencia sobre el caso, y que publicó su intervención en su página de internet con el título “Posicionamiento sobre aprobación de verificación oficiosa a la PGR por posible incumplimiento de la LGDPDP (Ley General de Protección de Datos Personales) en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el caso Pegasus”.
“Las personas cuyos derechos pudieron ser vulnerados, y los mexicanos en general, requieren tener certeza de que los posibles responsables serán llamados a rendir cuentas y, si es el caso, serán sancionados”, dijo Suárez al emitir su posicionamiento.
El primer paso para devolver la confianza y la seguridad a los posibles afectados, así como la credibilidad al gobierno federal, es eliminar cualquier duda o suspicacia respecto a este caso, expuso.
Recordó que la revelación del caso Pegasus provocó el éxodo de personajes de la sociedad civil que colaboraban en la Alianza para el Gobierno Abierto.
“No es posible hablar de apertura y cocreación cuando alguna de las partes deja de confiar en la otra o bien actúa de forma simulada o contradictoria. Nuestro país tiene pendiente responder a nivel internacional por este caso, una razón más para desarrollar y concluir efectivamente las investigaciones correspondientes”, dijo el comisionado.
En su intervención, recordó que el 14 de noviembre pasado, las organizaciones de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto llamaron a la siguiente administración a retomar la agenda de este caso y reparar el proceso.
“Retomar la agenda y reparar el proceso de México en la AGA significará que el próximo gobierno federal se compromete con lo anterior contribuyendo en dos frentes. El primero es que impulse, en el ámbito de sus atribuciones, el avance expedito de la investigación en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.
“El segundo es que facilite la coordinación con otras autoridades, como el INAI, que también son competentes para salvaguardar algún derecho fundamental de los posibles afectados”, expuso el comisionado.
El estudio presentado por Citizen Lab en septiembre muestra que tres cuentas creadas en septiembre de 2017, así como en septiembre y octubre de 2016, siguen operando en México el programa Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group para recabar información de celulares.
En junio de 2017, organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Amnistía Internacional y Artículo 19 denunciaron el espionaje del gobierno a comunicadores y activistas, documentado por Citizen Lab.
Entre las víctimas del software que se dieron a conocer en ese momento estaban los abogados que investigaron la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa; Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, y la periodista Carmen Aristegui.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario