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México: más de 2 mil enfrentamientos violentos del narco
Autor:
Nancy Flores / @Nancy_Contra
En plena “guerra” contra el narcotráfico, los cárteles, sus
células y pandillas han protagonizado al menos 2 mil 50 conflictos
violentos –entre ellos mismos, por la lucha encarnizada del negocio
criminal, y con las fuerzas federales–, revela el análisis Los costos sociales de la (in)seguridad en México, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop).
De estos enfrentamientos, 1 mil 248 ocurrieron en el sexenio del expanista Felipe Calderón –principal responsable de la crisis humanitaria que vive nuestro país–, y 802 en los primeros 4 años del gobierno de Enrique Peña (2013-2016), por lo que la lista sería mucho más grande si se suman los 2 últimos años del presidente saliente.
Esta violencia específica cobró la vida de 19 mil 58 personas, refiere el Uppsala conflict data program de la Universidad de Uppsala (Suecia). De éstos, 6 mil 657 muertos corresponden a las refriegas registradas en los 4 primeros años del sexenio de Peña, que se caracterizó por la extrema violencia de grupos criminales y Fuerzas Armadas.
El análisis del Cesop –elaborado por el investigador parlamentario Rafael López Vega– revela que los peores episodios de violencia entre 2013 y 2016 los encabezó el Cártel de Sinaloa contra otros narcotraficantes.
No obstante, el Cártel del Golfo y los diezmados Zetas fueron los que se enfrentaron más veces entre sí: en total, 130 ocasiones. De éstas, 68 sucedieron en 2013, 28 en 2014, 20 en 2015 y 14 en 2016.
Por número de veces que pelearon, le siguen los cárteles de Juárez y de Sinaloa; en total, habrían chocado violentamente en 94 ocasiones: 54 en 2013, 18 en 2014, al siguiente año 14 y ocho en 2016.
A esta lista se suman las 64 reyertas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas: 10 en 2014, 22 en 2015 y 32 en 2016. También, los 59 conflictos violentos entre Sinaloa y el Cártel de Tijuana: 55 en 2015 y cuatro en 2016.
El aún poderoso cártel del Chapo Guzmán –quien ahora está siendo enjuiciado en una corte de Estados Unidos– también se enfrentó 56 veces al de Jalisco Nueva Generación. Mismo número –56– de combates entre Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leyva.
En esos 4 primeros años del sexenio peñista también se registraron 53 choques armados entre Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios; seguido por los 38 del cártel del Chapo contra la facción conocida como Fuerzas de Damaso, y los 37 que protagonizaron Guerreros Unidos y Los Rojos.
En el análisis Los costos sociales de la (in)seguridad en México, la lista de conflictos violentos continúa: 34 de las facciones de Sinaloa conocidas como El Pepillo y Los 28; 33 de Los Zetas con el mismo grupo del Chapo Guzmán; 29 de Los Ardillos contra Los Rojos; 21 del Cártel Independiente de Acapulco contra La Barredora.
Además, las Autodefensas Unidas de Michoacán, que no son consideradas un grupo delincuencial sino civiles armados, se habrían enfrentado en 19 ocasiones contra Los Caballeros Templarios. Otros cárteles, células y pandillas chocaron entre 14 y dos veces.
Por ello, refiere que la seguridad personal se debe reintroducir en el flujo central de una planeación del desarrollo, que busca forjar el bienestar de las personas, las familias y del todo social.
Para el investigador López Vega, en la vida cotidiana están presentes la pérdida de patrimonio, lesiones físicas, pérdida de la vida, sensación permanente de vulnerabilidad frente a la criminalidad, así como indolencia y fallas institucionales e interpersonales para forjar sentido de comunidad.
Y es que no sólo se trata de la creciente ola de delitos que sufren millones de personas a diario, sino también “el incesante número de conflictos armados entre grupos delincuenciales de distintos tamaños y también contra el gobierno, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, un conteo todavía impreciso de las desapariciones forzadas, una ola de feminicidios que no cesa, entre otras situaciones que trazan aún la ruta conflictiva en el arduo tema de los costos sociales de la inseguridad en México y signo de un proceso de anomía social cuyo significado, alcances y posibilidades de intervención aún son necesarias de encontrar”.
Según su análisis, “la aceptabilidad gubernamental del peligro y del riesgo, en consecuencia también de su acción, se ha forjado de cara a una violencia que inició sin un patrón regular, sin mostrar una tendencia, incluso podría decirse atrevidamente ‘conocida’, y ‘tolerada’ socialmente, que de forma abrupta se impuso desde los grupos del narcotráfico (grandes cárteles o pequeñas bandas), desde las bandas de secuestradores, asaltantes y extorsionadores hasta la intervención de las Fuerzas Armadas en sus distintas modalidades de operación (Ejército, Marina, Gendarmería)”.
Sobre la operación de las fuerzas federales, agrega que ésta “expresa un hecho político relativamente nuevo en el accionar del Estado mexicano que da lugar a un paradigma de seguridad, de violencia versus violencia, y de criminalización desde el Estado”.
Además, advierte que la aceptabilidad se ha generado también desde “un discurso que transmuta la violencia en un hecho que atañe al todo social, volcada a todos los espacios de la vida cotidiana (vivienda, familia, hogar, pareja, trabajo, escuela, transporte, recreación, y que acrecienta el sentimiento de inseguridad pública)”. Así, la ruta de la violencia en nuestro México y el tamaño del reto de la pacificación.
Nancy Flores
De estos enfrentamientos, 1 mil 248 ocurrieron en el sexenio del expanista Felipe Calderón –principal responsable de la crisis humanitaria que vive nuestro país–, y 802 en los primeros 4 años del gobierno de Enrique Peña (2013-2016), por lo que la lista sería mucho más grande si se suman los 2 últimos años del presidente saliente.
Esta violencia específica cobró la vida de 19 mil 58 personas, refiere el Uppsala conflict data program de la Universidad de Uppsala (Suecia). De éstos, 6 mil 657 muertos corresponden a las refriegas registradas en los 4 primeros años del sexenio de Peña, que se caracterizó por la extrema violencia de grupos criminales y Fuerzas Armadas.
El análisis del Cesop –elaborado por el investigador parlamentario Rafael López Vega– revela que los peores episodios de violencia entre 2013 y 2016 los encabezó el Cártel de Sinaloa contra otros narcotraficantes.
No obstante, el Cártel del Golfo y los diezmados Zetas fueron los que se enfrentaron más veces entre sí: en total, 130 ocasiones. De éstas, 68 sucedieron en 2013, 28 en 2014, 20 en 2015 y 14 en 2016.
Por número de veces que pelearon, le siguen los cárteles de Juárez y de Sinaloa; en total, habrían chocado violentamente en 94 ocasiones: 54 en 2013, 18 en 2014, al siguiente año 14 y ocho en 2016.
A esta lista se suman las 64 reyertas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas: 10 en 2014, 22 en 2015 y 32 en 2016. También, los 59 conflictos violentos entre Sinaloa y el Cártel de Tijuana: 55 en 2015 y cuatro en 2016.
El aún poderoso cártel del Chapo Guzmán –quien ahora está siendo enjuiciado en una corte de Estados Unidos– también se enfrentó 56 veces al de Jalisco Nueva Generación. Mismo número –56– de combates entre Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leyva.
En esos 4 primeros años del sexenio peñista también se registraron 53 choques armados entre Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios; seguido por los 38 del cártel del Chapo contra la facción conocida como Fuerzas de Damaso, y los 37 que protagonizaron Guerreros Unidos y Los Rojos.
En el análisis Los costos sociales de la (in)seguridad en México, la lista de conflictos violentos continúa: 34 de las facciones de Sinaloa conocidas como El Pepillo y Los 28; 33 de Los Zetas con el mismo grupo del Chapo Guzmán; 29 de Los Ardillos contra Los Rojos; 21 del Cártel Independiente de Acapulco contra La Barredora.
Además, las Autodefensas Unidas de Michoacán, que no son consideradas un grupo delincuencial sino civiles armados, se habrían enfrentado en 19 ocasiones contra Los Caballeros Templarios. Otros cárteles, células y pandillas chocaron entre 14 y dos veces.
La creciente inseguridad
El problema de la violencia en México, sin embargo, no se reduce a estos enfrentamientos violentos. El análisis Los costos sociales de la (in)seguridad en México señala que la creciente ola de inseguridad ha estado marcada por la continuidad de delitos de casi todo tipo, no obstante los esfuerzos en materia de reformas constitucionales, planeación del desarrollo, diseño e instrumentación de estrategias, programas sectoriales y acciones en materia de seguridad nacional y seguridad pública.Por ello, refiere que la seguridad personal se debe reintroducir en el flujo central de una planeación del desarrollo, que busca forjar el bienestar de las personas, las familias y del todo social.
Para el investigador López Vega, en la vida cotidiana están presentes la pérdida de patrimonio, lesiones físicas, pérdida de la vida, sensación permanente de vulnerabilidad frente a la criminalidad, así como indolencia y fallas institucionales e interpersonales para forjar sentido de comunidad.
Y es que no sólo se trata de la creciente ola de delitos que sufren millones de personas a diario, sino también “el incesante número de conflictos armados entre grupos delincuenciales de distintos tamaños y también contra el gobierno, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, un conteo todavía impreciso de las desapariciones forzadas, una ola de feminicidios que no cesa, entre otras situaciones que trazan aún la ruta conflictiva en el arduo tema de los costos sociales de la inseguridad en México y signo de un proceso de anomía social cuyo significado, alcances y posibilidades de intervención aún son necesarias de encontrar”.
Según su análisis, “la aceptabilidad gubernamental del peligro y del riesgo, en consecuencia también de su acción, se ha forjado de cara a una violencia que inició sin un patrón regular, sin mostrar una tendencia, incluso podría decirse atrevidamente ‘conocida’, y ‘tolerada’ socialmente, que de forma abrupta se impuso desde los grupos del narcotráfico (grandes cárteles o pequeñas bandas), desde las bandas de secuestradores, asaltantes y extorsionadores hasta la intervención de las Fuerzas Armadas en sus distintas modalidades de operación (Ejército, Marina, Gendarmería)”.
Sobre la operación de las fuerzas federales, agrega que ésta “expresa un hecho político relativamente nuevo en el accionar del Estado mexicano que da lugar a un paradigma de seguridad, de violencia versus violencia, y de criminalización desde el Estado”.
Además, advierte que la aceptabilidad se ha generado también desde “un discurso que transmuta la violencia en un hecho que atañe al todo social, volcada a todos los espacios de la vida cotidiana (vivienda, familia, hogar, pareja, trabajo, escuela, transporte, recreación, y que acrecienta el sentimiento de inseguridad pública)”. Así, la ruta de la violencia en nuestro México y el tamaño del reto de la pacificación.
Nancy Flores
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