Manifestación celebrada en Marsella en apoyo de las protestas en Sudán. (Imagen vía Shutterstock). Tasqut Bas (Vete, eso es todo)
Una serie de protestas masivas vienen produciéndose sin tregua desde hace más de dos meses en Sudán exigiendo que el presidente Omar al-Bashir dimita y allane el camino a un período de transición que marque el inicio de una democracia pluripartidista. No resulta sorprendente, al igual que en similares protestas del pasado, que el régimen de Bashir haya buscado una solución militar para sofocarlas desplegando a la policía y fuerzas de seguridad paramilitares contra pacíficos manifestantes en Jartum y en todo el país. En el momento de redactar este informe, más de sesenta personas han muerto asesinadas, muchas de ellas como resultado de las torturas perpetradas en las denominadas “casas fantasma” del gobierno, y más de dos mil activistas antigubernamentales siguen detenidos a pesar de la reiterada insistencia del régimen en que tiene la intención de liberarlos.
Resulta significativo, pese a los frecuentes pronunciamientos del gobierno alegando que las protestas son relativamente pequeñas y tienen poco impacto sobre el régimen o que las manifestaciones están esencialmente patrocinadas por saboteadores, matones o “elementos extranjeros”, que la intifada popular no solo haya producido cambios políticos importantes por parte del régimen, sino que haya socavado claramente el gobierno de Omar al-Bashir de forma y manera que amenaza con derrocar su autoritario gobierno de treinta años de duración.
Durante la última semana, a raíz de las continuas manifestaciones, huelgas y sentadas de la sociedad civil sudanesa, Bashir se vio obligado a posponer una enmienda constitucional que le iba a permitir postularse para un tercer mandato. También declaró el estado de emergencia en Jartum, disolvió el gobierno federal y reemplazó a los gobernadores locales por oficiales superiores del ejército en un intento desesperado por mantener su poder. Sin embargo, estas políticas de apaciguamiento y represión parecen haber envalentonado aún más a los manifestantes. El estado de emergencia está claramente diseñado para dar carta blanca a las fuerzas de seguridad para que hagan uso de una mayor violencia contra los manifestantes, para restringir aún más las libertades políticas y civiles, así como para reprimir a los activistas y los partidos políticos de la oposición. Inmediatamente después de que Bashir decretara el estado de emergencia, los manifestantes regresaron a las calles en más de cincuenta barrios en todo el país, especialmente en Jartum y Omdurman, pidiendo una vez más la destitución de Bashir. Gritaban, entre otros lemas, uno de los estribillos más exigentes y populares del actual levantamiento: Tasqut Bas (Vete, eso es todo).
La “periferia” como catalizador de la intifada
Las recientes protestas estallaron el 19 de diciembre de 2018 en la ciudad obrera de Atbara, en el Estado del río Nilo, aproximadamente a 320 kilómetros al norte de Jartum. Y estuvieron motivadas por el aumento, hasta el triple, del precio del pan. Comenzaron con protestas lideradas por los alumnos de secundaria. A ellos se unieron muy rápidamente miles de residentes de la ciudad de Atbara. En pocos días, las manifestaciones antigubernamentales se expandieron por una amplia gama de ciudades y pueblos de la región norte y de la capital, Jartum. Gritando consignas como “el pueblo quiere la caída del régimen” (inspiradas por los levantamientos árabes de finales de 2010 y 2011 en Túnez y Egipto, respectivamente), los manifestantes ampliaron rápidamente sus demandas de forma que fueran reflejo de los profundos agravios políticos y económicos generados por el gobierno autoritario de treinta años de Omar al-Bashir y su partido gobernante, el Partido del Congreso Nacional (PCN).
Sin embargo, a pesar del hecho de que las quejas y demandas políticas están ahora muy presentes en el levantamiento, no hay duda de que estas protestas están particularmente provocadas por agravios económicos que se remontan a las consecuencias de la secesión de Sudán del Sur en 2011. Como ya se ha señalado ampliamente, este hecho provocó la pérdida para Jartum del 75% de los ingresos del petróleo, ya que dos tercios de los recursos petroleros se concentran en el Sur y representan aproximadamente el 60% de los ingresos en moneda extranjera. El efecto fue que, a partir de 2012, el régimen de Bashir puso en marcha una serie de medidas de austeridad que motivaron diversas protestas en aquel momento, en su mayoría en Jartum y, por lo tanto, más centralizadas que las protestas actuales.
De forma parecida, uno de los factores principales de las manifestaciones actuales es la implementación de las medidas de austeridad respaldadas por el FMI, que han llevado a la eliminación de los subsidios al pan y al combustible, y que rápidamente provocaron la primera de las manifestaciones el 19 de diciembre de 2018. Sin embargo, es importante destacar que estas protestas no solo tienen su raíz en la oposición a las medidas de austeridad económica. Constituyen la reacción de una oposición, entendida en sentido amplio, a décadas de corrupción rampante, incluidas las políticas de “privatización” que transfirieron activos y riqueza a los partidarios del régimen y el robo del oro, así como de miles de millones de dólares de las ganancias del período del boom del petróleo en el país.
Un nuevo modelo de movilización y protesta
En Jartum, siguiendo el liderazgo de las ciudades de la periferia, las protestas comenzaron también como respuesta a una profunda crisis económica asociada con el aumento de los precios del combustible y del pan, así como a una grave crisis de liquidez. Pero estas demandas se convirtieron rápidamente en llamamientos para expulsar a Bashir del poder. Es importante destacar que la Asociación de Profesionales Sudaneses (APS), que asumió el liderazgo en la organización y programación de las protestas, a finales de diciembre organizó una marcha inicial hacia el Parlamento en Jartum para exigir aumentos salariales para los trabajadores del sector público y la legalización de sindicatos y asociaciones profesionales. Sin embargo, como las fuerzas de seguridad actuaron con violencia contra estas protestas pacíficas, estas demandas se convirtieron rápidamente en un llamamiento a la eliminación del Partido del Congreso Nacional gobernante, la transformación estructural de la gobernanza en Sudán y una transición a la democracia.
Estas demandas son similares a las relacionadas con anteriores protestas populares contra el régimen, incluidas las de 2011, 2012 y 2013. Sin embargo, lo más importante a tener en cuenta con respecto a las mismas es que no tienen precedentes en términos de duración y sostenibilidad (ahora van ya por su tercer mes), su distribución geográfica por todo el país y una notable coalición de grupos de jóvenes, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición. Igualmente importante es que la coordinación de estas manifestaciones ha seguido un proceso notablemente distinto, innovador y sostenido. Es fundamental resaltar esto porque muestra claramente que, al igual que el régimen dictatorial de Omar Bashir se ha enorgullecido de debilitar a la oposición para impedir cualquier amenaza a su régimen desmantelando los sindicatos, estableciendo una amplia gama de milicias paramilitares vinculadas al Estado y derribando a la oposición armada así como a activistas antigubernamentales en la sociedad civil, estos manifestantes también han aprendido de las infructuosas protestas del pasado contra el régimen.
Dirigidos por la recién creada APS, las manifestaciones en curso han sido coordinadas, programadas y diseñadas estratégicamente para subrayar los siguientes aspectos: la sostenibilidad a lo largo del tiempo en lugar de los números absolutos; su extensión a las clases medias, trabajadoras y a los barrios pobres; y la coordinación con los manifestantes en regiones lejanas de Jartum, incluido el Estado oriental en el Mar Rojo, y Darfur, al extremo oeste del país.
Además, las consignas promovidas y utilizadas por los manifestantes se han estructurado a propósito para incorporar también las quejas de un espectro más amplio de sudaneses y no solo las de la clase media y las élites étnicas y políticas centradas en Jartum y en las regiones del norte del país. Estas consignas se enmarcan esencialmente en formas diseñadas para movilizar el apoyo a través de categorías étnicas y raciales, enfatizando que la única forma de avanzar es expulsando del poder a Omar Bashir y al régimen gobernante. De esta forma subrayan el nivel endémico y sin precedentes de corrupción del régimen y sus aliados, las décadas de violaciones de los derechos humanos contra civiles en el país por parte de una amplia gama de fuerzas de seguridad y las brutales guerras emprendidas por el régimen en Darfur, el Estado del Nilo Azul, en la frontera con Sudán del Sur, y las montañas Nuba, en Kordofán del Sur.
De hecho, quizá uno de los aspectos más destacados de estas protestas, que las distinguen en gran medida de los levantamientos anteriores, no es solo la escala regional de las manifestaciones, sino el alto nivel de solidaridad, hasta ahora sin precedentes, a través de divisiones de clase en el país. Los jóvenes activistas y los miembros de las asociaciones profesionales no solo han desafiado el discurso político del Estado, sino que han desempeñado un papel importante en el desarrollo de alianzas entre clases sociales en el contexto de estas manifestaciones.
Durante la última semana se llevaron a cabo huelgas, paros laborales y sentadas no solo en los campus universitarios y las escuelas secundarias, sino también entre los empleados y trabajadores del sector privado y del sector público. Como ejemplos destacados tenemos las huelgas en curso de los trabajadores de Puerto Sudán en el Mar Rojo, que exigen la anulación de la venta del puerto sureño a una empresa extranjera, y varios paros laborales y protestas encabezados por los empleados de algunas de las compañías de telecomunicaciones más importantes y otras empresas privadas del país.
Escenarios: La perspectiva de una transición pacífica a una democracia multipartidista
Hay un aspecto igualmente importante sobre la evaluación de las perspectivas de un levantamiento que pudiera conducir a una transición a la democracia que tiene que ver con la naturaleza evolutiva y cada vez más sofisticada de las demandas de los manifestantes, ya que las protestas han continuado sin cesar. Los objetivos iniciales de los manifestantes eran simplemente expulsar del poder a Omar Bashir y su régimen. El nivel de quejas e indignación entre la población hizo de esto la prioridad más importante al comienzo de la protesta. Sin embargo, a medida que la coordinación de estas protestas se iba sofisticando cada vez más, especialmente bajo el liderazgo de la APS, en la actualidad los objetivos de la mayoría de los manifestantes no solo incluyen poner fin al régimen dictatorial de Omar Bashir, que sigue siendo una prioridad, sino también preparar el camino para un período de transición de cuatro años de duración que marcaría el comienzo de una democracia multipartidista en el país.
Por el momento, los activistas sudaneses, los partidos políticos de la oposición y una amplia franja de organizaciones de la sociedad civil están debatiendo una variedad de posibles escenarios, incluida la perspectiva de que las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) se pongan del lado de las protestas y supervisen la transición democrática como en el pasado: un golpe interno dentro de las Fuerzas Armadas, que consolidara esencialmente el gobierno autoritario bajo un nuevo liderazgo, o la desintegración del Estado como sucedió, por ejemplo, en Libia y Somalia. En última instancia, el resultado de estas protestas dependerá, y no es de extrañar, de la continuada unidad y sostenibilidad de los manifestantes, del poder y fuerza de los servicios de inteligencia y seguridad nacionales y de las milicias paramilitares, así como de la medida en que los poderes regionales externos decidan apoyar al régimen de Jartum por temor a que sus intereses regionales puedan verse socavados tras el derrocamiento de Bashir del poder.
Este equilibrio entre activistas antigubernamentales nacionales y organizaciones de la sociedad civil, el aparato de seguridad del Estado y el patrocinio externo es, por supuesto, fundamental a la hora de diseñar cualquier escenario en el futuro. Lo interesante es que las acciones más recientes de Bashir están indicando que estas manifestaciones han alterado las dinámicas y los cálculos internos del régimen. Como consecuencia del aumento de las protestas en las regiones ante las continuadas torturas y violencia contra los manifestantes, Bashir viajó a lugares que nunca antes había visitado y realizó algunas propuestas tibias, como la liberación de algunos presos políticos, pero al no apaciguarse las manifestaciones, sus leales dentro de su propio parlamento han propuesto recientemente que declare formalmente que no modificará la constitución ni se postulará para la presidencia por un tercer mandato.
Hay pocas dudas de que esto refleja la visión que tienen algunos en su círculo íntimo a la hora de buscar una salida para Bashir que logre calmar las protestas, los paros y huelgas laborales y las sentadas que han transformado las quejas iniciales de las llamadas “protestas callejeras” en un movimiento social que va a alterar el panorama político y cultural de Sudán en las próximas décadas. Un aspecto central de este cambio ha sido la crítica incisiva, e incluso la aversión, por parte los activistas ante el proyecto islamista del gobernante Partido del Congreso Nacional de Bashir y sus partidarios islamistas, proyecto que, a los ojos de la mayoría de los sudaneses, ha convertido a ese régimen nada menos que en una junta militar gobernante compuesta por tujjar al-din (mercachifles de la religión).
Según informaciones, la amplia oposición al régimen se ha extendido hasta tal punto que la propia consejería de Bashir ha reconocido que la oposición está ahora presente en “todos los hogares”, por no mencionar las muchas mezquitas en Jartum y en todo el país. En el momento de redactar este informe, parece que están surgiendo profundas divisiones dentro del propio régimen. En la mañana del 22 de febrero, el poderoso jefe de los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional de Sudán (NISS, por sus siglas en inglés), Salah Gosh, anunció que Bashir va a renunciar como jefe del gobernante Partido del Congreso Nacional y que no se va a modificar la constitución para que permita su reelección en 2020. Pero en un discurso televisado esa misma noche, Bashir contradijo las declaraciones de su jefe de inteligencia y afirmó que, aunque pospondrá el voto parlamentario para enmendar la constitución, permanecerá como jefe del Estado y declarará el estado de emergencia durante un año.
Hay pocas dudas ya de que estas manifestaciones han conseguido un éxito notable a un nivel que pocos habrían imaginado antes del 19 de diciembre. Se ha producido, ante todo, un notable fortalecimiento de la sociedad civil sudanesa, a pesar de las décadas de gobierno autoritario y de una política de división en líneas étnicas, raciales y de clase. Pero, a ese respecto, debe concretarse más. No se trata del surgimiento de una sociedad civil fuerte en un sentido vago, sino más bien de la revitalización de los sindicatos independientes, laborales y profesionales en un momento en que la mayoría habría predicho y afirmado su desaparición. Puede apreciarse asimismo un notable empoderamiento del activismo juvenil y su utilización de las redes sociales en la coordinación de las manifestaciones a través de líneas de clase, regionales y raciales, en vez de haberse limitado a expresar una sensibilidad política particularmente estrecha de clase media y élite, que es una crítica que suele dirigirse al activismo juvenil en toda la región.
Claro está que la valentía y el coraje de los jóvenes activistas en Sudán y en la región no se ponen en duda. Sin embargo, lo que vemos en Sudán hoy, además de una demostración de increíble valentía, es que existe una estrecha coordinación entre activistas en los barrios de clase media y trabajadora, en las repetidas campañas para demandar apoyos en las zonas rurales, así como una notable cooperación a través de la división de género, todo lo cual ha sustentado el cambio político y cultural que estas manifestaciones han logrado. Cuando Bashir, en reconocimiento del papel prominente de las mujeres en las manifestaciones, pidió recientemente cambios en la Ley de Orden Público que lleva décadas maltratando y degradando a las mujeres sudanesas, las activistas respondieron rápidamente que su lucha no se limita a la Ley de Orden Público, sino que se centra específicamente en la eliminación de un régimen autoritario y en la expansión de las libertades políticas y civiles para todos los sudaneses.
El amplio alcance y sostenibilidad del levantamiento en Sudán no tienen precedentes en la historia del país. Y, más específicamente, la coordinación y los vínculos entre asociaciones profesionales formales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y activistas juveniles con los segmentos populares y de la clase trabajadora de la población (que son esencialmente trabajadores de la economía informal) constituyen una de las razones más importantes de la durabilidad de las protestas. En última instancia, es el éxito de la organización en todo el espectro social formal-informal lo que ha sostenido dichas protestas. La idea de que los profesionales y los sindicatos deberían colaborar más estrechamente con los activistas y trabajadores de la calle en la economía informal no fue precisamente una visión que promovieran muchos de los actores políticos involucrados en las anteriores protestas populares. Este desarrollo ha jugado un papel clave para sostener las protestas y socavar el régimen de Bashir a tal nivel que no era fácil de imaginar cuando estalló el levantamiento en Atbara, la ciudad de al-hadid wa-al-nar (acero y fuego) en el Estado del río Nilo.
Khalid Mustafa Medani es profesor adjunto en el Instituto de Estudios Islámicos de la Universidad McGill (Montreal).
Fuente: http://www.jadaliyya.com/Details/38376/Quick-Thoughts-The-Sudanese-Protests-with-Khalid-Medani
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