Anexamos este artículo del 11 de noviembre publicado por Contralínea.
11. noviembre, 2012
Elva Mendoza
Bajo el esquema REDD+ el gobierno de Chiapas impulsa la venta
del oxígeno de la selva Lacandona al mercado de carbono. Sin consulta
pública ni transparencia, el gobernador Juan Sabines abre paso en México
a un mercado que de acuerdo con expertos pretende privatizar un bien
público: el aire. El programa piloto, confronta a las comunidades que
habitan la selva y pone en riesgo su permanencia en ella. La falta de
monitoreo, reportes o verificación de los resultados contradice el éxito
del proyecto y coloca en la incertidumbre a uno de los principales pulmones de América: la selva chiapaneca
Cada mes, el gobierno de Chiapas entrega 3 millones 356 mil pesos a
1 mil 678 comuneros a cambio de conservar la Selva Lacandona. Un
programa piloto de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación Evitada, conocido como REDD+, es el esquema bajo el cual son
entregados los recursos.
Puesto en marcha desde 2011, el programa REDD+ del gobernador Juan
Sabines Guerrero se ejecuta dentro de las comunidades Nahá, Metzabok,
Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Frontera Corozal y Ojo de Agua
Chankin, asentadas sobre 614 mil hectáreas de selva.
En 2010, los representantes de las subcomunidades de los Bienes
Comunales Zona Lacandona firmaron el Pacto por el Respeto y Conservación
a la Madre Tierra, un acuerdo con el gobierno estatal en el que se
establece el compromiso de las partes para el programa REDD+: preservar
la selva a cambio de 2 mil pesos mensuales por comunero.
Pese a su aplicación en Chiapas, REDD+ aún no es aprobado. La
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
discute los detalles de su aplicación. Y aunque México desarrolla una
estrategia nacional de REDD+, continúa en estatus de borrador.
REDD+
Frente a la crisis climática, los países integrantes del organismo
internacional han planteado, entre otros, los programas de pago por
servicios ambientales, REDD y ahora REDD+. Dichos programas tienen como
objetivo formal reducir la emisión de gases de efecto invernadero por
medio de la conservación de bosques o bien la restauración de las áreas
forestales que han sido degradadas.
El programa REDD+ se diseña para otorgar compensaciones económicas,
por parte de los países del Norte, que tienen compromisos de reducción
de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur, para
mantener en pie sus bosques.
REDD+ parte de la idea de que los bosques son sumideros de
carbono, al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero,
el dióxido de carbono.
De acuerdo con el documento REDD+ y los territorios indígenas y campesinos
del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam),
REDD es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la
captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de
certificados o bonos por captura de carbono.
A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite
sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos a la
atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar
proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de
desarrollo.
De este modo, las empresas que necesiten aumentar las emisiones por
encima de su límite compran bonos (certificados) que les representan el
derecho a emitir una cantidad determinada de residuos. Con esto, el
comprador paga por contaminar, mientras que el vendedor se ve compensado
al evitar la deforestación, la degradación y la tala.
Al no obligar a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones a
la atmósfera, el esquema es objeto de la oposición de organizaciones,
como Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, Ceccam y Asamblea Nacional
de Afectados Ambientales.
El mercado especulativo de la economía verde
Octavio
Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que estos programas no
resuelven el cambio climático. “El programa REDD y el pago por servicios
ambientales apuntan hacia la mercantilización de los bosques”.
El también miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
explica que REDD+ crea un mercado donde antes no existía. Mercado que
implica la privatización de las condiciones ambientales para la
producción de oxígeno y la captura de dióxido de carbono. “Con REDD+,
los recursos naturales son vistos como explotables, mercantilizables y,
por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”.
A decir del profesor de economía política, la Organización de las
Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor
económico a cada uno de los recursos naturales. Con ello, se promueve
claramente la mercantilización de los bienes comunes, como los bosques,
el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y
por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está
impidiendo que las empresas o los procesos industriales, de transporte o
consumo reduzcan sus emisiones.
“Mientras sigue aumentando la temperatura de la tierra, las
empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas
están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio
especulativo y ficticio.”
A la fecha no existen parámetros para establecer los precios de los
bonos de carbono o el de los recursos naturales. “Se han definido
arbitrariamente: 2 mil pesos al mes en Chiapas; en otros casos, 360
pesos por hectárea conservada al año… ¿Cuáles fueron los criterios a
partir de los que se determinaron esos precios para la conservación de
los bosques? Eso es algo que no han querido ni han sabido explicar”,
refiere Rosas Landa.
Subraya que se trata de un “problema” que la teoría económica no ha
podido resolver: establecer cuál es el valor de los recursos naturales.
Por ello pregunta si este tipo de recursos deben ser tasados en dinero,
o si, más bien, se debiera reformular el modo en que se produce y
consume la riqueza.
Advierte que en medio de la crisis climática, hídrica, tecnológica
global, resulta lucrativo conservar los bosques porque representan un
buen negocio especulativo. Pero eso no significa que en un momento
determinado la tala de bosques o la deforestación se conviertan también
en un negocio lucrativo con el fin de mantener altos los precios de los
bonos de carbono.
GCF impulsa proyectos subnacionales
En el marco de la tercera Cumbre Global de Gobernadores ante el
Cambio Climático, en noviembre de 2010, el entonces gobernador de
California, Arnold Schwarzenegger; el de Chiapas, Juan Sabines Guerrero,
y el de Acre (Brasil), entonces Arnobio Marques de Almeida Junior,
firmaron un acuerdo que establece las bases para iniciar un mercado de
compra-venta de bonos de carbono, según consta en el boletín 3258 del
gobierno de Chiapas.
Fernando Miguel Rosas Palafox, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural del estado, en entrevista con Contralínea, asegura que, no obstante los objetivos del acuerdo, Chiapas no vende bonos de carbono.
“El mercado de California todavía no está en funcionamiento.
Todavía no podrían, oficialmente, comprar bonos de carbono de Chiapas,
de Acre o de Indonesia. Se firmó un memorándum de entendimiento para una
futura relación, para estructurar nuestros programas; de alguna manera
que puedan entrar a su mercado cuando entre en vigencia. No se ha hecho
porque el mercado aún no entra en vigencia”, explica el funcionario.
Rosas Palafox señala que, aunque tienen identificado a California
como “un gran mercado en el que el gobierno de Chiapas quiere entrar”,
también se tiene el mercado voluntario a nivel internacional. “Se ha
hablado con el mercado de Brasil, pero también con México, hay muchas
empresas a nivel nacional que están muy interesadas en conservar nuestra
selva. Sí, con California se ha trabajado muchísimo, se firmó un
memorándum, son líderes en la materia. Tanto California como Acre nos
han servido mucho para generar nuestros programas y sí nos van a abrir
las puertas, pero no estamos atados al gobierno de California”.
Aunque de manera formal el gobierno de Chiapas no vende bonos de
carbono al mercado, en territorio chiapaneco hay organizaciones no
gubernamentales que sí lo hacen, señala el secretario.
Proyectos de carbono en Chiapas
Rosas Palafox ignora el número de proyectos que se ejecutan en el
estado con el perfil de la venta de bonos de carbono. “Son muchísimos;
se tiene todo tipo de programas: son para la conservación, proyectos
municipales, federales y de organizaciones… exactamente no tengo ese
dato”.
Menciona algunos ejemplos, como los programas de pago por servicios
ambientales, de conservación de la selva y actividades no dañinas para
el ambiente, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); también refiere
a Ambio (Ambiente y Bio), una organización no gubernamental ubicada en
Chiapas que coordina proyectos de manejo racional de los recursos
naturales y ambientales para la captura de carbono y quien, a decir de
Rosas Palafox, “tiene vendiendo bonos de carbono al mercado voluntario
hace muchísimos años” (sic).
Ambio, según consta en su portal de internet, a casi 15 años de su
fundación en 1997, colabora en el mercado voluntario de carbono y en el
“potencial mercado de Reducción de Emisiones de Deforestación y
Degradación”.
La organización no gubernamental Greenpeace ha detectado que en
Chiapas, además del programa piloto de REDD+, operan al menos cuatro
proyectos más de carbono forestal: Socolel’Te, establecido en 1997;
Proyecto en la Sepultura, establecido en 2008; Proyecto Piloto en la
Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, establecido en 2009; e
Integración de Esfuerzos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos
y Biodiversidad a Escala de Microcuenca en Chiapas, establecido en
2010.
Sus autores van desde instancias nacionales, como la Conafor, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el
gobierno del estado, hasta trasnacionales como Starbucks, organizaciones
como Ambio, e incluso Conservación Internacional y Pronatura-Sur que, a
decir de Octavio Rosas Landa, han trabajado en la privatización de las
Áreas Naturales Protegidas.
Infografía estática:
El financiamiento de REDD+ en Chiapas
Oficialmente, en su origen, el proyecto piloto REDD+ para Chiapas
fue financiado por un impuesto a la tenencia vehicular caduco. Sin
embargo, algunas organizaciones han denunciado que en el financiamient
también hay fondos del gobierno de Noruega; Conservación Internacional;
la Agencia Internacional para el Desarrollo, del gobierno de Estados
Unidos; la Embajada de Gran Bretaña en México, y el Fondo Mundial para
el Medio Ambiente, administrado y controlado por el Banco Mundial.
Al respecto, Rosas Palafox asegura que hasta el momento no se ha
obtenido ningún tipo de recurso internacional. “Por lineamientos y
legislaciones internacionales no se ha obtenido este recurso, se están
preparando los proyectos para que en un futuro se pueda entrar a los
mercados internacionales, por lo pronto se ha seguido conservando con
proyectos de inversión estatal”.
El catedrático de la UNAM, Octavio Rosas Landa, especifica que es
común que en los programas subnacionales de pago por servicios
ambientales y REDD los recursos aparezcan, en principio, como salidos
del gobierno estatal, pero que están siendo financiados de origen por el
Banco Mundial.
“El gobierno de Chiapas podría estar incurriendo en una deuda con
una institución financiera internacional. Una deuda financiera para los
habitantes de Chiapas”.
En ello, el economista prevé riesgos: “Lo que hoy es un subsidio
después se puede convertir en un convenio entre una empresa trasnacional
y la comunidad, un convenio privado entre particulares. Esto implica
que si los bosques no se conservan, son talados o no capturan la
cantidad de carbono establecida, la empresa puede acusar a la comunidad
de violar el contrato, con lo que abre la posibilidad de sancionar a la
comunidad o incluso de hacerla perder el bosque para ser propiedad de
una trasnacional”.
En el caso de Chiapas, de acuerdo con cálculos de la Secretaría de
Medio Ambiente y en voz de su titular, el estado cuenta con la capacidad
de capturar 200 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
“En el mercado voluntario eso podría significar un recurso por
alrededor de 1 mil 500 millones de dólares para toda la comunidad
chiapaneca”, dice a Contralínea Fernando Miguel Rosas Palafox.
Desde enero de 2012, REDD+ fue autorizado para recibir
financiamiento del Fondo Estatal Ambiental de Chiapas. No obstante, el
gobierno de Chiapas busca financiamiento del gobierno federal o de otra
institución nacional o internacional.
REDD+ en territorio indígena
En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los
pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo la tenencia ejidal o
comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el
Campo de México.
Como una conquista de la Revolución Mexicana de 1910, la mayor
proporción de los bosques y selvas mexicanos son propiedad de las
comunidades forestales y de los pueblos indígenas. No así el resto de
Latinoamérica y Asia, donde sólo el 25 por ciento de los bosques son
propiedad de las comunidades forestales. En África, pertenecen al Estado
el 98 por ciento de los bosques.
Al adquirir los bosques un valor renovado, la Organización de
Naciones Unidas ha expresado que para el correcto funcionamiento de
REDD+ es necesario establecer una posesión clara de la tierra. Sin
embargo, tal como lo indica la Ceccam, los pueblos indígenas y las
comunidades rurales no cuentan con títulos formales de propiedad de
tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos sobre
los bosques.
Ante este hecho, según la Red Indígena Ambiental Internacional,
REDD+ prepara la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos. “El
riesgo para las comunidades de los bosques es el desalojo de la tierra,
su privatización a favor de las corporaciones y las restricciones de uso
de su propio territorio a los indígenas, aunque dependen de este
hábitat para garantizar su existencia como sociedades y culturas
distintas”.
El Ceccam estima que en el mundo 1 mil 600 millones de personas,
más de un cuarto de la población, viven de los bosques; de ellas, al
menos 60 millones pertenecen a algún pueblo indígena y dependen por
completo de los bosques para su sustento, alimentación, medicina y
materiales de construcción.
Rosas Landa señala que en el proyecto que diseña Naciones Unidas se
pierde de vista que los bosques desempeñan, además de funciones
ecosistémicas –como la transformación de dióxido de carbono en oxígeno,
la captura de agua o la conservación de suelos y de biodiversidad–,
funciones sociales específicas, sobre todo en el caso de las comunidades
indígenas que tienen bosques.
“Para las comunidades, los bosques son espacios dentro de sus
territorios indispensables para el sostenimiento de su existencia
individual y colectiva, cumplen con funciones culturales, económicas y
de sustentabilidad de las comunidades.”
Sostiene que al entregarle 2 mil pesos a cada comunero a cambio de
cuidar el bosque, el Estado le enseña a las comunidades a depender de
los recursos monetarios y a adquirir medios de subsistencia producidos
por el mismo mercado que está calentando el clima. Agrega que al limitar
su uso de suelo, los obliga a abandonar la producción agrícola; con
ello, dice, los pueblos pierden su capacidad de independencia. “Un
pueblo que se puede autoalimentar es un pueblo con autonomía política y
económica”, señala.
Agrega: “Las políticas de los Estados, especialmente de los Estados
neoliberales como el mexicano, han hecho todo para impedir que las
comunidades forestales puedan vivir del manejo de sus bosques. La
destrucción de la soberanía del país comenzó por la destrucción de la
soberanía alimentaria”.
Conflicto por la tierra
En la Selva Lacandona existe un conflicto histórico por la tierra. Y
aunque en 1971 el gobierno en turno entregó a 66 comuneros certificados
agrarios, el vasto territorio lacandón es hogar de choles, tzeltales,
tojolabales y tzotziles, dueños ancestrales de la tierra que carecen de
títulos de propiedad y pese a su petición, sus derechos no han sido
reconocidos.
REDD+ ha profundizado el conflicto dentro de la zona, denunció la organización Greenpeace el 20 de septiembre pasado.
En enero de 2011, durante la entrega de recursos de REDD+, el
gobernador Juan Sabines dijo ante los comuneros “beneficiados” que de
los 170 pueblos que permanecían invadiendo alguna reserva, sólo quedan
siete.
Viven bajo amenaza de desalojo. Miguel Ángel García, coordinador
general de Maderas del Pueblo –organización no gubernamental que busca
el respeto a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades y el
respeto a los derechos de la naturaleza– relata, con pesar, que dentro
de la selva, además de las comunidades que pactan con el gobierno, cinco
pueblos resisten el embate del despojo.
Los pueblos en resistencia están dentro de la Reserva de la
Biósfera Montes Azules, área declarada así en 1978 que se extiende 321
mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco. Ahí se refugian del
hostigamiento y de la represión militar y paramilitar de la que son
objeto.
El defensor sostiene que la entrega de los 66 títulos que hizo el
gobierno en la década de 1970 fue un acto ilegal e ilegítimo, porque
dejó a la deriva a 47 pueblos que inmediatamente fueron declarados
invasores de un territorio que históricamente les pertenece.
Según el secretario de Medio Ambiente local, el gobierno del estado
no va a sacar a la fuerza a las siete comunidades que permanecen en la
Reserva de la Biósfera. Dice que el gobierno busca programas de
reubicación social, en conjunto con las comunidades para ponerlos cerca
de áreas metropolitanas donde tengan más acceso a los recursos.
Sin embargo, “no se ha encontrado alguna solución en la que estén
de acuerdo las partes, pero están conscientes de la situación, del
programa y que la mejor solución sería una reubicación; mas no se están
sacando y no se va a sacar a nadie usando la fuerza”.
—¿Hay posibilidades de que participen en el programa en lugar de ser reubicados?
—Sí, nada más ahí la dificultad que presenta es que se tienen que
hacer mediciones, actividades constantes dentro de las áreas para
verificar que no se están realizando actividades fuera de los
lineamientos (eso incrementa el costo). Se está viendo con ellos los
diferentes esquemas. Estamos abiertos a trabajar con ellos, pero lo más
benéfico para ambas partes sería poderles brindar los servicios fuera de
la Reserva.
—¿Considera que REDD+ ha profundizado los conflictos por la tierra en Chiapas?
—No, al contrario. El programa REDD lo que ha hecho es que ha
empezado un proceso de registro. Aunque, claro, como en todo surgen
conflictos, problemas, dudas de quién es el dueño de la tierra. Ha sido
benéfico más que problemático.
Ingeniería del conflicto
Rosas
Landa afirma que proyectos y programas ambientales y mineros (estos
últimos ampliamente documentados por la organización a la que
pertenece), vienen acompañados de una ingeniería del conflicto
prediseñada: “uno de los propósitos que sirve al éxodo rural es la
fabricación de un conflicto”.
Agrega que las trasnacionales pueden operar a sus anchas en
territorios divididos, porque lo que se busca es que no haya
organización colectiva que pueda frenar o detener este tipo de avances y
agresiones, y el Estado mexicano actúa como gestor, promotor y defensor
de las trasnacionales.
Miguel Ángel García coincide: “los negocios verdes, el ecoturismo y los bancos genéticos, necesitan territorio despejado [es decir], sin resistencias, sin zapatistas”.
Conservación a pesar de las políticas
Rosas Landa recalca que los bienes, propiedad de comunidades, han
sido conservados y protegidos a pesar de las políticas de gobierno, pero
que ahora la crisis financiera y ambiental de escala global pretende
ser paliada por medio de mecanismos de mercado que no van a solucionar
el problema.
“¿Por qué presionar a los campesinos y ejidatarios a que acepten
este tipo de convenios si son ellos quienes más contribuyen a que el
calentamiento global no se agrave? Y si no aceptan, ¿son ellos quienes
no quieren detener el calentamiento global?”, pregunta, con ironía, el
académico.
Para él, REDD+ “es un mecanismo extremadamente perverso” de apoyos
miserables en relación con la importancia de los bosques, se traduce a
un mecanismo que despoja a los pueblos del control de sus territorios,
un mecanismo de despojo de tierras a escala mundial. “Frente a lo que
estamos es a una entrega de la soberanía nacional a través de la entrega
de los recursos y del manejo del territorio”, concluye.
El Ceccam estima que de las 64.8 millones de hectáreas de bosques y
selvas que hay en México, 8.4 millones de hectáreas están bajo manejo
forestal, ya sea por parte de sus poseedores o a través de contratos de
las comunidades con compañías privadas para vender su bosque (sin
derribar árboles).
Espejitos por oxígenoEl Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF, por su sigla en inglés) es un órgano de colaboración subnacional entre 14 estados y provincias de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Nigeria y México, que busca integrar el programa REDD y actividades de carbono forestal a los regímenes de cumplimiento emergentes para gases de efecto invernadero.Los proyectos subnacionales de “deforestación evitada”, como REDD+, han sido rechazados por los 194 países que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluso por los gobiernos nacionales de todos los miembros del GFC, afirma Greenpeace en el documento Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones subnacionales de REDD provenientes de México, en el mercado de carbono de California.
Chevron, comprador de bonos de carbono
Chevron es la corporación más grande de California y una de las 10
corporaciones más grandes del mundo. Su refinería en Richmond, una de
las más antiguas en Estados Unidos, es una de las mayores emisoras de
carbono de California y una de las principales fuentes de contaminación
peligrosa.
Tan sólo en los últimos cinco años, la refinería ha sido citada más
de 90 veces por violaciones a las regulaciones de aire. Además,
registra un número de incidentes cada vez mayor, tanto en 2010 como en
2011. En lugar de reducir la contaminación generada donde opera, Chevron
gastó casi 4 millones de dólares en cabildeos para aprobar la Propuesta
26 en California (que evitará que los contaminadores tengan que pagar
por los impactos ambientales y de salud que provocan), mientras
proporcionó 3 millones de dólares a The Nature Conservancy para el
proyecto de Acción Climática de Guaraquecaba (compensaciones REDD+), en
Brasil.
Fuente: Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones
subnacionales de REDD provenientes de México, en el mercado de carbono
de California. Greenpeace, septiembre de 2012
No hay comentarios.:
Publicar un comentario