lunes, 18 de febrero de 2013

Condena CNDH las 'autodefensas'; van 36


Condena CNDH las 'autodefensas'; van 36

Policía •
Son expresiones “absolutamente legítimas frente a un Estado que no hace nada” y que fue “rebasado” por la violencia, señala Javier Sicilia; se arman cuatro poblados más de Tixtla contra el crimen organizado.
México • Pobladores de cuatro comunidades de Tixtla, Guerrero, se cubrieron el rostro, blandieron armas de fuego y se declararon en “autodefensa” contra grupos de la delincuencia organizada. El grupo fue conformado con asesoría de vecinos de Ayutla de los Libres y Acatempa, donde operan guardias civiles.
Con esta manifestación suman ya 36 puntos en ocho entidades del país donde los pobladores decidieron organizarse, argumentando que las autoridades no han garantizado su seguridad personal y patrimonial.
El dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, declaró que los grupos de autodefensa creados en comunidades de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Edomex son legítimos frente a un Estado inoperante.
“Es absolutamente legítimo frente a un Estado que no hace nada, un Estado rebasado, un Estado que ha dejado que el crimen organizado tenga elementos criminales también de gobierno, de las policías y del Ejército que estén dañando las poblaciones”, enfatizó.
Sin embargo, admitió: “Evidentemente pueden surgir grupos paramilitares del narco o grupos delictivos o grupos propiamente, como también ha sucedido, armados por el Estado para generar más desastres”, refirió.
Ante este escenario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la creación de grupos de autodefensa, pues “nada justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano e intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del gobierno”.
Alertó que si las autoridades de los tres niveles de gobierno no cumplen con su función esencial de brindar seguridad pública se corre “el riesgo de que estos grupos armados se extiendan a otros estados de la República ”.
La CNDH manifestó su preocupación debido a que “existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares con intereses distintos a la autoprotección, mismos que quebrantan la estabilidad de las instituciones”.
Alertó que estos grupos asuman trabajo de legisladores, agentes del Ministerio Público, jueces y, eventualmente, ejecutores de penas.
“Esta situación resulta sumamente preocupante, puesto que las violaciones al debido proceso que cometan difícilmente podrán convalidarse por las autoridades ministeriales o jueces, quienes eventualmente pueden dejar en libertad a personas probablemente responsables de delito, abonando a la impunidad lo que pretendan combatir”, puntualizó el ombudsman nacional en un comunicado de prensa.
Ayer las comunidades de El Troncón, Zacatzonapa, Tecoltzintla y El Potrero, pertenecientes a Tixtla, Guerrero, se declararon en “autodefensa” contra la delincuencia común y organizada, con el argumento de que hasta la fecha las autoridades no han garantizado la seguridad personal y patrimonial de sus habitantes.
Con pancartas fluorescentes rotuladas con la leyenda “Comunidades unidas contra la delincuencia”, un grupo de 40 hombres armados con rifles, escopetas y machetes se apostaron sobre la carretera estatal que comunica a Tixtla con el vecino municipio de Mochitlán.
Con estas cuatro suman ya siete las localidades de Tixtla que toman las armas para defenderse, pues antes lo hicieron Atliaca, Acatempa y El Durazno, donde han sido encontrados cuerpos mutilados y liberado secuestrados.
“Les queremos decir que ya no vengan aquí a hacer sus chingaderas, que se vayan y que no regresen. Nosotros queremos la paz”, señalaron los hombres, quienes sin asumirse como dirigentes, se pusieron al frente del grupo y se apostaron sobre la carretera con armas y capuchas. Hasta ahí llegaron integrantes de las policías comunitarias de Acatempa y Ayutla de los Libres para asesorarlos.
“No son legales”
Para René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, estos grupos rayan en la ilegalidad.
“No son legales, debe legalizarse su participación y alcance, tipificar en la ley sus atribuciones y ámbitos de acción con claridad.
“Es un acto de justicia por propia mano. En una valoración directa diría que no está ajustado totalmente a los procedimientos del derecho”, aseguró Isidro Pedraza Chávez, senador del PRD por Hidalgo.
Por separado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazó el proyecto de decreto planteado por el gobierno de Guerrero para darle un marco legal a las policías comunitarias, y amagó con detener al presidente municipal de Tixtla y someterlo a “reeducación” por la actitud hostil de los vecinos armados.
Con una marcha por la cabecera municipal de San Luis Acatlán, la CRAC ratificó su determinación de no ceñirse al planteamiento del jefe del Ejecutivo local, Ángel Aguirre Rivero, que pretende impulsar reformas para convertir a la policía comunitaria en coadyuvante de las autoridades reconocidas legalmente.
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