Prevenir, para un mejor porvenir

José Rubinstein

Usted y yo siendo estudiantes ¿Alguna vez irrumpimos violentamente con el rostro cubierto en las instalaciones de nuestro colegio y le prendimos fuego a la oficina del director? ¿Alguna vez amagamos con quemar a profesores, golpeamos a elementos de vigilancia, estallamos petardos y bombas molotov, destrozamos ventanales, cristales y mobiliario, arrancamos cámaras de vigilancia y tapizamos el plantel con desafiantes mantas? ¿Alguna vez impugnamos las medidas de seguridad vigentes, cuestionamos las materias contenidas en el plan de estudios o exigimos la inmediata destitución del director? ¿Alguna vez, de haber cometido dichos desmanes, la autoridad correspondiente nos hubiera conminado en plan conciliatorio a sentarnos a dialogar, ofreciendo un amplio desistimiento a cualquier cargo o demanda en contra nuestra?
Justamente, los hechos relatados corresponden a lo que ocurre —nuevamente— en el Colegio de Ciencias y Humanidades —CCH— de la UNAM, cuya dirección general, a escasos metros de la Torre de Rectoría, fue tomada el pasado 6 de febrero por un grupo de inconformes con la actualización de planes y programas de estudio, quienes además exigen el retiro de denuncias y readmisión sin represalias de los alumnos expulsados tras los actos violentos acaecidos a principios del presente mes en el plantel Naucalpan.
El llamado Frente Estudiantil de Transformación Social —FETS— se opone a los 12 puntos de la reforma académica de los CCH, propuestos desde enero 2012, de entre los cuales destaca la impartición del idioma inglés. Comprensible, ¿para qué carajos sirve hablar inglés? Igualmente dicho frente rechaza la identificación con credencial para ingresar a las instalaciones. Obvio, ¿cómo se identificarían los porros? Asimismo, estos jóvenes estudiantes se niegan  a que sean retirados los puestos de dulces en el exterior del plantel. Natural, ¿dónde entonces se proveerían de droga?
En defensa de su loable causa, un grupo de estudiantes encapuchados  esgrimió sus argumentos como saben hacerlo, prendiendo fuego a la dirección del CCH Naucalpan y lanzando petardos y bombas molotov, milagrosamente sin producir víctimas fatales. Existen concluyentes videos al respecto.
Desde luego, la enérgica reacción de las autoridades ante los violentos  hechos no se hizo esperar: de inmediato propusieron una mesa de diálogo, la directora de los CCH ofreció ampliar la consulta de actualización de planes de estudio hasta fines de noviembre y, faltaba más, prometió retirar todos los cargos en contra de los responsables de los destrozos, únicamente con la súplica de que los jóvenes estudiantes tengan a bien liberar las instalaciones retenidas.
Y precisamente porque es nuestro deber moldear a los mexicanos del mañana, que la ALDF reformó el art. 362 del Código Penal local para permitir —retroactivamente— la libertad bajo fianza a los presuntos responsables de los desmanes del 1 de diciembre pasado, al dejar de considerar como grave el delito de ataques a la paz pública.
Con bombo y platillos, el Presidente de la República instaló el Programa para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, involucrando en el mismo a nueve secretarías de Estado y la participación ciudadana, considerando prioritaria la prevención de violencia y adicciones en el ámbito escolar y familiar. Prevenir, para un mejor porvenir.
Ningún ejemplo de descomposición social resulta más pernicioso que los hechos en el CCH, en la Universidad Autónoma del DF o en las dizque marchas estudiantiles, donde la sociedad entera es agraviada por porros, por fósiles, por cobardes vándalos que ni su rostro muestran. Ante este libertinaje, el único modo de prevenir es sancionar.