Crisis periodística en el primer mundo
En
los últimos días, tres diarios calificados entre los más importantes e
influyentes en el mundo mostraron sus miserias periodísticas. Primero
fue El País, en España, al publicar una fotografía que mostraba a
un supuesto moribundo presidente venezolano Hugo Chávez, postrado en
una cama de un hospital cubano y conectado a tubos todo su cuerpo.
La
imagen, presentada en la primera plana como una primicia periodística,
de inmediato le dio la vuelta al mundo, sólo que para sorpresa de los
editores españoles era falsa y se trataba de un burdo montaje, como
revelaría posteriormente el autor en el sentido de que buscaba exhibir a
la prensa amarillista e irresponsable que sin verificar la información
se atrevía a publicarla.
Sin el mínimo rigor periodístico, El País
cayó en su propia trampa, y aunque se disculpó posteriormente, el daño a
su imagen de que practica un periodismo de excelencia se fue por los suelos,
pues sólo confirmó su línea editorial de derecha dispuesta a todo con
tal de desprestigiar a un régimen socialista y a uno de sus líderes.
Grave error periodístico que se suma a los problemas internos que vive,
desde hace varios meses, ese periódico español.
El segundo caso involucra al poderoso diario inglés The Guardian
y al corporativo mediático más grande de América Latina, Televisa. Ese
periódico, que goza de prestigio internacional, realizó una
investigación sobre la relación de negocios que tuvo Televisa con el
quipo de campaña del ahora presidente de la República, el priísta
Enrique Peña Nieto.
El resultado de ese trabajo
periodístico evidenció –algo que sabemos todos los mexicanos– un gasto
excesivo en publicidad de parte del Partido Revolucionario Institucional
para exaltar la imagen de su entonces candidato presidencial: las
publicaciones se presentaban a la audiencia como “noticias”. Lo que
parecía un trabajo impecable de la periodista responsable se vino abajo
cuando el área jurídica de Televisa consideró como una difamación lo
publicado por The Guardian y amenazó con llevar a juicio al diario inglés.
Las negociaciones entre ambos grupos mediáticos demoraron meses, pero al final The Guardian decidió abandonar a su reportera y se quebró
ante el poderío de Televisa, por lo que de común acuerdo rectificó su
publicación y ofreció disculpas a la empresa televisora mexicana.
El tercer caso, ocurrido apenas la semana pasada, involucra al periódico estadunidense The New York Times.
En su primera plana presentó una “exclusiva” que rebotó de inmediato en
todas las redacciones de la prensa impresa y electrónica en México, en
donde se afirmaba que el gobierno de Barack Obama había influido al
gobierno de Enrique Peña Nieto para impedir que un general del Ejército
Mexicano, Augusto Moisés García Ochoa, asumiera la titularidad de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debido a las dudas que tiene
Estados Unidos por supuestos vínculos del militar con el narcotráfico y
por hechos de corrupción, al cobrar presuntamente comisiones que,
asegura el diario, gestionó con empresas privadas a cambio del
otorgamiento de contratos multimillonarios.
Sin fuente alguna ni documentos que
sustentaran dicha información (sólo basada en dichos de supuestos
informantes que nunca son citados y que, dice, son militares y
funcionarios de ambos gobiernos), cinco periodistas de este
“prestigiado” diario estadunidense firman la “primicia informativa” que
no duró ni 24 horas antes de ser desmentida por los gobiernos de México y
de Estados Unidos. Y el problema no es el desmentido, pues ya estamos
acostumbrados a que ambos gobiernos desmientan información verídica,
sino la falta de sustento informativo de la noticia en cuestión.
Pero más grave aún es que en la propia nota de primera plana de The New York Times –retomada por la prensa mexicana sin reparo alguno, sólo porque provenía de la catedral del periodismo–
se desmiente que el gobierno de Obama y sus agencias de espionaje y
antidrogas hubieran encontrado evidencias de vínculos del general García
Ochoa con el crimen organizado, quien durante el sexenio pasado se
desempeñó como director general de Administración de la Sedena y
actualmente es comandante de la II Región Militar, con base en Coahuila.
La “información”, que parece más una
filtración tendenciosa generada desde dentro de la propia Secretaría de
la Defensa, porque carece de soporte periodístico alguno, no aguantó ni
siquiera 1 día. Lo único que buscaba era golpear aún más al general en desgracia que fracasó en sus aspiraciones por dirigir al máximo órgano de la defensa nacional del país.
Otro problema de la información son
las supuestas comisiones que cobraría el general por asignar contratos
de obras y servicios, y que según The New York Times ascendieron a un 10 por ciento de cada contrato asignado, lo que significaría miles de millones de dólares.
Igual que en la acusación sin pruebas
de narcotráfico, los periodistas estadunidenses no presentaron una sola
evidencia ni una declaración con fuente, y se encubren bajo el prurito
de informantes de los dos gobiernos. Tampoco revelaron qué empresas
fueron las beneficiadas y mucho menos entrevistaron a quien podría estar
involucrado.
Pero el problema no es que los
periodistas se aprovechen de las filtraciones, pues éstas son tan viejas
como el mismo periodismo y todos los reporteros abrevamos de ellas, lo
que permite en muchos casos la revelación de información que de otro
modo se mantendría oculta a pesar de ser de interés público.
El problema entonces de The New York Times
es que no tuvo rigor periodístico alguno, pues con la mínima
investigación los cinco periodistas hubieran descubierto que hay un
expediente abierto en la Sedena, y que su Órgano Interno de Control,
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea indaga
sobre la asignación de contratos multimillonarios a empresas extranjeras
y nacionales por el incumplimiento de servicio en materia de salud y
fallas en equipos relacionados con las áreas de inteligencia de la
Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual, más allá de la pésima
contratación y cumplimiento, pone en riesgo la seguridad nacional del
país.
La semana pasada publicamos en este
espacio el nombre de las empresas privadas que son investigadas y que
por instrucciones del secretario, el general Cienfuegos, dejarán de
prestar servicios a la Defensa. Estas son Distribuidora Disur,
Servicios Empresariales Begam, Zaken Internacional, Yanbal, Security
Tracking Devices, Broadlink, AVyD Solutions, todas relacionadas a las
áreas específicas de salud, inteligencia y espionaje.
En el caso del desmentido que hizo
México al periódico de Estados Unidos por conducto de la Secretaría de
Gobernación, obedeció más a buscar defender a Enrique Peña Nieto, pues
se insistió en que la designación de los secretarios de Estado compete
sólo al presidente de la República, por lo que se rechazó cualquier
injerencia del gobierno de Estados Unidos en la designación del
secretario de la Defensa.
Por supuesto que la designación la
hizo el presidente de la República, pero en materia de seguridad
nacional, como es el caso, siempre se le consulta al gobierno de Barack
Omaba por si tiene alguna información contraria a dicha designación, de
tal manera que México le otorga a Washington la capacidad de veto. Esto
es distinto.
Además, los reporteros que revisamos
permanentemente lo que sucede en las Fuerzas Armadas sabemos que hay
distintas normas para realizar compras y contratar servicios para la
Defensa. Entre ellas destacan las compras que se hacen a través de un
Fideicomiso de Administración para la Compra de Equipo Militar,
presidido por el subsecretario de la Defensa, que en el sexenio pasado
fue el general Demetrio Gaytán Ochoa, actual director general del Banco
del Ejército.
Entonces el general Gaytán autoriza
las compras que posteriormente son revisadas por el Comité de
Adquisiciones de la Sedena, presidido por el oficial mayor, que a
finales del gobierno anterior fue el general Salvador Cienfuegos Zepeda,
actual secretario de la Defensa, y también son vigiladas por el
inspector y contralor del Ejército.
Pero todo lo que tiene que ver con la
parte operativa y administrativa para compra de bienes y servicios de
salud, educación y, por supuesto, de seguridad nacional, pasa siempre
por el escritorio del secretario de la Defensa, es decir, no se adquiere
nada sin que él lo autorice, y en el gobierno pasado ese cargo lo ocupó
el general Guillermo Galván Galván (quien por cierto acaba de salir de
una delicada operación de rodilla).
Entonces las peticiones que hace el
secretario de la Defensa son enviadas al jefe del Estado Mayor
Presidencial y éste las canaliza para ser sancionadas por dicho Comité
de Adquisiciones. Una vez aprobadas, la Dirección General de
Administración, que hasta 2012 ocupó el general Moisés García Ochoa, se
encarga de adquirir los bienes a través de la Subdirección de
Adquisiciones. En todos los casos, la Sedena está obligada a cumplir la
Ley de Adquisiciones.
Hay otras compras que hace la
Secretaría de la Defensa, como las relacionadas con la seguridad
nacional, por ejemplo, el avión 787 adquirido el sexenio pasado, cuya
autorización de compra salió directamente de Los Pinos por parte del
entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, Felipe
Calderón Hinojosa, hasta noviembre de 2012.
La duda sobre la investigación que
realiza el contralor del Ejército, el general Guillermo Moreno Serrano,
es si se responsabilizará a todos aquellos que autorizaron dichas
compras en el sexenio pasado y que algunos de ellos ahora ocupan los más
altos rangos de la Secretaría de la Defensa. Parece un laberinto del
cual no podrán salir.
*Periodista
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