Dos meses del sexenio de Peña, más de dos mil ejecuciones

Leo Zuckermann

Aunque la violencia continúa en nuestro país, hay una buena noticia: la tendencia es a la baja. Durante la última quincena de 2012 ocurrieron 674 ejecuciones. Esta cifra cayó en 11% para la primera quincena de 2013 a 597 homicidios relacionados con el crimen organizado. 07/02/2013 00:30

El primer mes de este sexenio, diciembre de 2012, hubo mil 166 ejecuciones en México. El segundo mes, enero de 2013, otros mil 32. Por tanto, el acumulado de homicidios relacionados con el crimen organizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto es de dos mil 198. Esto de acuerdo a las cifras que recopila Lantia, una firma de consultores expertos en materia de seguridad en México.
Aunque la violencia continúa en nuestro país, hay una buena noticia: la tendencia es a la baja. Durante la última quincena de 2012 ocurrieron 674 ejecuciones. Esta cifra cayó en 11% para la primera quincena de 2013 a 597 homicidios relacionados con el crimen organizado. Y volvió a caer para la segunda quincena de enero a 435 ejecuciones, otra caída nada despreciable de 27%. Ojalá que esta tendencia se mantenga a la baja.
Ahora bien, hay tres casos regionales de extrema preocupación en el reporte mensual de Lantia: el estado de Nuevo León, en particular el municipio de Monterrey, el Estado de México y la ciudad de Acapulco.
Durante el mes de enero pasado, Nuevo León fue la entidad federativa más violenta de todo el país. Tuvo un incremento de 42% de ejecuciones. Superó a estados con alta presencia de cárteles del crimen organizado como Chihuahua y Sinaloa. Y dentro de Nuevo León, Monterrey destaca: se convirtió en el municipio más violento de todo el país en enero de 2013 con 64 ejecuciones, un aumento de 39% con respecto a diciembre de 2012. Resulta muy preocupante que una de las ciudades más pobladas de la República, con el gran dinamismo económico que caracteriza a los regiomontanos, se encuentre en una situación tan delicada en materia de violencia relacionada con el crimen organizado. Tanto el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, como la presidenta municipal de Monterrey, Margarita Arellanes, tendrían que hacer algo urgente para revertir esta tendencia.
El segundo caso preocupante es el Estado de México, que tuvo un incremento de 88% en las ejecuciones entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Es ya la tercera entidad federativa más violenta del país sólo detrás de Nuevo León y Chihuahua. De acuerdo con el reporte de Lantia: “En municipios del Valle de México (Toluca, Iztapalapa y Ecatepec) la violencia ha aumentado debido a la presencia de seis organizaciones criminales: el cártel del Centro y la Nueva Administración (células derivadas de La Barbie y La Mano con Ojos, células de Los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Zetas”. Se trata de un asunto de extrema urgencia: la violencia está ya muy cerca del centro neurálgico que es la capital de la República. Tanto el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, como el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, tendrían que hacer algo para solucionar este brote de violencia.
Finalmente está Acapulco. Aunque las ejecuciones en este municipio bajaron 18% de diciembre a enero, el puerto turístico aparece como la segunda ciudad más violenta del país con un total de 49 ejecuciones. La violencia continúa en Acapulco a pesar de la fuerte presencia de la Policía Federal, sobre todo en las áreas turísticas. A esta terrible situación se suma, ahora, el espeluznante caso de las ocho españolas que fueron violadas en su hotel mientras vacacionaban en Playa Bonfil. Todo esto es una pésima noticia para la principal actividad económica de Acapulco que es el turismo.
No por nada, el alcalde acapulqueño, Luis Walton, ha enviado, con lágrimas, un llamado de auxilio al presidente Peña. Tendría que atenderlo. Como debería el mandatario hacer algo, también urgente, para parar la violencia en Nuevo León y el Estado de México.
Hasta ahora, Peña Nieto le ha bajado el perfil al tema de la violencia. Está bien para posicionar otros asuntos importantes en la agenda nacional. Pero eso no significa renunciar a la obligación de la Federación de apoyar a los gobernantes locales en aquellos lugares donde se han prendido los focos rojos de la violencia.