IFE devuelve dictamen de multas a partidos a Unidad de Fiscalización

En una votación dividida, el Consejo General del IFE regresó los dictámenes de ingresos y gastos de las campañas a la Unidad de Fiscalización

Aurora Zepeda

07/02/2013 06:31

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero.- Con cinco votos a favor y tres en contra, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) devolvió a su Unidad de Fiscalización los dictámenes de ingresos y gastos de los partidos políticos en las campañas presidenciales de 2012, que proponía varias multas.
El documento original incluía sanciones, por presuntas anomalías y rebases en los topes para gastos de campaña, de 129.8 millones de pesos para Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), de 54.6 millones de pesos paraCompromiso por México (PRI-PVEM), de 2.2 millones de pesos para el PAN y de 283 mil 975 pesos para Nueva Alianza.
En la sesión se abstuvo de votar Sergio García Ramírez, luego del anuncio de que dejará el cargo. Su voto fue decisivo hace dos semanas para que el PRI fuera exonerado en el caso de los monederos electrónicos.
Además, en votación unánime se ordenó a la Unidad de Fiscalización que aclare en dicho dictamen la definición de “campañas beneficiadas”, para que sea aplicada en cada caso.
Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa, María Marván, Benito Nacif y Macarita Elizondo votaron por reenviar ese documento al director de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, a fin de que argumente de manera más clara los criterios utilizados para considerar que un gasto “beneficia” a dos o más candidatos. En la votación en lo particular se les unieron los demás consejeros.
En adición, aprobaron que el dictamen sea presentado en julio próximo, un año después de la elección presidencial y para que se tenga de manera conjunta con los resultados de la revisión de gastos de campañas para legisladores.
Al inicio de la sesión de ayer, la Unidad de Fiscalización del IFE entregó a los consejeros electorales una fe de erratas de 70 páginas, con modificaciones a 38 puntos del dictamen. Esto provocó una queja de los representantes de los partidos políticos, pues dijeron que no tuvieron tiempo de revisar el documento con esos cambios.
Durante el debate, entre una cascada de cifras, salieron numerosos temas, como cuánto cobra la Banda El Recodo por una presentación, además de que fueron presentadas fotografías de anuncios espectaculares y hasta hubo “comparecencias” debido a las mociones para cuestionar a algunos consejeros y a las negativas a contestar de otros.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, comentó que la Unidad de Fiscalización detectó a los cuatro candidatos presidenciales y a los partidos políticos que los impulsaron gastos no reportados por 126.8 millones de pesos, repartidos así: 85.7 millones de pesos de PRI-PVEM, 28.3 millones de pesos de PRD-PT-Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), 11.3 millones de pesos del PAN y 1.5 millones pesos del Panal.
El peso de los cinco votos
Lorenzo Córdova fue el primero en proponer la devolución del dictamen, ya que consideró que adolecía de una explicación clara sobre lo que se entiende por los “beneficios” obtenidos por dos o más campañas, lo que permite el prorrateo (reparto) de los gastos genéricos.
Apoyó esa posición Alfredo Figueroa, quien dijo que “la aplicación tradicional del artículo 177 D (sobre prorrateo) sin un análisis funcional y sistemático de la Constitución y del Código Electoral Federal pasó de ser un instrumento de gasto para la competencia y de las estrategias políticas a ser un instrumento de estrategia financiera cuyo propósito es acomodar el gasto y de este modo, posiblemente, lograr el no rebase de topes de gasto de campaña, pervirtiendo de este modo el sentido central del instrumento: establecer el monto de cada campaña presidencial”.
Se pronunciaron también a favor María Marván, Benito Nacif y Macarita Elizondo, aunque ésta se distanció de los argumentos de Nacif y Figueroa para tratar de cambiar y establecer los porcentajes de prorrateo, una vez que los partidos tienen esa prerrogativa por parte de la ley.
De los argumentos de los partidos a favor de regresar el dictamen destacó la participación de Javier Corral, consejero legislativo del PAN, quien mencionó que en el dictamen se informa que el equipo de Enrique Peña Nieto, quien fue el candidato presidencial de PRI-PVEM, pagó 122 mil pesos por la actución de la Banda El Recodo en un cierre de campaña en el Estadio Azteca y que la Unidad de Fiscalización contabilizó 366 mil pesos.
Indicó que la propia agrupación le hizo a él una cotización de 1.5 millones de pesos para un acto en el Estadio Azteca, con los mismos integrantes y por las mismas horas de presentación.
“El PRI está cuidando a Peña Nieto de no lastimar su imagen como Presidente de la República. El PRI tiene razón en ello,  pero no el IFE. El IFE no puede estarle cuidando la imagen a Peña Nieto ni construir un absurdo de fiscalización para no despeinarlo ni con el pétalo de una multa ante lo que fue el más dispendioso de los gastos de las campañas presidenciales”, dijo.
En defensa del documento
Leonardo Valdés Zurita calificó la investigación de la Unidad de Fiscalización como un proceso “exhaustivo e imparcial”, y agregó que la importancia de fiscalizar a fondo los recursos invertidos en las campañas políticas pretende que las elecciones se lleven a cabo de forma equitativa e imparcial.
“Que quede claro: ningún partido político puede llamarse a sorpresa por los resultados del dictamen que hoy discutimos. Todos los partidos políticos conocieron, durante las confrontas, los cuestionamientos y montos que llamaron la atención de las auditorías efectuadas por la Unidad de Fiscalización.
“A todos, sin excepción, se les explicaron las deficiencias técnicas de sus informes y se les garantizó el derecho constitucional de audiencia”, destacó.
También apoyaron el dictamen Marco Baños y Francisco Guerrero, quien apuntó que no podía acompañar la interpretación para devolverlo, “por el asunto de los precedentes y los reglamentos y, sobre todo, porque una nueva interpretación puesta sobre la mesa a instrucciones que vulneren la autonomía técnica de la Unidad de Fiscalización podría ser algo, desde mi punto de vista, riesgoso.”
El Consejo General del IFE también aceptó iniciar un procedimiento oficioso al PRI y la empresa Koleos, la cual aparece en la lista de proveedores de ese partido, aunque en el caso Monex se determinó que no había relación comercial entre ambos.