La perversión del IFE

SALVADOR GARCíA SOTO

El reciente dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE, y la polémica que ha desatado, son la prueba más clara de cómo se pervirtió a una institución a la que de su esencia ciudadana ya no le queda nada y es hoy un órgano controlado y manipulado por los partidos y sus intereses políticos. No se entenderían de otra manera las decisiones tomadas por el instituto electoral en materia de los gastos de campaña de los candidatos presidenciales, donde más que certeza, el IFE ha sembrado la sospecha y la duda.

Más allá de quién gastó más o de la multa impuesta a la coalición Movimiento Progresista, los criterios utilizados por el IFE en esta fiscalización de gastos no quedan claros, parecen disparejos y generan la percepción de un manejo político en las revisiones de los gastos. O ¿cómo entender que al PRI sólo se le haya considerado 1% de su gasto total como parte de la campaña presidencial, mientras a otros partidos el prorrateo fue de 20% o 30% del total de sus gastos a la campaña por la Presidencia?

Sin dudar de la contabilidad que hizo la Unidad de Fiscalización de los gastos de PRD-PT y Movimiento Ciudadano, y concediendo que esos tres partidos no hayan tenido a los contadores más hábiles para la presentación y justificación de sus gastos, el IFE asume el reto de querer engañar a millones de mexicanos que vivimos y presenciamos las campañas y que fuimos testigos de los gastos evidentes de cada candidato.

A nadie que haya presenciado los tres meses de proselitismo de la última elección presidencial le quedaría duda de en qué campaña abundó el dinero y esa fue la de Enrique Peña Nieto. Vuelos en aviones privados, decenas de miles de anuncios espectaculares por todo el país, costosos actos multitudinarios, abundancia de “regalos” y artículos de campaña, por no mencionar la red de promotores que fueron pagados a través de las tarjetas Monex.

Y ese es otro asunto que debilita la credibilidad en el dictamen del IFE. A la Unidad de Fiscalización le llevó meses (cinco para ser exacto) investigar el uso de las tarjetas del banco Monex en la campaña de Peña Nieto para llegar a la misma conclusión a la que llegaron varios periodistas y medios de comunicación hace cinco meses: que el PRI diseñó todo un entramado financiero, con empresas fantasmas y dueños inexistentes, para “blanquear” un dinero cuyo origen no queda claro y pagar así a “promotores del voto” en todo el país.

Los contadores del IFE, encabezados por el señor Alfredo Cristalinas -con fama de terrible en el SAT pero que acá parece hacerse de la vista gorda- confirmaron la red financiera, las empresa fantasmas, el uso del dinero para la campaña y aun así, la mayoría de consejeros del instituto, con el voto decisivo del priista Sergio García Ramírez, decidieron que el PRI ni Peña Nieto ameritaban sanción porque “no fue ilegal el uso de las tarjetas bancarias”.

Al final, dirán los contadores del IFE, quien presentó la documentación en orden y con todos los justificantes fue el PRI y no se duda que así haya sido. Pero otra vez la perversión del instituto y de todo el sistema electoral se hace presente: si tienes buenos contadores y diseñas una buena “ingeniería financiera”, libras la ley; si no los tienes, se te aplica todo el peso de la ley. Ese es el mensaje y es igualmente perverso: quien dispone de los recursos para la marrullería saldrá ganando.

Si ya era grave que al IFE ciudadano nos lo hayan arrebatado los partidos con su “consejeros de cuota”; si ya es delicado que las elecciones en México se estén ganando no sólo a base de dinero, sino de dinero de origen incierto; si ya es una burla que a quien viole los topes de campaña no le pase nada más que pagar una multa que, por onerosa que sea, termina siendo pagada por los contribuyentes, lo que nos queda es una autoridad electoral pervertida y una legislación que si no se reforma y se vuelve más estricta en los asuntos del dinero, seguirá siendo fuente de conflictos más que de certezas.