El caso Unefon, “vendetta” de Lozano (Primera Parte)
Primera parte del Reportaje original publicado en Proceso, No. 1908.
Un nuevo caso de “justicia” al estilo
calderonista, más cercano a la venganza y a la persecución política, fue
enmendado por la Secretaría de la Función Pública del actual gobierno
peñista. La dependencia revocó el pasado 13 de mayo por “notoriamente
improcedente” la sanción que la misma secretaría ordenó el 26 de octubre
de 2012, treinta y cinco días antes de que terminara el sexenio de
Felipe Calderón, en contra de Jorge Alvarez Hoth, ex subsecretario de
Comunicaciones en el gobierno de Vicente Fox.
La resolución original de la Secretaría
de la Función Pública le ordenó el 26 de octubre al ex funcionario
foxista pagar 550 millones de pesos y lo inhabilitó de cualquier cargo
durante diez años, al considerarlo responsable del “pago indebido” por
la misma cantidad a la empresa telefónica Unefon, en noviembre de 2006.
Alvarez
Hoth, ex coordinador de la precamapaña presidencial de Santiago Creel en
2012, decidió solicitar la revocación de la resolución el 16 de
noviembre de 2012. Seis meses después, la SFP revocó la resolución
emitida por el entonces director general de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la SFP, Alfonso Víctor Sáenz.
Lo paradójico es que el caso de Unefon,
único en la historia de las telecomunicaciones del país, ya había sido
resuelto mucho antes por la propia Auditoría Superior de la Federación
en 2008. En su informe sobre la cuenta pública, la ASF estableció que no
hubo irregularidad en el pago de 550 millones de pesos a la empresa de
telefonía inalámbrica, entonces propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y
que el origen de la disputa con Unefon radicó en el otorgamiento
“indebido y sin facultad para ello” de dos prórrogas autorizadas en 1998
y 1999 por el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón,
y por el titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, quienes le
permitieron a la empresa diferir el pago de 80 por ciento de una
contraprestación de 2 mil 620 millones de pesos en el otorgamiento de 18
títulos de concesión (ver Proceso, Nos. 1639 y 1642).
Salinas Pliego, en ese año, había
insistido en el pago de los restantes 46 millones de pesos de un total
de 596 millones, según la resolución emitida por el Tribunal Superior de
Justicia Fiscal y Administrativa, así como otros 3 mil 57 millones de
pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos.
En noviembre de 2009, la propia
Secretaría de la Función Pública absolvió al entonces secretario del
Trabajo, Javier Lozano, y también a Jorge Alvarez Hoth por el pago de
los 550 millones de pesos a Unefon.
Sin embargo, el 2 de agosto de 2011, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes promovió un “juicio de
lesividad” en contra de Alvarez Hoth. La Primera Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
desechó en marzo de 2012 esta demanda.
No contentos con esta resolución, en
octubre de 2012, el consejero jurídico de la presidencia de la
República, Miguel Alessio, el entonces precandidato presidencial del
PAN, Javier Lozano, promovieron ante la SFP otro procedimiento
sancionador en contra de Alvarez Hoth argumentando “nuevas
irregularidades” en el caso de Unefon.
Entrevistado por Proceso, Alvarez
Hoth no dudó en considerar su caso como “un claro ejemplo del abuso de
autoridad por parte de todos los integrantes del grupo calderonista” y
específicamente responsabilizó a Javier Lozano Alarcón, actual senador
en rebeldía en contra del dirigente nacional panista Gustavo Madero,
como el responsable de esta “persecución y vendetta política”.
“Les gusté como chivo expiatorio. Lozano
violó la ley y usó el poder como lo usa ahora para perseguir y condenar
a todos los que no formen parte del núcleo claderonista”, advirtió
Alvarez Hoth.
“Los voy a demandar penalmente y evalúo
otras acciones legales correspondientes por daño moral, así como daños y
prejuicios. ¿Creen que me pasé 6 años perseguido por los calderonistas y
voy a dejarla pasar así nomás?”, reviró el ex subsecretario foxista.
-¿Por qué revivieron el caso en octubre de 2012, a unos meses de que terminara el sexenio calderonista?
-La gota que derramó el vaso fue que
ayudé a Santiago Creel en su campaña interna por la candidatura
presidencial. Los calderonistas son excluyentes, mesiánicos. Creyeron
que yo buscaba llegar al Congreso a través de una candidatura y Lozano
lo convenció de detonar de nuevo el caso.
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