El IFE se lava las manos en el caso de compra de votos
Política •
8 Mayo 2013 - 3:31am — Carolina Rivera
Concluye que la Función Pública también debe conocer sobre los hechos denunciados, toda vez que señala a funcionarios federales.
Foto: Daniel Cruz
El proyecto será puesto a consideración del Consejo General.
México • El Instituto
Federal Electoral prevé declarar improcedente, por escapar de su
competencia, la queja de PAN y PRD ante la supuesta utilización de la
cruzada contra el hambre con fines electorales en Veracruz.
De acuerdo con el proyecto que será puesto a consideración del Consejo General, las demandas deberán ser resueltas por el Instituto Electoral Veracruzano, ya que la legislación local prevé sanciones a funcionarios federales, estatales y municipales que utilicen programas sociales para la promoción del voto.
Por lo que únicamente se da vista al IEV de la demanda contra la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga; del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de 59 servidores públicos federales, estatales y municipales.
“Dichas conductas, en caso de constituir alguna infracción a la normatividad, es con incidencia en el ámbito local, toda vez que pueden vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral de Veracruz, correspondiendo su conocimiento al Instituto Electoral Veracruzano, que es la autoridad comicial local que cuenta con las atribuciones y facultades para velar por el normal desarrollo del proceso electoral local 2012-2013 de dicha entidad federativa”, señala el documento.
Sin embargo, el proyecto de resolución establece hacer del conocimiento de la Fiscalización Especializada en Delitos Electorales, ya que las quejas hacen mención a la presunta comisión de delitos electorales en Veracruz.
Asimismo, el órgano electoral considera necesario que las Unidades de Fiscalización de los Recursos de los Partidos, tanto federal como local, deben investigar la presunta utilización de recursos públicos en las campañas del Partido Revolucionario Institucional.
Del análisis de las quejas, el IFE concluyó que la Secretaria de la Función Pública también debe conocer de los hechos denunciados, toda vez que señala a funcionarios del orden federal.
En relación con la supuesta manipulación de domicilios de los electores en la entidad, el órgano electoral también consideró que dichas conductas se encuentran fuera de su competencia y corresponde a otras áreas investigar y en su caso sancionar.
Pese a ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE negó, el pasado 3 de mayo, instrumentar medidas cautelares solicitadas por PRD y PAN para que se suspendiera la cruzada contra el hambre en la entidad, como consecuencia de las grabaciones que presuntamente acreditaban el uso electoral del programa.
De acuerdo con el IFE, el órgano no tiene facultades para ordenar la suspensión de programas sociales federales o estatales, según sea el caso, aún cuando puede instruir la suspensión de publicidad de los mismos.
Claves
El Libro Blanco
El Consejo General también conocerá el documento final del Libro Blanco con las propuestas del IFE para una reforma político-electoral.
El documento, que contiene todas las opiniones de los partidos, será presentado ante el Congreso de la Unión en busca de mejorar el contexto electoral.
De acuerdo con el proyecto que será puesto a consideración del Consejo General, las demandas deberán ser resueltas por el Instituto Electoral Veracruzano, ya que la legislación local prevé sanciones a funcionarios federales, estatales y municipales que utilicen programas sociales para la promoción del voto.
Por lo que únicamente se da vista al IEV de la demanda contra la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga; del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de 59 servidores públicos federales, estatales y municipales.
“Dichas conductas, en caso de constituir alguna infracción a la normatividad, es con incidencia en el ámbito local, toda vez que pueden vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral de Veracruz, correspondiendo su conocimiento al Instituto Electoral Veracruzano, que es la autoridad comicial local que cuenta con las atribuciones y facultades para velar por el normal desarrollo del proceso electoral local 2012-2013 de dicha entidad federativa”, señala el documento.
Sin embargo, el proyecto de resolución establece hacer del conocimiento de la Fiscalización Especializada en Delitos Electorales, ya que las quejas hacen mención a la presunta comisión de delitos electorales en Veracruz.
Asimismo, el órgano electoral considera necesario que las Unidades de Fiscalización de los Recursos de los Partidos, tanto federal como local, deben investigar la presunta utilización de recursos públicos en las campañas del Partido Revolucionario Institucional.
Del análisis de las quejas, el IFE concluyó que la Secretaria de la Función Pública también debe conocer de los hechos denunciados, toda vez que señala a funcionarios del orden federal.
En relación con la supuesta manipulación de domicilios de los electores en la entidad, el órgano electoral también consideró que dichas conductas se encuentran fuera de su competencia y corresponde a otras áreas investigar y en su caso sancionar.
Pese a ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE negó, el pasado 3 de mayo, instrumentar medidas cautelares solicitadas por PRD y PAN para que se suspendiera la cruzada contra el hambre en la entidad, como consecuencia de las grabaciones que presuntamente acreditaban el uso electoral del programa.
De acuerdo con el IFE, el órgano no tiene facultades para ordenar la suspensión de programas sociales federales o estatales, según sea el caso, aún cuando puede instruir la suspensión de publicidad de los mismos.
Claves
El Libro Blanco
El Consejo General también conocerá el documento final del Libro Blanco con las propuestas del IFE para una reforma político-electoral.
El documento, que contiene todas las opiniones de los partidos, será presentado ante el Congreso de la Unión en busca de mejorar el contexto electoral.
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