Justicia española retiró cargos de corrupción contra la infanta Cristina
Tribunal considera que no hay indicios suficientes para imputar a la hija del Rey (Foto: Archivo)
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dejó
sin efecto, este martes, la imputación judicial que pesaba contra la
infanta Cristina, hija del rey de España, y que la involucraba en el
caso de corrupción conocido como “el caso Nóos”, por el cual es
investigado su esposo, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
El tribunal consideró que no existen “indicios suficientes” para mantener la acusación contra la Infanta, motivo por el cual suspenden la imputación y la citación para declarar. Sin embargo, aclararon que se trata de una decisión provisional sobre las acusaciones por el “posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales”.
En ese sentido, acciones posteriores quedaron condicionadas a "las aclaraciones" que solicite el juez del caso Nóos, José Castro, a la Agencia Tributaria.
La decisión, que contó con dos votos a favor y uno en contra, fue comunicada a las partes en una audiencia a puertas cerradas. Ahora queda por determinar si el tribunal ofrecerá otra audiencia para decidir si mantiene o no las imputaciones por delito fiscal y, si por ello, procede a citar en calidad de imputada a la Infanta.
La Fiscalía anticorrupción y la Abogacía del Estado habían presentando un inusual recurso de apelación contra la decisión del juez instructor, José Castro, de imputar a la hija del Rey, por formar parte de la junta directiva de la Fundación Nóos.
Los abogados de la hija del rey consideran que la imputación de ciertos personajes públicos, "en especial aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado", tiene "socialmente un sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración".
Castro investiga a Urdangarín y su exsocio, Diego Torres, desde el año 2011, por presunto uso de la Fundación Nóos, una entidad “sin fines de lucro”, para apropiarse indebidamente de fondos públicos.
De acuerdo a la investigación, se desviaron a paraísos fiscales unos 6,1 millones de euros (ocho millones de dólares) de fondos públicos, pertenecientes a los gobiernos regionales de Baleares y Valencia, a través del instituto.
La prensa española coincide en que la suspensión de la imputación contra la hija del Rey no va a mejorar la imagen de la Casa Real, cuya popularidad ha caído en picado por éste y otros escándalos, como el de la fortuna del Monarca, la corrupción dentro del Partido Popular y las severas políticas de ajuste del Gobierno.
La imputación de la infanta Cristina fue la primera de un miembro de la familia real española que se ha visto sacudida por este sonado caso, justo cuando la nación atraviesa una fuerte crisis económica y política, y el gobernante Partido Popular también es investigado por corrupción administrativa.
En este mismo caso, unos correos electrónicos entregados a la justicia por Diego Torres también implicaron en los hechos de corrupción al rey Juan Carlos. No obstante, antes de ser investigado, el juzgado determinó que dicha información no eran vinculante y fue rechazada.
El tribunal consideró que no existen “indicios suficientes” para mantener la acusación contra la Infanta, motivo por el cual suspenden la imputación y la citación para declarar. Sin embargo, aclararon que se trata de una decisión provisional sobre las acusaciones por el “posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales”.
En ese sentido, acciones posteriores quedaron condicionadas a "las aclaraciones" que solicite el juez del caso Nóos, José Castro, a la Agencia Tributaria.
La decisión, que contó con dos votos a favor y uno en contra, fue comunicada a las partes en una audiencia a puertas cerradas. Ahora queda por determinar si el tribunal ofrecerá otra audiencia para decidir si mantiene o no las imputaciones por delito fiscal y, si por ello, procede a citar en calidad de imputada a la Infanta.
La Fiscalía anticorrupción y la Abogacía del Estado habían presentando un inusual recurso de apelación contra la decisión del juez instructor, José Castro, de imputar a la hija del Rey, por formar parte de la junta directiva de la Fundación Nóos.
Los abogados de la hija del rey consideran que la imputación de ciertos personajes públicos, "en especial aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado", tiene "socialmente un sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración".
Castro investiga a Urdangarín y su exsocio, Diego Torres, desde el año 2011, por presunto uso de la Fundación Nóos, una entidad “sin fines de lucro”, para apropiarse indebidamente de fondos públicos.
De acuerdo a la investigación, se desviaron a paraísos fiscales unos 6,1 millones de euros (ocho millones de dólares) de fondos públicos, pertenecientes a los gobiernos regionales de Baleares y Valencia, a través del instituto.
La prensa española coincide en que la suspensión de la imputación contra la hija del Rey no va a mejorar la imagen de la Casa Real, cuya popularidad ha caído en picado por éste y otros escándalos, como el de la fortuna del Monarca, la corrupción dentro del Partido Popular y las severas políticas de ajuste del Gobierno.
La imputación de la infanta Cristina fue la primera de un miembro de la familia real española que se ha visto sacudida por este sonado caso, justo cuando la nación atraviesa una fuerte crisis económica y política, y el gobernante Partido Popular también es investigado por corrupción administrativa.
En este mismo caso, unos correos electrónicos entregados a la justicia por Diego Torres también implicaron en los hechos de corrupción al rey Juan Carlos. No obstante, antes de ser investigado, el juzgado determinó que dicha información no eran vinculante y fue rechazada.
teleSUR-HispanTV-Télam-EuropaPress/MARL
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