¿Por qué se oponen los maestros a la reforma educativa?
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Maestros contrarios a la reforma educativa han protestado quemando edificios del gobierno y de partidos, bloqueos viales y marchas masivas.
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- Cuartoscuro
Mayo 08, 2013
El detonante de estas protestas fue la aprobación y promulgación de la reforma educativa, una serie de cambios realizados a los artículos 3° y 73° de la Constitución Política que los docentes consideran un ataque contra su estabilidad laboral y no una modificación real al modelo educativo del país.
Para Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el Distrito Federal, los cambios avalados por el Congreso de la Unión no constituyen una reforma educativa sino una reforma laboral y administrativa que no incluye planteamiento alguno en beneficio de los estudiantes.
“La intención es, fundamentalmente, afectar el régimen laboral de los maestros (...) Nosotros decimos que es una ley francamente del terror, es una ley que viene a atacar a los maestros”, señaló en entrevista con ADNPolítico.com.
La principal inconformidad es que todos los maestros deberán ser sometidos a evaluaciones y, de sus resultados, dependerá si permanecen o no en sus empleos dentro del sistema educativo nacional.
Los profesores han realizado marchas en ciudades como el Distrito Federal y Oaxaca, y han bloqueado carreteras en Michoacán y en Guerrero. Los maestros guerrerenses incluso vandalizaron edificios de gobierno e incendiaron sedes partidistas en Chilpancingo.
¿QUÉ DICE LA REFORMA EDUCATIVA?
La reforma educativa, presentada en el marco del Pacto por México, aprobada en diciembre de 2012 por el Congreso de la Unión y promulgada en febrero pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, contempla la evaluación obligatoria a los maestros, la creación del Servicio Profesional Docente y da autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
La modificación al artículo 3° constitucional establece la obligatoriedad de la evaluación para los profesores, y que los detalles serán determinados por la ley reglamentaria en esta materia.
"La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación", indica el texto constitucional actualizado.
El artículo quinto transitorio instruye a las autoridades a utilizar estas evaluaciones para concretar el servicio profesional docente.
"El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional", señala.
¿Y LA LEY REGLAMENTARIA?
Luego de aprobados los cambios constitucionales, lo siguiente es que el Congreso de la Unión apruebe la ley reglamentaria que defina cómo funcionará operativamente la reforma educativa.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, informó hace cerca de un mes que las leyes secundarias estaban listas, y que serían enviadas a los actores políticos que participan en el Pacto por México. Algunos legisladores prevén que se pueda convocar a un periodo extraordinario para este propósito.
De acuerdo con un borrador de la ley reglamentaria, publicado por el diario El Universal, el artículo 47 del anteproyecto de Ley General del Servicio Profesional Docente menciona que los maestros serán sometidos de forma obligatoria a una evaluación de forma periódica al menos cada cuatro años, y contarán con tres oportunidades para aprobarla.
En su artículo 48, el anteproyecto señala que en caso de no aprobar su primera evaluación, los docentes deben acudir a programas de regularización y presentar un segundo examen.
Si tampoco llegaran a aprobar éste, deberán volver a acudir a cursos; se evaluará entonces por tercera vez a los maestros.
“Quien no se incorpore a los programas de evaluación o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”, señala el borrador.
En el caso de los maestros con una plaza temporal, el límite para que sean despedidos será dos evaluaciones.
LA OPOSICIÓN
El artículo octavo transitorio de dicho ordenamiento especifica que no serán separados de sus cargos quienes ya cuenten con el nombramiento definitivo de profesor al momento de entrar en vigor la Ley.
No obstante, los docentes inconformes con la reforma acusan que esta situación puede cambiar. Francisco Bravo, dirigente de la sección 9 de la CNTE, comentó que el cambio legal provocará "inestabilidad laboral".
“La maniobra que vemos es que, como está en un transitorio, en un tiempo pueden quitarlo y se queda ya como una regla, con lo que empezarán a despedir a maestros con mucha antigüedad.
“El maestro que tiene 20 o 25 años de servicio, que ya se ganó una plaza base incluso por concursos, todos quedamos en la inestabilidad laboral”, consideró Bravo.
Los maestros, no sólo de la CNTE sino también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e incluso legisladores de Nueva Alianza -partido ligado al magisterio-, rechazan que la permanencia del profesorado sea condicionada.
El artículo 6 del anteproyecto establece que corresponde a las autoridades educativas locales: “someter a consideración de la Secretaría sus propuestas para el ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento que estimen pertinentes”.
Luis Antonio González Roldán, diputado de Nueva Alianza, se opuso desde las negociaciones de la reforma educativa a condicionar la permanencia de los maestros a sus resultados en la evaluación.
“Consideramos que la inclusión del término permanencia violenta el sentido social de nuestra propia Constitución. Se estatuye como condicionante constitucional en contra del magisterio nacional por encima de proteger sus derechos”, dijo en tribuna mientras se discutía la iniciativa, en diciembre pasado.
A este rechazo se sumó la entonces dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, hoy presa acusada de malversar recursos del sindicato.
"Es una palabra, en mi opinión perversa, que creo éstos que estuvieron en esa mesa metieron y que hubo resistencia del PAN para que desapareciera, y del propio PRD. Los dos partidos y yo creo que hasta el PRI: la permanencia. La permanencia pervierte la propia evaluación, va contra la evaluación", dijo en enero, en entrevista con Milenio.
Gordillo dijo entonces que, si se retirara ese particular, hubiese apoyado el proyecto.
Otra parte del magisterio busca que la reforma educativa sea abrogada, y advierte que no permitirá el avance de las leyes reglamentarias si éstas afectan sus intereses laborales.
Juan José Ortega, secretario general de la sección 18 de la CNTE, en Michoacán, afirmó que unirán al magisterio de los diferentes estados.
“Si nosotros no logramos orquestar una jornada nacional que nos dé la garantía de que esta reforma, este decreto, es abrogado, yo creo que prácticamente nada representa una solución al pliego de demandas”, expuso el líder magisterial el 30 de abril en conferencia de prensa.
Los maestros niegan que se estén oponiendo a la transformación educativa, pero consideran que ésta no puede hacerse desde las cúpulas políticas sin consultar a los sectores involucrados.
"FOCOS ROJOS" EN EL CONGRESO POR LA VIOLENCIA
Los hechos de violencia registrados durante las protestas de maestros de estados como Guerrero y Michoacán prendió los "focos rojos" en el Congreso de la Unión, donde deben discutirse y aprobarse las leyes reglamentarias de la reforma educativa.
Aunque todas las fracciones condenaron los hechos de violencia, las opiniones se encuentran divididas sobre la legitimidad de las acciones del magisterio inconforme.
Silvano Aureoles, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por el caso de Guerrero, donde los profesores destrozaron sedes de los partidos, incluida la del sol azteca.
“En este caso de las expresiones de inconformidad de las maestras y los maestros en el caso de Guerrero creo que se ha llegado a extremos ya muy graves, peligrosos.
"Las agresiones físicas, los hechos violentos solamente generan más incertidumbre y zozobra. Por eso, nosotros reiteramos el llamado a la cordura, a la civilidad, a que se sienten al diálogo”, expuso.
En tanto, otro legislador de la misma bancada, Víctor Reymundo Nájera, secretario de la Comisión de Educación, comentó que las protestas sólo buscan defender el trabajo de los maestros.
“El gobierno federal, mediante el Pacto por México, empezó al revés: primero mandó la reforma educativa a los legisladores para que la aprobaran y posteriormente llamó a los profesores a dialogar, lo cual fue un método amañado para restarle fuerza a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que sólo defiende conquistas laborales que ganó durante muchos años”, abundó.
El PAN, a través de su coordinador en la Cámara Baja, Luis Alberto Villarreal, afirmó que es necesario dejar claro que los actos vandálicos en las protestas son inaceptables.
“Debe castigarse con todo el peso de la ley y todos los delitos que se hayan configurado de acuerdo a las conductas que realizaron. Hay desde daño en propiedad ajena hasta probablemente tentativa de homicidio porque se pudo haber puesto en riesgo la vida de las personas alrededor”, afirmó en entrevista.
El coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, condenó los hechos de violencia y llamó a retomar el diálogo.
“Debemos continuar con las reformas y es por eso que hemos reiterado la invitación que ya hicimos a las maestras, a los maestros, a los líderes gremiales, a que acudan a Cámara de Diputados para que conversemos sobre sus preocupaciones, al respecto de la ley reglamentaria que habremos de hacer del artículo tercero constitucional”, aseveró.
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