Política económica de Peña Nieto promueve el desempleo
*Condiciones de empleo críticas podrían llevar un paro comparable a los niveles que España tenía en 2010
*Estado mexicano evade y transfiere obligaciones de seguridad social al empresariado, quien también se desentiende
La
política que promueve Enrique Peña Nieto, presidente de México, agrava
las condiciones de desempleo que se viven en dicha nación porque hace lo
contrario a lo que la teoría económica dicta cuando se tienen niveles
altos de desempleo: disminuye la demanda global, sube impuestos y
permite tasas de interés sumamente altas para las condiciones del país.
El incremento del precio de los bienes y
servicios de canasta básica reduce el poder de compra hacia otros
bienes más especializados, contribuyendo para ello en gran medida el
alza de los energéticos. Mientras la teoría económica refiere la
disminución de impuestos para aumentar el consumo, en México se busca
hacer exactamente lo contrario, aumentando y tratando de generalizar el
IVA además de cobrar un impuesto sobre los ingresos que duplica el mismo
concepto (ISR e IETU), siendo en realidad uno sólo disfrazado. Las
tasas de interés bancarias son sumamente altas comparados con el
desarrollo del país –castigando la inversión- sobre todo atendiendo que
estas entidades son sujetas a rescate además de que tampoco hay riesgo
de quebranto en los préstamos dados por la banca: contratan un seguro
sumamente barato a través del cual recuperan su inversión e incluso,
pueden transferirla y deducirla de otras obligaciones fiscales, siendo
en el caso de los créditos al consumo, más rentables para las mismas que
sus clientes no paguen.
Pero ¿por qué habría de preocuparle a
México el desempleo si cuenta con la 4ta tasa más baja según la OCDE?
Precisamente por lo engañoso de su cálculo. La tasa de desempleo en
dicho país asciende a 5.1%, pero lo que no se menciona es la forma en la
que esta se calcula. Como puede observarse en el cuestionario de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) basta haber realizado una
actividad en la semana a la cual se le dedicara al menos una hora y
aunque no se haya percibido ingreso de la misma, si el encuestado cree
que la volverá a realizar la misma actividad la siguiente semana aunque
fuere una sola hora, es suficiente para considerarse ‘ocupado’.
Así, si tenemos en cuenta la población
subocupada (7.8% de los ocupados) entre los cuales el 55% de ellos
manifestó una caída en el ritmo de su actividad que hace insuficientes
sus ingresos y otro 39% que destaca la búsqueda de aumentar su jornada
laboral para obtener más ingresos, además del 5.3% de los ocupados que
realizaron actividades sin pago alguno (no incluidos en los
subocupados), tendríamos una tasa de peligro de caer en condiciones de
riesgo/paro superior al 18%, un nivel similar a la Tasa de Paro que
tenía España en 2010. La diferencia está en que los desempleados en
México, no cuentan con algún garante que les ampare salvo un seguro de
desempleo en cuyo uso de su ínfima cantidad aumenta en tres años
promedio la edad en la que el trabajador habrá de jubilarse –por cierto,
con sólo el 30% de los ingresos que tenía si no realiza aportaciones
adicionales-. Para tener acceso a este seguro, debe contarse con al
menos 2 años de trabajo continuo cotizando ante el Seguro Social y no
haber pedido este apoyo en los últimos 5 años. Cabe destacar que sólo el
37% del total de ocupados en México cotiza en el Seguro Social.
En el periodo que Peña Nieto lleva al
frente de esta nación, no sólo no se han incrementado el número de
trabajadores con acceso a seguridad social sino que ha sufrido una
ligera disminución del orden de los 13 mil menos. A pesar de que la
seguridad social en los trabajos dignos son un garante constitucional de
la carta magna mexicana, el Estado confiere esta obligación a los
empresarios, siendo los más ricos quienes se olvidan de ella contratando
vía outsourcing y los inversionistas más pobres, quienes no pueden
costearla al representarles un 30% de gasto adicional a los sueldos que
pagan a los trabajadores.
Aumentar el gasto público por parte del
gobierno es una buena medida que contribuye a combatir el desempleo…
siempre que se realice de manera ordenada y eficiente. Según el IMCO de
2000 a 2010 el ejecutivo federal incrementó su gasto en cerca del 200%,
el poder Judicial en 127% y el poder legislativo en 53%. También, de
2000 a 2007 los municipios incrementaron su gasto en servicios
personales en 68% mientras que los estados lo hicieron en 29%. El
problema radica en que 6 de cada 10 pesos son destinados a salarios, es
decir, el aumento presupuestal en gasto corriente es muy superior al que
se hace en inversiones. En otras palabras, la mayor parte del
presupuesto gubernamental no genera riqueza porque además, el salario de
los puestos más altos, que son minoría, es similar al de los restantes,
que por ende son la gran mayoría. Los organismos descentralizados
creados por Peña Nieto contribuyen al engrosamiento de la burocracia y
en muchos de ellos, se aprecia una duplicidad de funciones siempre que
hay un aumento desproporcionado del aparato gubernamental frente al
crecimiento de la producción y el empleo, siendo un aliciente importante
para generar mayor pobreza y menor desarrollo.
En los últimos años el gobierno mexicano
ha destinado importantes cantidades de dinero en reservas para sostener
una paridad ‘aparentemente estable’ de su moneda ante el dólar, lo que
por un lado no deja crecer las exportaciones para combatir el desempleo y
por el otro, sostiene a la economía en una condición de mucha
fragilidad por el tamaño que la burbuja ahora representa. A ello hay que
agregar reformas legislativas deficientes en fondo y aún mucho más
deficientes en aplicación.
Desempleo juvenil
Cuatro por cada diez desempleados en el
país, son jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 20 y los 29
años. También cabe notar que el 21% del total de los desempleados
cuentan con una formación superior. La situación tiende a empeorar
cuando el Estado otorga la rectoría de la formación universitaria que no
pueden captar a institutos parasitarios que enriquecen sus bolsillos
pero no preparan a los estudiantes para emprender su propio negocio ni
para ser un profesionista capacitado que pueda emplearse, lo cual
engrosa las filas de los desempleados. Los institutos que brindan
formación superior sobrepasan las 4 mil 300 unidades en el país
provocando que el 67% de los profesionistas ocupados, lo hagan bajo un
trato subordinado. Cabe destacar que aquellos con formación superior
carecen de un mercado con condiciones de movilidad que les ayude a
emplearse de la mejor manera además.
Combate a la economía subterránea
A la informalidad se le ha atacado como
un problema cuando en realidad, se trata de una solución ante las
carencias de encontrar mejores oportunidades de desarrollo. Esta
economía subterránea emplea a dos de cada tres ocupados en el país donde
como se dijo anteriormente, el Estado no funge como garante
constitucional de sus prestaciones. Las propuestas del gabinete de Peña
Nieto están encaminadas a endurecer las acciones en contra de los mismos
en lugar de brindarles facilidades para su inclusión a la economía
formal. El 23% del total de las personas ocupadas lo hacen por cuenta
propia.
Reforma laboral no mejoró condiciones, las agravó
La reforma laboral no sólo es deficiente
en su planteamiento sino que lo es aún peor en su implementación pues
las condiciones no han mejorado desde su aplicación. El número de
afiliados al IMSS ha crecido a razón de 700 mil en 7 de los últimos 9
años –excluyendo los años de apogeo de la crisis financiera-. Desde la
reforma laboral y a 7 meses cuantificables de la misma, sacrificó los
derechos de los trabajadores para apenas superar los registros en poco
más de 300 mil. Esto es, 100 mil menos de lo esperado en años ‘normales’
y 200 mil menos de lo esperado por la implementación de la polémica
reforma.
Inseguridad afecta inversiones
México cuenta con 9 de las 50 ciudades
más peligrosas del mundo según el Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal, lo que desincentiva la entrada de inversión
extranjera directa. Al tercer trimestre del año pasado, el capital
golondrino superó en 3 veces la inversión directa, lo cual puede afectar
de manera severa las razones de cambio al contar con una liquidez
superflua. Este tipo de capital especulativo además del oportunismo,
también se deriva de las condiciones de inseguridad, que aumentan las
tasas para hacer atractivos los rendimientos pero no tanto como para
aventurarse a instalar una empresa.
Pobreza no deja creer
Solamente el 19% de los mexicanos no es
pobre ni es vulnerable a serlo por carencia de servicios tal cual señala
CONEVAL. La pobreza provoca con su desigualdad que el desarrollo se
ralentice, pues quienes viven bajo esas condiciones buscan la
supervivencia más allá de generar valores agregados que generen riqueza a
la nación. Y es que como quedó demostrado recientemente en el caso de
las elecciones de Veracruz, se lucra con los programas para fines
partidistas en lugar de ser un instrumento que iguale oportunidades ante
los menos favorecidos. Existen 11.7 millones de mexicanos en pobreza
extrema cuando sólo los beneficiarios del programa Oportunidades
ascienden a 5.8 millones de familias, esto es, 27.5 millones de personas
a los que hay que agregar al otros 8.9 millones de beneficiarios de
leche Liconsa. Los programas no llegan a los beneficiarios meta pues aún
hay 28 millones de mexicanos –uno por cada 4- que tienen carencia en el
acceso a la alimentación.
Microeconomía a escala en México
La misma política económica no puede ni
debe aplicarse a todo el país derivado de que no hay convergencia de
magnitudes macroeconómicas ni siquiera a gran nivel regional (norte,
centro y sur). Esto deriva en la poca eficiencia de los resultados
además de realizar prácticas en infraestructura que no benefician el
dinamismo económico. Las grandes inversiones en carreteras sirven para
interconectar las regiones y explotar su economía aunque en la
actualidad, estas vías federales acercan regiones cuyo costo no puede
ser pagado por quienes se verían mayormente beneficiados derivado de sus
altas cuotas, beneficiando sólo a las grandes empresas que sí pueden
costear incluso traslados más largos. Incongruencias como estas son a
las que mantienen a México en una condición de desigualdad que le impide
crecer.
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