Quito,
6 jun (PL) La Fiscalía ecuatoriana profundiza hoy el estudio de
documentos incautados de archivos de la Policía Judicial (PJ), que
corroboran existió entre 1984 y 1988 una unidad clandestina a la cual se
le atribuyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzosas.
Los documentos incautados comprueban la existencia de la unidad SIC-10,
perteneciente al Servicio de Investigación Criminal (SIC) constituido
durante el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero, con el fin
de combatir movimientos subversivos en Ecuador.
La existencia de
esa unidad fue negada siempre por círculos policiales y políticos, pese
a lo cual el Fiscal General, Galo Chiriboga, informó el hallazgo de
documentos originales con nombres de oficiales, detalles de
investigaciones y operativos que vulneraron derechos humanos.
Chiriboga manifestó que esta nueva información permitirá tener más
indicios acerca de los 138 casos de atentados a los derechos humanos
evidenciados por la Comisión de la Verdad, a fin de que puedan ser
sometidos a juicios y no queden en la impunidad.
En la
información hallada, agregó, se constató que en varios operativos
participaron miembros policiales junto con efectivos de las Fuerzas
Armadas y aseguró las evidencias recogidas se encuentran ya en cadena de
custodia.
De los 138 casos investigados por la Comisión de la
Verdad, señaló, dos ya han sido llevados a juicio y este año se espera
que otros casos lleguen a los tribunales, aunque no especificó detalles
al respecto.
El grupo SIC-10 fue constituido con agentes de
varias brigadas del SIC-Pichincha y el 28 de septiembre de 1985 se
formalizó esta unidad secreta como Unidad de Inteligencia Antisubversiva
(UIAS) y un año después como Unidad de Investigaciones Especiales
(UIES).
Entre los presuntos crímenes que se le atribuyen al SIC
están la desaparición forzada de los menores Santiago y Andrés Restrepo,
cuyos cuerpos aún no han sido encontrados a pesar de los múltiples
esfuerzos por hallarlos.
Además, la ejecución de la maestra
Consuelo Benavides (1985) y la desaparición, tortura y asesinato de
muchos ciudadanos, sospechosos de pertenecer al grupo revolucionario
clandestino Alfaro Vive Carajo (AVC).
tgj/prl |
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