Por Javier Rodriguez Roque
 Asunción,
4 jun (PL) La jueza penal paraguaya Rosa Ríos deberá decidir hoy si
acepta los cargos de la fiscalía contra 14 campesinos presos hace más de
11 meses por el sangriento desalojo policial en tierras de Curuguaty.
El 15 de junio pasado más de 300 agentes armados cargaron sobre el
asentamiento de labriegos en ese lugar, a 199 kilómetros de esta
capital, y en un violento incidente aún sin aclararse debidamente
murieron 11 campesinos y seis policías
En esta audiencia
preliminar, el fiscal Jalil Rachid, imputado sin éxito por
organizaciones campesinas pues es pariente y amigo de latifundistas de
la zona, pide fuertes condenas para los encarcelados por invasión de
propiedad privada e intento de asesinato.
Si la juez acepta los
cargos convocaría a un juicio oral y público y tendría que rechazar
entonces la petición de la defensa, la cual pidió se investigue primero
si los terrenos escenario de los hechos son estatales, lo cual echaría
por tierra la tesis de la supuesta invasión.
Un elemento
interesante sobre el tema se registró este lunes, después que fue
suspendida la sesión inicial de la audiencia, al pronunciarse sobre el
asunto Juan Carlos Ramírez, presidente del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra.
El alto funcionario afirmó que
las tierras en cuestión pertenecen al Estado a pesar de su actual
ocupación, a todas luces ilegal, por la empresa Campos Morombi, de la
familia de un político del Partido Colorado ya fallecido.
Es
decir, según los argumentos de la defensa, los verdaderos invasores son
los mencionados familiares del desaparecido político y no puede
condenarse por ese delito a los campesinos sin tierras asentados allí.
Durante la víspera, los labriegos acusados recibieron la visita de una
delegación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, acompañada
por legisladores del Frente Guasú electos en los recientes comicios,
para expresarles su solidaridad.
Igualmente, conocieron de la
carta enviada a todos los Poderes del Etado paraguayo por un grupo de
personalidades latinoamericanas encabezadas por el Premio Nobel de la
Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la exsenadora colombiana Piedad Cordoba,
entre otros.
La misiva reclamó la liberaci n inmediata de los
14 campesinos y una investigación independiente de lo realmente sucedido
en Curuguaty ante las versiones de que el tiroteo se inició por
francotiradores desconocidos portadores de armas automáticas.
Las personalidades pidieron, además, esclarecer las ejecuciones
extrajudiciales, torturas y persecuciones dirigidas contra los
campesinos, 40 de los cuales siguen prófugos por temor a perder sus
vidas.
tgj/jrr |
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