Pobre de aquel que ose disentir del Pacto por México

Pobre de aquel que ose

disentir del Pacto por México

.

Por Jaime Cárdenas*

.

El conflicto interno del PAN que llevó a la destitución de Ernesto Cordero de la coordinación de su grupo parlamentario en el Senado es más que el incidente doméstico de un partido. Es un hecho con muy importantes lecturas para entender la coyuntura y el futuro del país. Dentro de éstas, destacan las siguientes:
1) El consejo rector del Pacto por México es una entidad por encima de las instituciones formales, una suerte de Supremo Poder Conservador.
2) La agenda del Pacto por México supedita a las agendas de los partidos y del Congreso de la Unión.
3) El Pacto por México no admite entre la clase gobernante voces ni posturas disidentes.
4) Los acuerdos del Pacto por México deben ser acatados sin chistar por los miembros de la clase gobernante.
5) Las lógicas del Pacto por México son de carácter metaconstitucional.
Veamos. Resulta que los actores y representantes de la clase gobernante que han aceptado el Pacto por México no pueden realizar acción política alguna que no esté respaldada y avalada por los integrantes de ese consejo rector. Político con alguna iniciativa que no provenga del pacto queda invalidado, al igual que sus propuestas.
El consejo rector define lo que es correcto y lo que no. Dice lo que los miembros de la clase gobernante pueden hacer y lo que no.  La gota que derramó el vaso y provocó la degradación de Ernesto Cordero fue la presentación pública de un documento elaborado por senadores del PAN y del PRD: “Agenda mínima para defender y profundizar la democracia”, consistente en 30 puntos relativos a la reforma política y electoral, todos los cuales van más allá de lo que contienen el pacto y su tibio añadido.
El consejo rector del Pacto por México, a través de algunos de sus voceros, expresó que eso era inadmisible e iba más allá de los cauces permitidos.
La destitución de Cordero demuestra fehacientemente que los partidos y el Congreso se encuentran subordinados al pacto y a su tibio agregado; son sus cajas de resonancia y, al mismo tiempo, sus correas de transmisión, sus brazos o instrumentos. Los partidos y el Congreso son medios, simples vehículos para alcanzar el fin. Por tanto, el pacto no puede ser subvertido. Ninguna reforma constitucional o legal puede tener otro origen que no sea él.
Los políticos cuyos partidos firmaron el pacto no pueden disentir de la letra y del espíritu de esa entelequia. Aceptar, callar y actuar en los términos del pacto es la razón de ser de los legisladores. Los políticos de los partidos signantes del Pacto tienen prohibido ser independientes y libres.
La inviolabilidad parlamentaria sólo existe como enunciado lingüístico en el artículo 61 de la Constitución, pero carece de vigencia y de posibilidades de materialización. Las carreras políticas futuras se relacionan con los grados concretos de adhesión al Pacto. A mayor sumisión, mayor recompensa política.
Cuidado con oponerse al acuerdo o criticarlo en público, pues eso marca inexorablemente el fin de las aspiraciones políticas individuales. La disciplina ya no se exige con respecto al partido o al grupo parlamentario. Existe una disciplina primera y fundamental que consiste en acatar la agenda, las propuestas y los productos del Pacto por México y su agregado. No hacerlo así implica la muerte civil y política para dirigentes y políticos profesionales.
El Pacto por México y su añadido tienen un carácter metaconstitucional. Orientan los fines de los poderes Legislativo y Ejecutivo y, posiblemente en el futuro, los del Judicial. El pacto es el referente de los tres niveles de gobierno y sirve de marco para que toda política pública federal, estatal o municipal esté en consonancia con él.
El viejo presidencialismo mexicano revive con ropajes e instrumentos nuevos. La voluntad presidencial se expresa en el Pacto y su añadido. Es, a diferencia del pasado, una voluntad más impersonal pero más eficaz y tiene la ventaja de legitimarse a través de vías diversas a las de la fuerza.
Se legitima a través de un consenso negociado entre los tres partidos más representativos que acuerdan en un mercado de la política donde no cabe participación ciudadana, deliberación ni publicidad alguna. Es puro elitismo representativo. Es, en pocas palabras, la negación de la política democrática y del republicanismo igualitario.