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- Fecha: 21 Jun 2014
- /
- Fuente: Rocío Méndez Robles
Demandan agrupaciones de defensores y familiares de desaparecidos cifras reales
En lo que va de este sexenio han sido
víctimas de este delito 29 defensores y defensoras de derechos humanos,
frente a 59 casos que se dieron en todo el sexenio de Felipe Calderón,
concluyen las 12 agrupaciones en un comunicado.
12 agrupaciones de diversas entidades de la República denuncian
aumento de actos de hostigamiento y criminalización hacia defensores y
familiares de víctimas en los últimos meses.
Asimismo, expresan su preocupación por la presentación de las cifras oficiales de las personas desaparecidas en México. "En ellas, se evidencia la falta de aceptación de la problemática alarmante que estamos viviendo, negando incluso la existencia de las desapariciones forzadas, utilizando en el discurso de que se trata de otro tipo de 'situaciones', como el hecho de mencionar que 'son personas no localizadas, ausentes o extraviadas'.
Con estas declaraciones se sigue negando de manera sistemática, la
existencia de las desapariciones como una política de la violencia de
Estado", expresan la AFADEM-FEDEFAM (Guerrero-DistritoFederal); la
Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja
California, Sinaloa, Sonora); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos, A.C. (Nuevo León); Centro para el Desarrollo Integral de la
Mujer, A.C. (Chihuahua); CEDIMAC (Chihuahua); COFADDEM “Alzando Voces”
(Michoacán); Colectivo por la Paz Región Jalapa (Veracruz); Comité de
Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas); Comité Hasta Encontrarlos
(Distrito Federal); Laguneros por la Paz (Coahuila y Durango); Red
Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuaha); y VIDA
(Coahuila) Zacatecanos por la Paz (Zacatecas).
"La divergencia de cifras presentadas por el gobierno federal parece más una respuesta mediática y coyuntural ante la presión internacional, de familiares y de organizaciones de derechos humanos. Ya que en los hechos se demuestra la falta de voluntad política del Estado para realizar investigaciones serias que permitan contar con una base de datos confiable", insisten.
Al explicar que "la supuesta depuración de la cifra original (cerca de 27 mil personas desaparecidas) que se tenía a inicios de este sexenio, no refleja que esta violación a derechos humanos vaya en disminución.
De acuerdo con la misma cifra reconocida por la Secretaría de Gobernación, se menciona que en lo que va de este sexenio existen 8 mil desaparecidos, y sumado a la cifra 'depurada' del sexenio anterior (8 mil), da un total de 16 mil personas desaparecidas".
"Exigimos que se den a conocer los criterios bajo los cuales fue depurada esta cifra. Lo cual dará certeza tanto a familiares como a organizaciones de que el Estado está cumpliendo con la voluntad mostrada en el discurso", manifestaron los presentes en el Tercer Encuentro con Organizaciones que Acompañan a Víctimas de Desaparición (celebrado los días 20 y 21 de junio en Monterrey, Nuevo León).
Las 12 organizaciones con presencia en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas también denunciaron la inseguridad en la que los defensores realizan su tarea de promover y proteger los derechos humanos en México.
En este sentido, lamentaron el asesinato de Sandra Luz Hernández, en Sinaloa (ocurrido el 12 de mayo de este 2014), una defensora y madre de un joven desaparecido. Asimismo, mencionaron el caso de la defensora de Sonora, Martha Solórzano, quien se encuentra en riesgo a pesar de contar con el Mecanismo de Protección de Secretaría de Gobernación.
También expusieron que en marzo del 2014, representantes en Jalapa del Colectivo por la Paz, recibieron amenazas de funcionarios del gobierno de Veracruz por exigir a las autoridades investigar el paradero de personas desaparecidas, cuyas denuncias permanecen estancadas en diferentes agencias del Ministerio Público. Por su activismo en el acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición, los integrantes del Colectivo han recibido además actos intimidatorios por parte de la Secretaria de Marina, Seguridad Pública y Agencia Veracruzana de Investigaciones.
Señalaron que el 15 de mayo pasado, alrededor de 150 elementos de la Secretaria de Marina, a bordo de 15 vehículos oficiales y particulares, cercaron lo accesos a las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) supuestamente en búsqueda de un delincuente que se ocultaba en viviendas aledañas. Un capitán de la Marina informó al personal del CDHNL que solicitaban autorización para ingresar a las oficinas a revisar las instalaciones y la documentación de las quejas con el pretexto de verificar que “todo estuviera en orden”. Por estos hechos, organizaciones como CEJIL, Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, enviaron escritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, "condenando los hechos y solicitando medidas de protección para el personal del CDHNL."
Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y coordinador de enlace de Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., también denunció amenazas, agresiones, hostigamiento, tortura, criminalización y violación de derechos humanos por parte de policías municipales, estatales y federales como toda una acción orquestada en su contra a raíz del activismo que desarrolla en el noroeste del país. Ya existen denuncias públicas y quejas por estas acciones de la autoridad; estas acciones se agudizan en su contra a partir de junio de 2013 en los estados de Baja california, Sonora y Sinaloa. El último evento intimidatorio que sufrió García Leyva fue en mayo de este año.
El año pasado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos en su “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México actualización y balance”.
Por último, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada también ha registrado un grave incremento de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos que incluso han sido víctimas de desaparición forzada.
En lo que va de este sexenio han sido víctimas de este delito 29 defensores y defensoras de derechos humanos, frente a 59 casos que se dieron en todo el sexenio de Felipe Calderón, concluyen las 12 agrupaciones en un comunicado.
Asimismo, expresan su preocupación por la presentación de las cifras oficiales de las personas desaparecidas en México. "En ellas, se evidencia la falta de aceptación de la problemática alarmante que estamos viviendo, negando incluso la existencia de las desapariciones forzadas, utilizando en el discurso de que se trata de otro tipo de 'situaciones', como el hecho de mencionar que 'son personas no localizadas, ausentes o extraviadas'.
Con estas declaraciones se sigue negando de manera sistemática, la
existencia de las desapariciones como una política de la violencia de
Estado", expresan la AFADEM-FEDEFAM (Guerrero-DistritoFederal); la
Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad (Baja
California, Sinaloa, Sonora); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos, A.C. (Nuevo León); Centro para el Desarrollo Integral de la
Mujer, A.C. (Chihuahua); CEDIMAC (Chihuahua); COFADDEM “Alzando Voces”
(Michoacán); Colectivo por la Paz Región Jalapa (Veracruz); Comité de
Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas); Comité Hasta Encontrarlos
(Distrito Federal); Laguneros por la Paz (Coahuila y Durango); Red
Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana (Chihuaha); y VIDA
(Coahuila) Zacatecanos por la Paz (Zacatecas)."La divergencia de cifras presentadas por el gobierno federal parece más una respuesta mediática y coyuntural ante la presión internacional, de familiares y de organizaciones de derechos humanos. Ya que en los hechos se demuestra la falta de voluntad política del Estado para realizar investigaciones serias que permitan contar con una base de datos confiable", insisten.
Al explicar que "la supuesta depuración de la cifra original (cerca de 27 mil personas desaparecidas) que se tenía a inicios de este sexenio, no refleja que esta violación a derechos humanos vaya en disminución.
De acuerdo con la misma cifra reconocida por la Secretaría de Gobernación, se menciona que en lo que va de este sexenio existen 8 mil desaparecidos, y sumado a la cifra 'depurada' del sexenio anterior (8 mil), da un total de 16 mil personas desaparecidas".
"Exigimos que se den a conocer los criterios bajo los cuales fue depurada esta cifra. Lo cual dará certeza tanto a familiares como a organizaciones de que el Estado está cumpliendo con la voluntad mostrada en el discurso", manifestaron los presentes en el Tercer Encuentro con Organizaciones que Acompañan a Víctimas de Desaparición (celebrado los días 20 y 21 de junio en Monterrey, Nuevo León).
Las 12 organizaciones con presencia en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas también denunciaron la inseguridad en la que los defensores realizan su tarea de promover y proteger los derechos humanos en México.
En este sentido, lamentaron el asesinato de Sandra Luz Hernández, en Sinaloa (ocurrido el 12 de mayo de este 2014), una defensora y madre de un joven desaparecido. Asimismo, mencionaron el caso de la defensora de Sonora, Martha Solórzano, quien se encuentra en riesgo a pesar de contar con el Mecanismo de Protección de Secretaría de Gobernación.
También expusieron que en marzo del 2014, representantes en Jalapa del Colectivo por la Paz, recibieron amenazas de funcionarios del gobierno de Veracruz por exigir a las autoridades investigar el paradero de personas desaparecidas, cuyas denuncias permanecen estancadas en diferentes agencias del Ministerio Público. Por su activismo en el acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición, los integrantes del Colectivo han recibido además actos intimidatorios por parte de la Secretaria de Marina, Seguridad Pública y Agencia Veracruzana de Investigaciones.
Señalaron que el 15 de mayo pasado, alrededor de 150 elementos de la Secretaria de Marina, a bordo de 15 vehículos oficiales y particulares, cercaron lo accesos a las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) supuestamente en búsqueda de un delincuente que se ocultaba en viviendas aledañas. Un capitán de la Marina informó al personal del CDHNL que solicitaban autorización para ingresar a las oficinas a revisar las instalaciones y la documentación de las quejas con el pretexto de verificar que “todo estuviera en orden”. Por estos hechos, organizaciones como CEJIL, Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, enviaron escritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, "condenando los hechos y solicitando medidas de protección para el personal del CDHNL."
Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y coordinador de enlace de Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., también denunció amenazas, agresiones, hostigamiento, tortura, criminalización y violación de derechos humanos por parte de policías municipales, estatales y federales como toda una acción orquestada en su contra a raíz del activismo que desarrolla en el noroeste del país. Ya existen denuncias públicas y quejas por estas acciones de la autoridad; estas acciones se agudizan en su contra a partir de junio de 2013 en los estados de Baja california, Sonora y Sinaloa. El último evento intimidatorio que sufrió García Leyva fue en mayo de este año.
El año pasado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos en su “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México actualización y balance”.
Por último, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada también ha registrado un grave incremento de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos que incluso han sido víctimas de desaparición forzada.
En lo que va de este sexenio han sido víctimas de este delito 29 defensores y defensoras de derechos humanos, frente a 59 casos que se dieron en todo el sexenio de Felipe Calderón, concluyen las 12 agrupaciones en un comunicado.
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