El narconegocio del hierro, con protección gubernamental
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El Comisionado para el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Foto: Miguel Dimayuga |
Mil millones de dólares en cinco años es la ganancia
estimada del crimen organizado por sólo uno de sus múltiples negocios:
el robo y exportación de hierro. Michoacán, Jalisco y Colima, entidades
donde el mineral abunda, sufren el azote de los yacimientos que se
explotan en la ilegalidad o del robo simple y llano de cargamentos cuyo
destino final parece ser, en todos los casos, China. Las autoridades
desechan las denuncias y, según empresarios del ramo, en lugar de
combatir el ilícito lo protegen.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una red transoceánica de tráfico de mineral de hierro robado o extraído de yacimientos irregulares ha sido posible gracias a la protección de las autoridades mexicanas, las cuales –por omisiones, sobreseimiento de denuncias y desestimación de señalamientos– contribuyen a un negocio que se estima arrojó ganancias por mil millones de dólares apenas en un lustro.
Más allá de los informes del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, respecto a los operativos federales en los cuales se ha decomisado mineral robado, la postura asumida por los diferentes órdenes de gobierno respecto al problema, señaladamente en cuanto a la zona minera de Colima y el puerto de Manzanillo, indica que la impunidad continúa.
Las denuncias por explotaciones ilegales de hierro, así como por las operaciones presumiblemente de cárteles de la droga implicados directamente en el tráfico del mineral, se han acumulado desde 2008, la mayoría de las veces sin resultados.
Sin embargo no fue sino hasta noviembre de 2013 cuando la Secretaría de Marina tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el pasado 1 de abril, cuando asumió el de Manzanillo.
El martes 10 de junio el comisionado Castillo hizo públicos los resultados de las operaciones contra el tráfico ilegal, al cual calificó de “delito contra la riqueza nacional”: el aseguramiento de 720 mil toneladas de hierro que, según sus datos, realizó en los últimos meses la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con otras entidades gubernamentales.
Este es un adelanto del número 1964 de Proceso, ya en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una red transoceánica de tráfico de mineral de hierro robado o extraído de yacimientos irregulares ha sido posible gracias a la protección de las autoridades mexicanas, las cuales –por omisiones, sobreseimiento de denuncias y desestimación de señalamientos– contribuyen a un negocio que se estima arrojó ganancias por mil millones de dólares apenas en un lustro.
Más allá de los informes del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, respecto a los operativos federales en los cuales se ha decomisado mineral robado, la postura asumida por los diferentes órdenes de gobierno respecto al problema, señaladamente en cuanto a la zona minera de Colima y el puerto de Manzanillo, indica que la impunidad continúa.
Las denuncias por explotaciones ilegales de hierro, así como por las operaciones presumiblemente de cárteles de la droga implicados directamente en el tráfico del mineral, se han acumulado desde 2008, la mayoría de las veces sin resultados.
Sin embargo no fue sino hasta noviembre de 2013 cuando la Secretaría de Marina tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el pasado 1 de abril, cuando asumió el de Manzanillo.
El martes 10 de junio el comisionado Castillo hizo públicos los resultados de las operaciones contra el tráfico ilegal, al cual calificó de “delito contra la riqueza nacional”: el aseguramiento de 720 mil toneladas de hierro que, según sus datos, realizó en los últimos meses la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con otras entidades gubernamentales.
Este es un adelanto del número 1964 de Proceso, ya en circulación.
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