Amplía la SCJN fuero castrense
AGENCIA REFORMA / Publicada el 21/10/2014
El pleno de la Corte resolvió que los soldados acusados de delitos federales deben ser juzgados por tribunales militares.
Los
militares acusados de narcotráfico y otros delitos federales deben ser
juzgados por los tribunales castrenses, resolvió la Suprema Corte de
Justicia.
Por 6 votos contra 4, el pleno de la Corte consideró que el criterio que fijó en 2012 sobre los límites del fuero de guerra sólo aplica cuando hay civiles involucrados como víctimas o cómplices, pero no en otros escenarios.
La Corte ya había sostenido este criterio en septiembre de 2012, cuando dedicó más de un mes a revisar procesos penales contra soldados, y declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar, porque otorgaba a la justicia castrense jurisdicción sobre delitos cometidos contra civiles.
Sin embargo, dos de los ministros que votaron en esa ocasión, Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz, ya están retirados, mientras que otro más, Sergio Valls, tiene licencia por motivos de salud, lo que abría la posibilidad de una mayoría en sentido contrario.
A fin de cuentas, los Ministros Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán, que ingresaron a la Corte en diciembre de 2012, votaron por reiterar el criterio de que los casos que no involucran a civiles son de jurisdicción militar.
El caso revisado en esta ocasión fue un amparo promovido por Luis Alberto Martínez Campos, condenado en 2007 a quince años de cárcel por el Supremo Tribunal Militar por permitir el paso de una tonelada de mariguana desde Tamaulipas hacia Estados Unidos.
Con una postura menos radical, los Ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar también reiteraron su criterio de que el fuero de guerra se debe reducir a los casos que impliquen afectación a bienes o valores propiamente militares.
Por 6 votos contra 4, el pleno de la Corte consideró que el criterio que fijó en 2012 sobre los límites del fuero de guerra sólo aplica cuando hay civiles involucrados como víctimas o cómplices, pero no en otros escenarios.
La Corte ya había sostenido este criterio en septiembre de 2012, cuando dedicó más de un mes a revisar procesos penales contra soldados, y declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar, porque otorgaba a la justicia castrense jurisdicción sobre delitos cometidos contra civiles.
Sin embargo, dos de los ministros que votaron en esa ocasión, Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz, ya están retirados, mientras que otro más, Sergio Valls, tiene licencia por motivos de salud, lo que abría la posibilidad de una mayoría en sentido contrario.
A fin de cuentas, los Ministros Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán, que ingresaron a la Corte en diciembre de 2012, votaron por reiterar el criterio de que los casos que no involucran a civiles son de jurisdicción militar.
El caso revisado en esta ocasión fue un amparo promovido por Luis Alberto Martínez Campos, condenado en 2007 a quince años de cárcel por el Supremo Tribunal Militar por permitir el paso de una tonelada de mariguana desde Tamaulipas hacia Estados Unidos.
Con una postura menos radical, los Ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar también reiteraron su criterio de que el fuero de guerra se debe reducir a los casos que impliquen afectación a bienes o valores propiamente militares.
Pide tribunal autónomo
El
Auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, propuso
que sea un tribunal autónomo el que se encargue de imponer las sanciones
a los servidores públicos que incurren en responsabilidades
administrativas.
De esta manera se evitaría que la Secretaría de la Función Pública (SFP), o el órgano anticorrupción que la sustituya en el futuro, sea juez y parte, pues ellos mismos investigan y sancionan.
Portal indicó que además se necesitaría la creación de una nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos y voluntad política para llevar a cabo esta transformación.
“En la parte preventiva lo que hay que promover es el fortalecimiento del control interno, la evaluación de riesgos y la promoción de un mayor integridad de las personas en el servicio público”, dijo.
De esta manera se evitaría que la Secretaría de la Función Pública (SFP), o el órgano anticorrupción que la sustituya en el futuro, sea juez y parte, pues ellos mismos investigan y sancionan.
Portal indicó que además se necesitaría la creación de una nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos y voluntad política para llevar a cabo esta transformación.
“En la parte preventiva lo que hay que promover es el fortalecimiento del control interno, la evaluación de riesgos y la promoción de un mayor integridad de las personas en el servicio público”, dijo.
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