Después de 2 años de violencia, Peña aplica un plan de seguridad, tardío e incompleto: Organizaciones de DD. HH.
Por: Eridani Palestino /
29 noviembre, 2014
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(29 de noviembre, 2014).- El plan de seguridad presentado
por Enrique Peña Nieto ha mostrado que los derechos humanos pasan por
encima de su mandato, puesto que las diez acciones mencionadas son
“tardías e incompletas”. Ante esto diversas organizaciones a favor de
los derechos humanos, indicaron que se debe implementar “el derecho a
protestar libremente y que las instituciones de justicia garanticen los
derechos de los manifestantes sin realizar detenciones arbitrarias como
ocurrió el pasado 20 de noviembre”
La representante de Amnistía Internacional México, Mónica Oehler,
señaló que “no podemos esperar a que haya tanta crisis en materia de
derechos humanos para dar una respuesta y que la respuesta sean leyes”.
Indicó que los temas como el de Tlatlaya o Ayotzinapa, violaciones tan graves a derechos humanos, nos hacen reaccionar.
Por su parte, Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, agregó que el plan presentado por el presidente Peña Nieto es un plan tardío, ya que después de dos años de violencia salen esta serie de propuestas que tuvieron qué haber sido de las primeras durante su mandato para garantizar el estado de derecho.
Y es que el decálogo “no resuelve la corrupción, la impunidad ni la manipulación política del sistema de justicia, y que esos tópicos son los que deberían estar en el centro de atención del gobierno federal”, mencionó el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria
Por otra parte, los representantes de estas organizaciones afirmaron que estarán al pendiente del pronunciamiento que será dado a conocer mañana al medio día por el caso de los 11 jóvenes detenidos arbitrariamente el pasado 20 de noviembre durante una manifestación pacífica por el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así mismo, hicieron un llamado a la población para que a través de las redes sociales y mediante el uso del hashtag #LibresYa y #ProtestaLibre, los ciudadanos puedan protestar sin miedo el próximo 1 de diciembre, debido a que se prevé que la policía capitalina actúen con represión como en las protestas pasadas.
También agregaron que la ejecución y decapitación de 11 personas en Chilapa, Guerrero, no queda sólo en las autoridades locales, sino que se requiere que comisiones internacionales comiencen a vigilar la actuación de las autoridades, además de que se debe poner atención en la cadena de omisiones en las investigaciones que realizan las instituciones de justicia en ese estado.
Por su parte, Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, agregó que el plan presentado por el presidente Peña Nieto es un plan tardío, ya que después de dos años de violencia salen esta serie de propuestas que tuvieron qué haber sido de las primeras durante su mandato para garantizar el estado de derecho.
Y es que el decálogo “no resuelve la corrupción, la impunidad ni la manipulación política del sistema de justicia, y que esos tópicos son los que deberían estar en el centro de atención del gobierno federal”, mencionó el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria
Por otra parte, los representantes de estas organizaciones afirmaron que estarán al pendiente del pronunciamiento que será dado a conocer mañana al medio día por el caso de los 11 jóvenes detenidos arbitrariamente el pasado 20 de noviembre durante una manifestación pacífica por el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así mismo, hicieron un llamado a la población para que a través de las redes sociales y mediante el uso del hashtag #LibresYa y #ProtestaLibre, los ciudadanos puedan protestar sin miedo el próximo 1 de diciembre, debido a que se prevé que la policía capitalina actúen con represión como en las protestas pasadas.
También agregaron que la ejecución y decapitación de 11 personas en Chilapa, Guerrero, no queda sólo en las autoridades locales, sino que se requiere que comisiones internacionales comiencen a vigilar la actuación de las autoridades, además de que se debe poner atención en la cadena de omisiones en las investigaciones que realizan las instituciones de justicia en ese estado.
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