Urge Amnistía Internacional a retirar ‘acusaciones desproporcionadas’ a detenidos del #20NovMx

Cuestionan el papel de la PGR, que debería centrarse en establecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y no usar el poder del Estado contra los manifestantes.

Este viernes 28 de noviembre protestaron jóvenes dentro de Ciudad universitaria, donde estudiantes de diferentes facultades de la UNAM exigen la liberación de los detenidos el pasado 20 de noviembre. Urgen al rector José Narro tome acciones. (Foto: Cuartoscuro)

Redacción AN

noviembre 29, 2014 10:31 am

Amnistía Internacional México (AI) llamó a retirar los cargos desproporcionados, liberar urgentemente a los 11 manifestantes detenidos el pasado 20 de noviembre y una investigación inmediata sobre la actuación de la policía.
En un comunicado de prensa, AI afirmó que si la fiscalía persigue la investigación, debe presentar “pruebas suficientes contra los manifestantes, situación que no ha sucedido hasta ahora”.
Este sábado 29 de noviembre las autoridades informaron que, por los plazos legales, se dictará sentencia a los detenidos.
Además de AI, en México diversas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron este viernes en conferencia de prensa en contra de la violencia y la represión por parte de cuerpos policiales en la marcha del pasado jueves 20 de noviembre, en el marco de la 4ta Acción Global por Ayotzinapa.
Jesús Gonzáles, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, informó que se están tomando acciones para exigir la liberación de las personas detenidas arbitrariamente en la manifestación pasada.
Se reproduce el comunicado de AI:
Las autoridades mexicanas deben retirar los cargos desproporcionados y liberar urgentemente a los 11 manifestantes que han sido detenidos injustamente en dos prisiones de alta seguridad después de protestar por la desaparición de 43 estudiantes de Iguala, Guerrero manifestó Amnistía Internacional tras una audiencia crucial sobre el caso el pasado sábado.
La organización también ha pedido una investigación inmediata sobre las denuncias de que policías golpearon y amenazaron a los manifestantes durante su detención.
“La evidencia contra los 11 manifestantes es tan débil que es muy difícil entender por qué todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad siendo tratados como criminales de alta peligrosidad. Tales actos plantean la cuestión de si existe un intento deliberado para desalentar las protestas legítimas”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las tres mujeres y ocho hombres fueron acusados de asociación delictuosa, motín y el intento de homicidio de un oficial de policía. La única prueba que los incrimina es el testimonio de los cinco policías que les detuvieron. A menos que se presenten pruebas suficientes para apoyar los cargos, los manifestantes deben ser liberados.
“Si la fiscalía persigue la investigación, debe presentar prueba suficiente contra los manifestantes, situación que no ha sucedido hasta ahora. A falta de pruebas suficientes, esos cargos nunca debieron presentarse en primer lugar”
La mayoría de los detenidos que tuvieron acceso a abogados de su elección informaron que los agentes de policía les golpearon y amenazaron durante su detención. De acuerdo a sus abogados, los manifestantes tienen moretones y cicatrices alrededor de sus ojos y en sus brazos.
Las tres mujeres continúan siendo representadas por abogados designados por el Estado. Su estado de salud se desconoce. Fueron encarceladas en la prisión de alta seguridad más remota en el estado de Nayarit, a 700 kilometros de distancia de la ciudad de México, donde el contacto con familiares y abogados es extremadamente limitado.
“En vez de presentar cargos infundados contra los manifestantes, la Procuraduría General de la República debe centrarse en establecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo Erika Guevara Rosas.
Información Adicional
Cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron desde septiembre 26 de 2014.
Fueron detenidos por la policía local en la ciudad de Iguala y, de acuerdo con la investigación oficial, entregados a una banda criminal. Anteriormente se habían hecho graves denuncias de violaciones de derechos humanos y de la colusión entre las autoridades locales y el crimen organizado, pero las autoridades federales y estatales decidieron no tomar ninguna acción.
Desde su desaparición, varias fosas comunes han sido encontrados en Guerrero. Los exámenes forenses están en curso, pero hasta ahora ninguno de los restos humanos descubiertos pertenece a los estudiantes desaparecidos.
Amnistía Internacional ha documentado otros casos de abuso policial durante las manifestaciones en la ciudad de México.
El 1 de diciembre de 2012 y 2 de octubre de 2013, algunos manifestantes fueron arrestados arbitrariamente y acusados  de delitos graves. La mayoría fueron juzgados y absueltos meses después por falta de pruebas. Algunos sufrieron tortura u otras formas de malos tratos durante su arresto o durante su detención. Aunque los casos fueron documentados adecuadamente, nadie ha rendido cuentas por estos violaciones de derechos humanos.