Presos políticos en Puebla

Presos políticos en Puebla

Miguel Concha

D

esde junio de este año, el gobernador Rafael Moreno Valle, junto con los presidentes municipales de San Pedro y San Andrés Cholula, han expresado sus intenciones de convertir los alrededores de la Gran Pirámide de Cholula en un proyecto de detonación turística, llamado Parque de las Siete Culturas. Dicha construcción prevé la expropiación de diferentes terrenos alrededor del sitio, utilizados actualmente por los pobladores como lugar de esparcimiento, producción agrícola (flores y maíz), recarga de mantos acuíferos y para disfrute del paisaje, desde el cual se pueden observar la misma pirámide y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Es, además, paso obligado de las peregrinaciones de los barrios y pueblos que visitan a la Virgen de los Remedios. El proyecto del también llamado Parque Intermunicipal ha causado gran preocupación entre muchos ciudadanos que se han organizado para mantener la dignidad de Cholula, pues consideran violento edificar establecimientos comerciales, enormes explanadas de cemento y estacionamientos en ese espacio histórico, protegido por leyes federales para la conservación de vestigios arqueológicos que allí aguardan a ser explorados y son considerados sagrados.

Entre las expresiones ciudadanas del movimiento de resistencia se llevaron a cabo actos simbólicos, como el abrazo que hicieron de la Gran Pirámide tomadas de la mano cerca de mil 500 personas, para demostrar el cariño y arraigo por su tierra y sus raíces, y hacer evidente su intención de proteger el Cerrito de la Virgen de los Remedios (la pirámide), patrona de todo el Valle de Cholula, y destino de peregrinación y veneración de miles de mexicanos. Se organizaron también jornadas informativas, artísticas y académicas, en las que se compartió información sobre la masiva destrucción que se haría tanto de los vestigios arqueológicos de la ciudad como del tejido social de Cholula, que gira en torno a la veneración de la Virgen. La indignación ciudadana siguió creciendo y llevó a los pueblos de San Andrés y San Pedro a realizar una procesión religiosa en común, luego de más de dos siglos de no hacerlo juntos. El llamado fue atendido por unas ocho mil personas, que caminaron y rezaron junto a su patrona pidiendo su protección al santuario y a sus tierras.
En la zona de San Andrés las expropiaciones de los campos de la pirámide no son los únicos atropellos que actualmente ocurren en Puebla, por lo que el movimiento Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna se unió el 6 de octubre al Movimiento en Defensa de las Juntas Auxiliares y los Registros Civiles, y junto con otras agrupaciones integraron el Frente Municipal Cholulteca en Defensa de la Identidad y el Territorio, y llevaron a cabo la toma simbólica de la presidencia municipal de San Andrés, como medida para presionar al gobierno por la falta de respuestas a las inquietudes y demandas ciudadanas, expuestas en muchas ocasiones. Según reportan testimonios y medios, esa tarde se invitó y esperó primero a que todos los empleados del municipio abandonaran el edificio, para posteriormente sellar las puertas con calcomanías de clausurado y colocar una manta gigante en la fachada. Debido a la falta de respuesta de las autoridades, los manifestantes cerraron el cruce entre el Periférico y el Camino Real a Cholula, hasta que el gobierno del estado accedió a enviar a un funcionario a escuchar las demandas ciudadanas. Luego de negociaciones y acuerdos, que las autoridades municipales y estatales en definitiva no cumplieron, los y las inconformes decidieron permanecer en la plaza de la presidencia municipal, hasta que en la madrugada un operativo de más de 150 granaderos del estado, sin previo aviso, y utilizando la violencia, desalojaron al grupo y apresaron a cuatro integrantes del movimiento: Adán Xicale Huitle, Paúl Xicale Coyópol, Primo Tlachi y Albino Tlachi. Por más de ocho horas estuvieron desaparecidos, hasta que fueron presentados, incriminados con delitos como motín, privación ilegal de la libertad, despojo, daño en propiedad ajena y ataques a las vías de comunicación, por lo que podrían enfrentar hasta 52 años de prisión. Esta ofensiva violenta del gobierno ha buscado amedrentar y desarticular la movilización.

La persecución y encierro que el gobierno de Puebla impone responde agresivamente contra una manifestación ciudadana en defensa del territorio, el patrimonio cultural y la identidad que dichos espacios significan. Sin cancelar oficialmente las obras, las autoridades apuestan a la desinformación, buscando un desgaste del movimiento con el pasar del tiempo. En estos y otros casos semejantes de detenciones arbitrarias puede detectarse un uso político del derecho, tipificado técnicamente por especialistas y mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como una desviación de poder. En ésta pueden más o menos observarse todas las formalidades legales de un proceso, cuyos resultados no son deliberadamente administrar justicia a las víctimas, sino proteger otros intereses, generalmente de poderes económicos y políticos. Con ello se violentan los derechos a la libertad, al acceso a la justicia y al debido proceso de las personas, que son así castigadas por defender legítimamente sus intereses y participar en las luchas sociales de las colectividades que reivindican el derecho a la consulta previa, libre e informada, a propósito de supuestos proyectos de desarrollo que los afectan directamente.
Fue por eso que el pasado 16 de noviembre se constituyó en la ciudad de México el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, integrado por defensores de derechos humanos, académicos, artistas y comunicadores, con el fin de exigir la liberación de todos los presos de conciencia en la entidad, y detener la criminalización de la protesta social.