Este es el caso que las autoridades ignoraron por un año y por el que ahora está consignado exalcalde de Iguala
José
Luis Abarca y su mujer, María de los Ángeles Espinosa, fueron detenidos
en una casa en la delegación Iztapalapa el pasado 5 de noviembre. Se
les acusa de estar detrás de los eventos que provocaron la muerte de 6
personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26
de septiembre.
Este viernes un juez federal le informará al exalcalde de Iguala durante su declaración preparatoria que podría ser procesado por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.
Destaca que otro de los casos por los que será juzgado es el homicidio de Justino Carbajal Salgado, sobrino del perredista Félix Salgado Macedonio, ocurrido el 8 de marzo de 2013.
Ante la PGR, Abarca declaró ser inocente y no haber participado en el homicidio de estas personas, incluso dijo no conocerlas.
Autoridades ignoraron testimonio contra Abarca durante más de un año: OSC
Tras la detención el pasado 5 de noviembre de José Luis Abarca, la organización civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC) denunció en rueda de prensa ayer jueves que desde junio de 2013 denunció la responsabilidad del exalcalde de Iguala en la desaparición y posterior asesinato de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera, líderes campesinos de Unidad Popular y opositores al gobierno de Abarca que fueron privados de su libertad el 30 de mayo de 2013 junto con otras cinco personas, entre quienes se encontraba Nicolás Mendoza, sobreviviente y testigo de torturas y asesinatos de los que el exedil sería el autor intelectual y también material.
La RSDCIAC criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso del asesinato de los tres líderes campesinos hasta julio del 2014, un año después de que en junio del 2013 el Obispo José Raúl Vera solicitara ante los medios de comunicación la atracción del caso por parte de la fiscalía de la República, petición a la que también se sumaron organizaciones civiles internacionales como Human Right Watch, y la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, Sofía Lorena Mendoza, viuda de Arturo Hernández Cardona, acusó durante la conferencia de prensa al Congreso del Estado de Guerrero de retardar y entorpecer a la labor de la justicia contra José Luis Abarca. En este sentido, Mendoza, que también es regidora de Desarrollo Rural del municipio de Iguala, recordó que tras el asesinato de su marido y de dos integrantes de Unidad Popular interpuso una solicitud de desafuero contra el expresidente municipal perredista el pasado 27 de junio de 2013.
Sin embargo, la petición nunca fue contestada. Y José Luis Abarca continuó en el cargo hasta el 10 de octubre de 2014, día en el que los diputados locales guerrerenses aprobaron el juicio de revocación de mandato del experredista -a quien ya se le buscaba por los hechos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre-, un año y cuatro meses después de la denuncia de Sofía Mendoza.
Ante esta situación, tanto Sofía Mendoza, como la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, recalcaron que la detención el pasado 5 de noviembre del matrimonio Abarca en una casa de la delegación Iztapalapa “no es suficiente”, y exigieron al Gobierno mexicano que responda ante los organismos internacionales “por la omisión a este caso que trajo como consecuencia los lamentables hechos del pasado 26 de septiembre”.
Además, responsabilizaron a las autoridades federales de la integridad física y psicológica del testigo Nicolás Mendoza y su familia, “subrayando que han tenido que dejar su única propiedad que se encuentra en Iguala y que han sufrido persecución permanente e incursiones de personas armadas, en grupos mayores de seis y siempre vestidas de negro, en los lugares que han habitado y en los que han tenido que abandonar junto con sus pocas pertenencias”.
Nicolás Mendoza, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún no ha otorgado medidas cautelares de protección, a pesar de que éstas fueron solicitadas en junio del 2013 debido a que su vida corre peligro, narra en su testimonio ante notario que, además de ordenar el secuestro y la tortura de los integrantes de Unidad Popular, el exedil mató personalmente con una escopeta a Arturo Hernández Cardona dándole dos disparos, uno en la cara y otro en el pecho. En estos hechos también participó, según el testigo, el jefe de policía municipal, Felipe Flores, quien actualmente sigue prófugo tras la desaparición de los 43 normalistas.
Lee a continuación el testimonio de Nicolás Mendoza sobre cómo ocurrieron los hechos entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2013 en el que fueron asesinados tres integrantes de Unidad Popular, y por los que el exalcalde de Iguala está hoy preso:
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“¿Qué tanto estás chingando con el abono? Me voy a dar el gusto de matarte”.Quien grita, lata de cerveza en mano y escoltado por el jefe de policía municipal, es el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Es la madrugada del 1 de junio del 2013 y Nicolás Mendoza y otros siete integrantes de Unidad Popular, llevan casi dos días secuestrados, soportando torturas, y con la angustia de ver sus propias tumbas cavadas.
Todo comienza a las cuatro y media de la tarde del 30 de mayo, cuando los integrantes de la Unidad Popular van de regreso de un acto de protesta contra el alcalde de Iguala. En aquel entonces, detalla el testigo, la camioneta en la que viajan Arturo Hernández (de quien Nicolás Mendoza es su chofer), Héctor Arroyo, Efraín Amates, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Bandera y Jimmy Castrejón, es interceptada entre el tramo que va de la caseta de cobro de Iguala hasta el crucero de Tuxpan por una Cherokee color gris y una Ford Explorer roja.
De los autos salen seis personas vestidas completamente de negro y armadas con pistolas. Disparan al ingeniero Arturo Hernández en la pierna derecha para evitar cualquier tipo de resistencia, y luego los amagan a todos, les vendan los ojos, y los trasladan a un paraje a las afueras de Iguala.
“Cuatro hombres armados con cuernos de chivo nos estuvieron cuidando esa noche; uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla con forma de paleta”, cuenta Mendoza en su declaración.A la mañana siguiente, ya 31 de mayo, diez hombres con armas largas se unen a las torturas contra los integrantes de Unidad Popular. Las palizas se extienden hasta por la tarde, cuando a las 18 horas dos de los sicarios comienzan a cavar una fosa.
“Ya muy noche –dice el testigo- llegaron tres personas de los cuales conozco y conocí a dos y si me las ponen enfrente las puedo señalar y son: el presidente municipal de nombre José Luis Abarca Velázquez, al secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco. Todas ellas con una cerveza Barrilito en la mano”.
A continuación, José Luis Abarca ordena a los sicarios que continúen con la tortura de las ocho personas. Estos proceden durante un tiempo, hasta que el entonces presidente municipal de Iguala se dirige al ingeniero Arturo Hernández y le dice: “¡Qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte!”.
Los sicarios siguen cebándose con el ingeniero y luego le dan un descanso de diez minutos. En ese entonces, el director de la policía municipal lo levanta del suelo y se lo lleva hasta la fosa ubicada a unos diez metros de donde está el resto de secuestrados. Hasta allí llega José Luis Abarca, quien “le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho” a Arturo Hernández, para luego dejarlo tirado en la fosa.
Tras las detonaciones, una fuerte lluvia comienza a caer. Uno de los secuestrados trata de huir víctima del pánico, pero es interceptado por los sicarios, quien lo asesinan en el momento.
“El compañero Félix Rafael Bandera Román, al tratar de escapar fue ejecutado, lo sé y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron de regreso el cuerpo”, explica Nicolás.
“Esa noche –agrega- nos volvieron a interrogar, preguntándonos nuestras direcciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo Hernández y nuestra participación en la Unidad Popular. Desde ese momento se dedicaron a amenazarnos; sólo decían entre ellos que tenían que esperar para ejecutarnos, se dedicaron a excavar fosas. Alrededor de las 10 de la noche, reciben una llamada, y se escucha la orden de que “se debía de destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque se puso cabrón”.
En cumplimiento de la orden, los sicarios sacan de la fosa los cadáveres de Arturo Hernández y de Félix Bandera, los meten en la Cherokee, y meten también en la camioneta al resto de personas secuestradas. De ahí los llevan hasta un basurero en Mezcala, cuando Ángel Román Ramírez trata de huir y también es asesinado a balazos. Mientras esto sucede, el resto de los secuestrados aprovecha el descuido de sus captores y comienzan a correr con dirección al monte. Allí, entre los árboles, huyen de los disparos de los sicarios.
*Este es el documento del testimonio ante notario de Nicolás Mendoza:
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