Represión y violación a los derechos humanos, prácticas comunes del gobierno de Puebla: activistas
Por: Medio Aliado /
7 noviembre, 2014
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(7 de noviembre, 2014).- Una sistemática
criminalización del derecho que tiene la ciudadanía para manifestarse
abierta y públicamente sobre cualquier fenómeno social que le afecte
directamente o no, es lo que define el actuar de la Procuraduría General
de Justicia (PGJ) del estado de Puebla, consideró Óscar Castro Soto,
responsable de la Cátedra Ignacio Ellacuría S.J.
Y para muestra está el caso del activista Abraham Cordero,
quien estuvo seis meses en prisión por su oposición a la construcción
del Libramiento Poniente y cuyo proceso jurídico se mantiene en marcha,
aunque logró salir libre bajo caución en el mes de octubre. O para
muestra, también, los casos de estudiantes detenidos y torturados por
participar en protestas, o los encarcelados por defender el territorio de las Cholulas o
algunos de los otros casos expuestos durante el segundo día de la
Cátedra Ignacio Ellacuría “Cuidado y Defensa del Territorio frente a las
Políticas Depredadoras”, en la Universidad Iberoamericana Puebla.
Hablan dos estudiantes torturados por la PGJ
En la última mesa del segundo día de
actividades de la Cátedra Ignacio Ellacuría, donde se discutieron sobre
todo los procesos jurídicos por los que atraviesan los defensores del
territorio en varios puntos del estado, como Cholula, Atlixco y la junta
auxiliar de San Miguel Canoa, Castro Soto destacó que el gobierno
estatal utiliza “todo el código (penal) para fabricar los delitos y los
procedimientos”.
–¿Y quién tiene esa posibilidad?
–cuestionó–, pues la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla. Hay
una criminalización de la protesta sistemática a quienes le están
reclamando y esto se convierte en una política de facto, de represión.
Ante un auditorio conformado en su
mayoría por estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, el
director del IDHIE ejemplificó preguntándoles qué pasaría si el gobierno
intentara comprar el patio de sus casas para que por ahí pasara un
gasoducto, luego, ante sus resistencia, expropiara sus terrenos, y
finalmente inventara leyes para evitar que se manifestaran pacíficamente
en contra del despojo.
Esto, indicó, es lo que ocurre en
Puebla, aludiendo a los recientes eventos que se han documentado y
discutido ampliamente en la entidad, como la resistencia de los pueblos
que se oponen a la construcción delgasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos,
a las expropiaciones que pretendía ejecutar el gobierno estatal en la
zona arqueológica de las Cholulas, y la aprobación de la llamada “Ley
Bala”, que permite a los elementos policiacos utilizar armas de fuego en
manifestaciones públicas, y que permanece vigente hasta el día de hoy
pese a la promesa de algunos legisladores de estudiar su abrogación.
–Lo peor que nos puede pasar es que
además de que eso pase sistemáticamente, se convierta en ley, y que eso
que es ilegítimo se convierta en legal. Si nosotros dejamos que en las
leyes aparezca una injusticia, nosotros como ciudadanos estamos dejando
que eso que es ilegítimo sea legal.
Posteriormente, los estudiantes
escucharon los casos de dos estudiantes de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) que fueron ellos mismos víctimas de los
procesos irregulares de la PGJ, así como de detenciones arbitrarias,
tortura y fabricación de delitos por manifestarse contra el estado.
El primero fue el de Cevero Guerrero,
estudiante de Matemáticas en la BUAP que en febrero de este año fue
detenido tras haber participado en una manifestación en la que
habitantes de la comunidad de San Juan Amecac, en el municipio de
Atzitzihuacan, cerraron durante casi 24 horas el paso de la autopista a
Orizaba.
En esa ocasión, los pobladores se
manifestaban en contra de la construcción del gasoducto Morelos y la que
consideraban una imposición de la presidenta municipal Maricela Ramos
Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional. Los 20 detenidos, en
su mayoría personas de más de 60 años, fueron consignadas el 10 de
febrero por los delitos de ataques a las vías de comunicación y contra
funcionarios públicos.
Pero a Cevero también se le imputaron
otros cargos, como portación de arma de fuego, de objeto prohibido y
lesiones. Todo, dice, por apoyar en las elecciones locales a otro
candidato que, como él, se oponía a la construcción del gasoducto por su
municipio.
El joven denunció, durante su charla en
la Universidad Iberoamericana, que fue detenido por policías vestidos de
civil y que se le obligó a dormir desnudo durante la primera noche que
estuvo detenido. Tras más de 10 días, pudo salir libre cuando se le
redujo una fianza inicial a 32 mil pesos.
El segundo testimonio que escucharon los estudiantes de la universidad jesuita fue el de Néstor López,
detenido en mayo de 2013 tras planear por redes sociales una protesta
que se llevaría a cabo en el desfile del 5 de mayo, que contó con la
asistencia del titular del gobierno federal, Enrique Peña Nieto.
Néstor, ex integrante del movimiento
#YoSoy132 y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
expuso que su caso, el cual fue documentado en su momento por este
portal, también incluyó una detención arbitraria, tortura y tratos
degradantes de los elementos de la Policía Ministerial.
Ante esto, Óscar Castro consideró que
los dos casos son paradigmáticos pues ambos presentan un buen número de
violaciones a los derechos humanos, y sostuvo, ante los universitarios,
que sólo documentando y haciendo públicos casos como éstos se puede
brindar una verdadera defensa de los derechos humanos.
Hay 130 órdenes de aprehensión contra opositores: Abraham Cordero
Abraham Cordero, uno de los detenidos
políticos por la actual administración por oponerse a los proyectos
estatales, denunció que si bien fue liberado del penal de Atlixco, el
proceso penal en su contra aún sigue y que existen más de 130 ordenes de
aprehensión como parte del política del terror del gobierno de Rafael
Moreno Valle.
En la narrativa de su caso, que se
produjo en el Foro “Cuidado y Defensa del Territorio frente a Políticas
Depredadoras”, explicó que a él se le fabricaron los delitos por los que
fue detenido pues se le acusó de retener funcionarios a los que ni
siquiera conoce.
“Todos los que no estamos de acuerdo con
sus políticas nos convertimos en delincuentes potenciales, por disentir
en la forma de gobernar. Nos convertimos en delincuentes, simple y
sencillamente por defender lo que es nuestro. Este gobierno viene
fabricando delitos que jamás se han cometido, como es el caso de su
servidor. Hasta la fecha me veo obligado a llevar un proceso por delitos
que no he cometido, esto seguramente lo realiza este gobierno para
meterle miedo a los campesinos.
“Y seguramente así como lo realiza con
nosotros lo hace con otras organizaciones, por eso es importante señalar
que la represión y la violación a los Derechos Humanos es una práctica
que caracteriza a este gobierno”.
Y para confirmar su dicho, Abraham
Cordero enlistó los casos de represión policiaca en contra de
movimientos sociales que se registraron desde el inicio de este
gobierno, en 2011 cuando se produjo el desalojo de un predio de la
Cieneguilla ubicado en el municipio de Chignahuapan, en donde según
documentó la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla se usaron balas
de goma.
En su participación en el panel
“Detenidos en Arraigo y Procesados” el ex juez de paz de su comunidad
enlistó las ordenes de aprehensión de las que tienen conocimiento que
están abiertas en la PGJ:
“13 en San Bernardino Chalchihuapan, de
las cuales cinco ya han sido ejecutadas; 14 en San Andrés Cholula por el
proyecto de las siete culturas, de las cuales cuatro ya fueron
ejecutadas; ocho en San Andrés Cholula del Sistema Ruta, de las cuales
ya fueron ejecutadas todas pero está abierto el expediente para más de
42; en el caso del frente campesino, con el tema del arco poniente se
ejecutó la orden y aprehensión de su servidor, pero dejan el expediente
abierto con posibilidad de liberar más de 100 denuncias, eso significa
una política de terror en contra de los movimiento sociales”.
Pero lo más grave, apuntó el activista, es que ha querido ocultar los asesinatos de tinte político, y enlistó el caso de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, el menor de San Bernardino Chalchihuapan; el de Antonio Esteban dirigente campesino en la sierra norte que había iniciado una oposición a las avance de la minería; y el caso de Delfino Flores Melga quién
falleció en la cárcel, y que a pesar de su edad y el deterioro de su
salud jamás se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario.
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