FBI reconoce posible adulteración de informes de ADN de Jorge Matute Johns

El rompimiento de una cadena de custodia y el desconocido procesamiento de una perito en Estados Unidos vuelve a generar incertidumbre sobre la eventual participación de agentes del Estado en obstruir la investigación del caso Matute, hoy en manos de la ministra Carola Rivas.
Fue en enero del año 2002 cuando el equipo investigador de Carabineros, dirigido por el mayor Andrés Ovalle e integrado por la bioquímica del Labocar, Shirley Villouta, encontró tres manchas de sangre en el interior de la discoteque donde se vio por última vez a Coke. La jueza Flora Sepúlveda decretó el envío de las muestras al FBI de Estados Unidos para una completa pericia que permitiera establecer si lo encontrado era o no ADN del universitario desaparecido, lo que en definitiva llevaría a demostrar, de manera científica, la supuesta golpiza que a éste le habría sido propinada en el local administrado por Bruno Betanzo y no en su exterior, como apuntaban las conclusiones del comisario de la PDI Héctor Arenas.
Pese a las reuniones de coordinación que fueron celebradas en presencia del agente especial del FBI en Chile, Ramiro Escudero, quien además propuso filmar el peritaje en laboratorios estadounidenses, la jefatura de la policía uniformada ordenó a Ovalle que entregara la evidencia a la Subsecretaría de Carabineros, impidiéndole viajar personalmente a Washington para concretar las diligencias. A esto se sumó la inexplicable tardanza de 24 días para que las muestras fueran enviadas al extranjero luego de consecutivas conversaciones mantenidas a puertas cerradas en Carabineros y la intervención del general Juan Donati Pino, a la sazón jefe de Orden y Seguridad de la institución.
A juicio de Ovalle, el despojo de la evidencia levantada en La Cucaracha constituyó un rompimiento de la cadena de custodia por parte del mando institucional, con interés claro en desviar el foco de la investigación. La perito que aplicó luminol y consiguió detectar los rastros de sangre fue pronto desvinculada de la policía, alegando ser perseguida por su labor en el caso Matute. El propio Escudero, del FBI, protestó por la forma en que las muestras llegaron a Estados Unidos, manifestando su desconcierto por los cambios en el procedimiento del cual también fue apartado.
En mayo de 2002, el FBI informó sus conclusiones: que la sangre no era suficiente para aislar el núcleo del ADN y por tanto era imposible saber si ésta correspondía a Jorge Matute Johns. Una serie de reportes inexactos recogidos por la parte querellante del caso y el hermano de la víctima, Alex Matute, señalaron que el equipo de Carabineros había extraído manchas de pintura y no sangre, dando a entender que la hipótesis orientada a Betanzo y los guardias de la disco carecía de sustento.
Documentos oficiales del FBI obtenidos en exclusiva por este reportero suman nuevos antecedentes al enigmático caso que este mes cumplirá 15 años. Por un lado confirman la existencia de anomalías en el peritaje llevado a efecto en Estados Unidos, y por otro refutan completamente, con anotaciones de puño y letra de un funcionario del organismo federal, las tendenciosas versiones aparecidas en la prensa con posterioridad a la realización de las pericias.
Saltan las alarmas
“El propósito de esta carta es informarle sobre un problema descubierto por el Laboratorio del Federal Bureau of Investigation (FBI)… que podría haber resultado en análisis y reportes incorrectos de ADN”. Así comienza una misiva escrita el 24 de noviembre de 2002 – meses después del envío de la evidencia capturada en La Cucaracha a Estados Unidos – por el consejero general subrogante del FBI, Charles M. Steele, adosada a la carpeta que el organismo mantiene en su poder sobre el caso Matute. En el cuerpo del texto, dirigido a un agente en Chile, se informa que el FBI posee información de que “uno de los técnicos biólogos, en una de las dos unidades de ADN del Laboratorio, infringió sistemática y reiteradamente los protocolos estándares de operación sin efectuar el control negativo a especímenes en aproximadamente 100 casos”.
Se afirma que la materia estaba siendo “investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia” y que tras ser descubierto, el funcionario involucrado “renunció al FBI”.
“En un número pequeño de casos, incluido el suyo (sobre la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns), no se reportó presencia de ADN en las muestras entregadas. Esta conclusión se basa en parte en el trabajo del técnico al que se hace referencia más arriba. La información que actualmente poseemos no da razones para dudar sobre la precisión de esta conclusión. Sin embargo, si así lo desea, puede devolver las muestras al Laboratorio del FBI a objeto de que puedan realizarse más análisis para confirmar la exactitud de la conclusión”, escribe Steele. En el mismo documento, que hasta ahora no había sido desclasificado, el agente recomienda informar la situación a “todos los fiscales (jueces)” a cargo del caso en cuestión.
Aparentemente la instrucción no fue cumplida. La magistrada del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción que en dicha época llevaba el sumario de Coke, Flora Sepúlveda, no tomó conocimiento de la irregularidad o bien omitió la información, dado que las muestras de sangre aportadas por el Labocar nunca fueron devueltas a Washington para un segundo peritaje.
Años más tarde, la perito involucrada en el escándalo interno de la agencia, Jacqueline Blake, se declaró culpable ante la Corte del Distrito de Columbia por falsear múltiples informes de ADN. En mayo de 2004, el medio periodístico LA Times informó que Blake se vio enfrentada a la pena máxima de un año en prisión tras reconocer que “desde agosto de 1999 a junio de 2002, escribió y entregó más de 100 informes que contenían enunciados falsos sobre su trabajo con ADN”.
De acuerdo a un informe oficial preparado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Blake se jactó de actuar conscientemente al no aplicar el procedimiento rutinario en casi todos los casos donde tomó participación.
Inventando pintura
En otro pasaje de la carpeta obtenida por este investigador, el FBI acompaña cuatro recortes de prensa de los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Cuarta y El Metropolitano donde se señala, sin excepción, que “el informe del laboratorio central del FBI deja entrever que (lo levantado) se trataría de alguna sustancia química o pintura”.
Asimismo, una de las publicaciones reproduce las declaraciones del abogado representante de la familia Matute, Waldo Ortega, el cual sostiene: “el informe del FBI dice que las muestras no corresponden a sangre de Jorge Matute y ni siquiera fue posible extraer ADN de ellas, por lo que tampoco se pudo comprobar de que se tratara de sustancias orgánicas… Esta prueba, añadida a una serie de otras diligencias que se realizaron sobre la base del informe de Carabineros, nos permite descartar absolutamente la tesis de que a Coke le hubiera ocurrido nada dentro de la discoteca. Ahora resulta inútil seguir sosteniendo eso”.
En la esquina inferior izquierda, un agente del FBI se encarga de desmentir la información contenida en los periódicos de la época. “Los reportes de los medios no son correctos”, se escribe en un documento que cuenta con el timbre del agregado legal de la embajada de Estados Unidos en Santiago, agregando que “el informe del laboratorio sólo declaró que no había suficientes muestras para encontrar ADN”.
“No voy a firmar nada”
Sin duda alguna, lo anterior plantea amargas interrogantes. ¿Hubo intervención dolosa para, una vez rota la cadena de custodia de la sangre en Chile, hacer fracasar el análisis del FBI? ¿Por qué el Alto Mando de Carabineros demoró tantos días en coordinar el envío de las muestras, evitando incluso tomar contacto con el agente especial Ramiro Escudero? ¿Se planificó la intervención antes de que la evidencia llegara a Estados Unidos?
De ser efectivo, ¿quién tendría el poder para sabotear un peritaje realizado en el extranjero, en un organismo calificado como el FBI? ¿Cuál sería la motivación de descartar la posibilidad de que Matute fuera golpeado al interior de La Cucaracha para quien ostenta ese poder? ¿Por qué la prensa tradicional señaló falsamente y de manera inmediata que las manchas eran pintura? ¿Fue el tribunal informado sobre la eventual adulteración de los peritajes? ¿Tomó conocimiento de ello el tribunal, o el gobierno de la época, a nivel diplomático? Si lo supieron, ¿por qué no actuaron para reenviar las muestras?
Según denunciara el mayor Andrés Ovalle en el sumario administrativo que terminó desvinculándolo de la investigación, y que fue abierto por iniciativa del entonces director general de Carabineros, Alberto Cienfuegos, la actitud del que era jefe de Zona de la Región del Biobío al momento de recibir las órdenes de investigar del tribunal – el mismo general que posteriormente intervino en el rompimiento de la cadena de custodia – dejaría en claro un afán del mando para obstruir las pericias del caso.
En una declaración adjunta a la investigación interna, Ovalle manifestó que la institución le había impedido tener los medios necesarios y la exclusividad para investigar la desaparición del universitario de Villa Spring Hill. A su vez describió un incidente protagonizado por el general Juan Donati Pino, el que en presencia del asesor jurídico Jaime Portales Yefi le habría dicho que “no firmaría nada del caso Matute”, instándolo a hacerse cargo por su cuenta de lo que había ordenado el Poder Judicial.
Esta versión fue negada en el mismo sumario por el abogado Portales, quien continúa hoy trabajando en la misma Jefatura de Zona luego que el retirado general Iván Bezmalinovic Hidalgo, quien aparecía en las numerosas tarjetas de presentación de Carabineros en poder del traficante apodado “Mañungo”, le creara un puesto de asesor.
Tanto Portales como su íntimo amigo Jorge Caamaño Muñoz, a la postre jefe de la Dirección de Inteligencia local de Carabineros cuando desapareció Matute, han sido denunciados por Ovalle y otros funcionarios, incluido personal de OS7 que ya habría declarado ante la ministra Rivas, como eventuales obstructores de la investigación en el llamado caso del “cartel del Carbón” y en la causa que se instruye por la desaparición y muerte de Coke.
Cobra relevancia en esta arista las constantes referencias que se han hecho en el proceso a la figura de un ex diputado, y un ex ministro de Estado, sindicados como supuestos integrantes de la red de protección del narcotráfico señalada por ex funcionarios de Carabineros.
La carta del FBI (click para agrandar)