Aguirre gastó 536 mil en campaña inútil

El gobierno de Guerrero canalizó 125 mil pesos para cubrir el costo del sepelio de cinco personas, derivado de los hechos del 26 de septiembre

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24/12/2014 05:35 Leticia Robles de la Rosa

David Josué García Evangelista, futbolista de los Avispones de Chilpancingo, murió en Iguala el 26 de septiembre. Foto: Cuartoscuro/Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de diciembre.- El gobierno de Guerrero pagó 125 mil 270 pesos para cubrir los gastos del sepelio de cinco personas que murieron en Iguala, la noche del 26 de septiembre, cuando la policía municipal de ese municipio desapareció a estudiantes de la normal de Ayot-zinapa, y pagó 536 mil pesos por la campaña Hasta Encontrarlos, que a final de cuentas no generó resultados, revela la investigación realizada por el Senado.
La Comisión de Gobernación del Senado, presidida por Cristina Díaz, entregó al pleno toda la información recabada por el Grupo de Trabajo Plural para dar seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; entre lo indagado se observa también que, a pesar de que tuvo conocimiento exacto de las actividades de los normalistas desde las 17:59 horas, la Policía Estatal de Guerrero no intervino para evitar los hechos sangrientos en Iguala porque tenía carencia de personal y prefirió resguardar su comandancia.
El gobierno de Guerrero, actualmente encabezado por Rogelio Ortega Martínez, entregó al Senado las facturas de los gastos realizados para pagar el sepelio de cinco personas.
Para el caso del joven futbolista David Josué García Evangelista fueron 25 mil 858 pesos, que incluyó el traslado del cuerpo de Iguala a Chilpancingo; para Daniel Solís Guerrero fueron 22 mil 968 pesos y fue trasladado de Chilpancingo a Zihuatanejo; para Julio César Ramírez Nava se canalizaron 20 mil 68 pesos y se trasladó de Chilpancingo a Tix-tla; el cuerpo de Víctor Manuel Lugo Ortiz fue llevado de Iguala a Chilpancingo y se dieron 34 mil 568 pesos, y de Julio César Mondragón Fontas, que se trasladó de Chilpancingo a Tenancingo, Estado de México, generó un gasto de 21 mil 808 pesos.
En todos estos casos, el gobierno del estado pagó el ataúd, embalsamamiento y arreglo estético de los cuerpos, gestoría y trámite de traslado, y en el caso de David Josué García, el alquiler de la capilla de velación.
También reporta que el 17 de octubre pagó a Abraham Desiderio Chavelas Durán un total de mil 392 pesos por el servicio de producción de spot radiofónico para la campaña Hasta Encontrarlos.
A la empresa Espacios Publicitarios pagó un total de 534 mil 765.50 pesos para esta campaña. Detalla que fueron 12 espectaculares, cada uno con un costo de 14 mil pesos, que implicaron 168 mil pesos; 12 lonas para espectaculares, cada uno con costo de tres mil 700 pesos, que dieron un total de 44 mil 400 pesos.
Además, incluyó 200 mil folletos, cada uno con un costo de 0.35 centavos, que dieron un total de 70 mil pesos; la impresión de lonas costó 162 mil pesos; la renta de dos vallas móviles, por dos días, fue por seis mil pesos y la colocación de pendones costó 10 mil 606 pesos.
La campaña hizo uso de brigadas que recorrieron las calles y cuyos integrantes tenían la orden de dejar en claro que el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, estaba comprometido con la localización de los jóvenes y pedía la ayuda de la población; el instructivo detalla que en caso de que los brigadistas se enfrentaran con personas violentas o las casas donde tocaran fueran sospechosas, debían alejarse y no perder la calma.
Prefirieron “reforzar el cuartel”
Los documentos entregados por el gobierno de Guerrero al Senado de la República revelan que el oficial José Adame Bautista, coordinador regional Norte de la Policía Estatal, informó ese 26 de septiembre a sus superiores que “al no contar con elementos de la fuerza estatal y no tener condiciones para enfrentar esta situación, por el escaso número de personal con el que contaba, obtamos (sic) por no salir y reforzar la seguridad del cuartel e inmediaciones del Centro de Readaptación Social de Tuxpan”, dice.
Sin embargo, la versión oficial del gobierno de Guerrero fue que el oficial a cargo —José Adame Bautista— “acuarteló a todo el personal en las instalaciones de la Policía Estatal con la finalidad de organizar a los elementos ante los hechos que se estaban desarrollando.

Es importante señalar que a partir de la Recomendación IVG/2012 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el punto recomendatorio quinto, se estableció que tratándose de manifestaciones, concentraciones o movilizaciones —como las que se sucedían este día en la ciudad de Iguala por docenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa—, se tiene que analizar y valorar cada caso en particular, para determinar el tipo de operativo que debe implementarse”, dice el gobierno de Guerrero al Senado de la República.

Pero el reporte policiaco de lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala muestra que los policías estatales no intervinieron porque sólo había 38 elementos en Iguala; el resto, 172, estaban en otros municipios, mientras que 18 andaban de vacaciones, uno tenía discapacidad y dos faltaron a trabajar ese día.

21:47 horas. Informé y solicité autorización vía telefónica al subsecretario de Prevención y Operación Policial, Juan José Gatica Martínez, a quien le mencioné la cituación (sic) que prevalecía en la ciudad, así como mi falta de personal para atender la contingencia, quien me ordenó reforzar la seguridad del Cuartel Regional y Centro de Readaptación, con el fin de no vernos sorprendidos en nuestras instalaciones, en razón de que pudiese tratarse de una distracción y evitar una confrontación con los normalistas de Ayotzinapa”, dice el reporte firmado por el oficial José Adán Bautista y enviada el mismo 26 de septiembre al secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.

Senado avala pesquisas de PGR

El Grupo de Trabajo Plural de la Comisión de Gobernación del Senado de la República informó al pleno que los hechos confirman la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados y anunció que esa dependencia federal ampliará las investigaciones hacia otros funcionarios públicos del municipio de Cocula y civiles, de quienes anteriormente sólo se tenía referencia por sus apodos.
En el informe entregado por la Comisión de Gobernación, la cual preside la priista Cristina Díaz, el grupo de legisladores federales asegura que la prueba científica que identificó a Alexander Mora Venancio “confirma que los restos encontrados en una de las escenas coincide con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó al grupo de personas en los términos y señalamientos que se dan en la averiguación.

La identificación positiva de ADN, unida al resto de la evidencia y las declaraciones ante el Ministerio Público de la Federación por parte de los inculpados, refuerza la reconstrucción histórica de lo acontecido en el municipio de Cocula”, dice el escrito firmado por el senador Omar Fayad, integrante de la Comisión de Gobernación y presidente de este grupo de trabajo y de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República.

Después de relatar la forma en que fueron encontrados los restos humanos en el basurero municipal de Cocula, el escrito recibido por los senadores destaca que “se ha cuidado la cadena de custodia para que sea segura, videograbando todos los movimientos y los lugares en los que las muestran van empacadas, etiquetadas y, en todos los casos, con una cantidad enorme de testigos”.
Detalla a los senadores que “el perfil genético completo que se extrajo de esta muestra fue sometido a procedimientos comparativos, utilizando como referencia las muestras proporcionadas por la Procuraduría General de la República y por el equipo argentino de antropología forense, consistentes en los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos, dado correspondencia con uno de los grupos familiares”.
Añade que “con base en los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck se determinó que dicha muestra corresponde a un varón que es al menos un billón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio, en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado”.
El documento relata que hasta el momento están detenidas cinco de las 16 personas involucradas con la desaparición de cuerpos en Cocula; se detuvo a Darío Morales Sánchez, quien participó en el encubrimiento de los detenidos; César Nava, subdirector de la Policía de Cocula, quien recibió la petición de apoyo por parte del subdirector de Seguridad Pública del municipio de Iguala, Francisco Salgado Valladares.

Se sigue investigando a todos los funcionarios del ayuntamiento para determinar el grado de su responsabilidad y en los próximos días se solicitarán otras (indagatorias) en contra de personas que se ha logrado identificar y determinar su modo de participación, y de quienes anteriormente sólo se tenían referencia por sus apodos”, dice.