Derechos humanos y crisis institucional
A
yer, en el contexto de
la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos,
realizada en Palacio Nacional, el presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expuso los casos
recientes y más indignantes de violación masiva de estas garantías –las
dos decenas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por
efectivos militares en Tlatlaya, estado de México, y el ataque policial
contra estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero– como ejemplos de
fallas institucionales catastróficas y generalizadas y de la
responsabilidad en tales atrocidades –por acción o por omisión– de las
autoridades de todos los niveles de gobierno. En ambos casos, señaló el ombudsman nacional,
los organismos de seguridad del Estado, cuyo sentido primigenio y
último consiste en preservar la vida y la integridad de los habitantes,
estuvieron ausentes.
A continuación, el titular de la CNDH reflexionó sobre el hecho de que el malestar social muy difundidoque se ha evidenciado a raíz de tales episodios
no necesariamente tiene su origen ni se limitaa ellos, sino que responde a
un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes versiones económicas, sociales y culturales.
En efecto, el país ha sufrido en el curso de la última década un creciente deterioro en todos los órdenes, que ha puesto en peligro, de muchas maneras, a la población, sin que el Estado haya sido capaz de responder a esa crisis en forma coherente. Y la irritación social que hoy se vive no sólo es consecuencia de Tlatlaya e Iguala sino de decenas de miles de muertes, desapariciones, secuestros y otras vulneraciones graves a las garantías básicas, ante las cuales el poder constituido se ha mostrado omiso en su obligación de procurar justicia, renuente a garantizar la paz pública e incapaz de vigilar y sancionar a sus propios empleados que han participado en no pocos de esos delitos.
En tales circunstancias, como lo señaló el ombudsman, resulta obligado
En suma, para evitar escenarios de plena ingobernabilidad resulta indispensable gobernar, y ello implica, a su vez, actuar con el bienestar de la población como primera prioridad y propósito fundamental del accionar institucional.
un cambio de actitud, de estrategia y de discursoen todos los ámbitos de la administración pública, cambio que sigue pendiente a casi tres meses de ocurridos los homicidios y las despariciones de normalistas en Iguala. Sin embargo, las instancias gubernamentales parecen no haber entendido la imperiosa necesidad de emprender un giro de fondo de actitudes en el ejercicio del poder, ni asumido que, en vez de reformar las leyes existentes, es indispensable cumplir cabalmente con las que existen y que, en los hechos, han sido convertidas en meros ejercicios de ficción y de simulación.
En suma, para evitar escenarios de plena ingobernabilidad resulta indispensable gobernar, y ello implica, a su vez, actuar con el bienestar de la población como primera prioridad y propósito fundamental del accionar institucional.
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