El fracaso de las fuerzas policiacas del “Virrey” Castillo
Por: Redacción Revolución /
12 diciembre, 2014
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Rodrigo Caballero / Michoacán 3.0
(12 de diciembre, 2014).- A mi hijo se
lo llevaron los policías, dijo una señora que llamaremos Doña Amalia
para omitir su verdadero nombre, su primogénito, junto a otros dos
jóvenes, se encontraba en las orillas del rancho El 52, un famoso
criadero de toros para jaripeo.
Los tres muchachos estaban divirtiéndose
como se acostumbra en Huandacareo, una población a unos 80 kilómetros
de Morelia famosa por sus balnearios de aguas termales, platicando al
aire libre, algunos con cervezas en la mano o simplemente pasando el
rato antes de volver a casa.
Algunos jóvenes del lugar aseguran que
los policías, durante los rondines, acostumbraban llegar hasta donde
estaban los grupos de adolescentes y comenzaban a revisarlos. Los
oficiales los “basculeaban”, es decir, les quitaban dinero, celulares y
otros objetos de valor antes de dejarlos ir.
Estos policías eran miembros de la
Fuerza Ciudadana, una corporación creada por el comisionado para la
seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes,
certificada mediante exámenes de confianza que buscaban reclutar a
personas que actuaran con “apego al Marco Jurídico y respeto a los
Derechos Humanos”.
Mal desde el arranque
“Nuestra fuerza eres tú”, rezaba la
convocatoria 2014 para integrase a la llamada Fuerza Ciudadana, en ella
se destacaba que quienes entraran iban a recibir capacitación adecuada,
equipamiento, trabajo estable y un sueldo que iba de los ocho a los 21
mil pesos mensuales.
Las unidades de reclutamiento se
colocaron desde el 20 junio en parques, plazas, centros deportivos,
secretarías de gobierno y universidades públicas y privadas.
Los encargados del alistamiento repetían
el mismo discurso, destacando el sueldo y las habilidades que los
participantes iban a adquirir; mientras en unas pantallas mostraban a
hombres y mujeres saltando obstáculos, disparando rifles de asalto,
tumbando puertas a patadas y manejando autos blindados a toda velocidad.
A pesar de la campaña, la Fuerza
Ciudadana arrancó el 18 de agosto, solamente con 500 elementos que
patrullarían la ciudad de Morelia que tiene aproximadamente 1 millón 200
mil habitantes; es decir, cada policía quedó a cargo de la vigilancia
de 2, 400 morelianos.
Para que fuera posible la nueva fuerza
policiaca, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) despedió a casi 2
mil policías estatales y puso a disposición a 95 más por delitos como
crimen organizado y narcotráfico.
En enero de 2014, 393 policías de
Michoacán fueron enviados al Centro de Adiestramiento Regional de la
Sexta Zona Militar en Tlaxcala, aunque hayan pasado los exámenes de
confianza, uno de los requisitos para enlistarse en la Fuerza Ciudadana
advertía explícitamente a ex-policías enlistarse en la nueva corporación
aunque en la práctica no fue así.
Por si fuera poco la Fuerza Ciudadana
inició en la ilegalidad puesto que no había un decreto del Poder
Ejecutivo del Estado de Michoacán que justificara su presencia y nunca
fue ratificada formalmente en ningún nivel de gobierno.
Los policías que robaban y extorsionaban
Doña Amalia cuenta que su hijo estaba
con sus amigos cuando llegaron los policías y los detuvieron sin ningún
motivo, conducta que aparentemente era normal entre los oficiales,
algunos miembros de la Fuerza Ciudadana en Huandacareo se ganaron a
pulso la fama de extorsionadores.
-Pedían hasta 6 mil pesos por multas,
una vez se llevaron a la cárcel a un chamaco de como 13 o 14 añitos y
pidieron mucho dinero pa´ dejarlo ir, eran unos verdaderos delincuentes,
narran algunos habitantes de la comunidad.
El hijo de Doña Amalia fue llevado a
barandillas y los oficiales pidieron mil pesos por cada muchacho para
dejarlos salir en libertad, cuando sus familiares pagaron, los tres
jóvenes salieron bajo la condición que “ya no anduvieran en malos
pasos”.
El director de Seguridad Pública en
Huandacareo, Guillermo Azuara Vélez y su escolta, Juventino Vázquez
Martínez, fueron señalados por el pueblo como los principales culpables
de la situación. Algunos habitantes contaron que el propio director se
encargaba del “trabajo sucio” y al no ver una salida decidieron
correrlo.
El viernes 21 de noviembre de 2014, a las cinco de la tarde, unas 500 personas tomaron el asunto en sus manos.
El gobernador, el virrey y los malos ciudadanos
Cuatro días después del inicio de la
llamada Fuerza Ciudadana, el gobernador interino Salvador Jara Guerrero
llamó a los ciudadanos a “confiar en el Estado de Derecho”. Según dijo
Jara Guerrero, la confianza de los ciudadanos es clave para el
desarrollo de la entidad.
Lo mismo pidió el comisionado Alfredo
Castillo Cervantes, apodado el virrey, quien recientemente convocó a la
ciudadanía para dar el “voto de confianza” a la Fuerza Rural. Lo
anterior debido a los señalamientos de ciudadanos en diversas zonas del
Estado, donde dichas fuerzas habrían sido infiltradas por delincuentes,
principalmente en la Tierra Caliente.
De acuerdo con la cuenta de Facebook
Valor Por Michoacán, “en todas la Fuerzas Rurales hay buenos y malos
elementos”, sin embargo, la página creada por miembros de los aún
activos movimientos de autodefensas, denuncia que en municipios como
Pátzcuaro, Los Reyes, Múgica, Gabriel Zamora, Tumbiscatío y Arteaga, las
policías rurales del comisionado Castillo están llenas de “Templarios
arrepentidos” y miembros de la banda criminal conocida como Los Viagras.
La cuenta también señala que en la
Fuerza Ciudadana que opera en municipios como Zamora, Uruapan y la
capital Morelia, hay elementos de la Policía Federal y la Policía
Judicial del Estado de México quienes “sólo se han dedicado a
extorsionar a la ciudadanía” a base de sobornos.
Al ser cuestionado por periodistas
acerca de la infiltración de criminales en las policías de la entidad,
el gobernador de Michoacán, aseguró que “el problema de la delincuencia
no es que haya mala policía, el problema de la delincuencia es que hay
malos ciudadanos y malas ciudadanas”.
El 26 de noviembre, un día después de su
declaración, Salvador Jara se contradijo diciendo “no quiere decir que
yo diga que los ciudadanos somos malos, los policías son malos
ciudadanos (…) entonces lo que queremos cambiar es que los policías sean
primero buenos ciudadanos (sic)”.
La rebelión de los municipios
Armadas con un megáfono, unas 500
personas rodearon el Palacio Municipal de Huandacareo y exigieron que el
director de Seguridad Pública saliera del pueblo. La turba llegó al
lugar cerca de las cinco de la tarde y estuvieron esperando respuesta
por casi dos horas, mientras los oficiales de policía pidieron refuerzos
de la capital del Estado.
Los manifestantes, no quisieron hablar
con ningún policía del lugar y demandaron la presencia del Secretario de
Seguridad Pública en Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, éste
arribó al lugar casi a las 7:30 de la tarde y comenzaron las
negociaciones.
Adentro del palacio, el comandante de la
policía y miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) Ignacio
Sotelo López, se encerró junto a sus compañeros en la zona de las
barandillas por órdenes de los pobladores.
-No hasta eso que no fueron groseros,
aseguró el comandante, ni se metieron (…) si nos aventaron cosas pero no
directamente sino que las aventaban para adentro.
-Pero nunca agredieron o algo así.
-No, imagínese el montón de gente si
hubiera querido qué les dura esta rejita, la tumban, aseguró el
comandante mientras señala una pequeña reja de metal color blanco que
separa las barandillas del patio principal del palacio.
Hasta el municipio se trasladaron
miembros de la Fuerza Ciudadana de Morelia vestidos con trajes
antimotines y su llegada generó tensión entre los pobladores, los
oficiales se llevaron al director Guillermo Azuara y a su escolta,
Juventino Vázquez entre gritos y reclamos de los huandacarenses.
Después de las negociaciones, los
habitantes mandaron llamar al comandante Ignacio Sotelo para dejarlo a
cargo de la policía mientras se elegía a un nuevo director, Ignacio
aceptó bajo la advertencia que si no hacía bien su trabajo también iba a
ser expulsado de la misma forma.
No es la primera vez que Huandacareo se
rebela contra sus policías, el siete de marzo de éste mismo año unos 300
pobladores corrieron a los 20 elementos del lugar y tomaron el control
de la Seguridad Pública, durante varios días jóvenes desarmados
patrullaron el municipio para brindar protección a la ciudadanía.
En aquel momento exigían la salida de
los miembros de la Policía Municipal que se habían coludido con el
cártel de los Caballeros Templarios y les permitían los cobros de
cuotas, extorsiones y secuestros en todo el municipio.
En aquel entonces, la respuesta del
Gobierno del Estado fue el cambio de los oficiales, en septiembre de
2014 recibieron a la Fuerza Ciudadana y en aproximadamente dos meses los
huandacarenses se hartaron de los abusos.
Una semana después de lo ocurrido en
Huandacareo, el 28 de noviembre, los habitantes de Tlalpujahua un
antiguo pueblo minero al noreste del Estado, también se rebelaron contra
sus policías.
En este caso, los pobladores exigían la
renuncia del director de seguridad Jorge Alberto Pradel Salgado a quien
acusaron de abuso de autoridad, extorsión e intimidación hacia los
habitantes.
El abuso que los obligó a actuar, según
narran, fue hace unos días cuando elementos de la Fuerza Ciudadana
entraron violentamente a una escuela primaria argumentando el supuesto
secuestro de una niña, lo que provocó la indignación de la ciudadanía.
En 2014 Huandacareo y Tlalpujahua fueron
integrados al Plan Michoacán, implementado en la entidad por orden del
presidente Enrique Peña Nieto a través del comisionado Alfredo Castillo.
En dicho plan los mandos policiacos fueron sustituidos por comandantes
del Estado de México casi en un 80 por ciento.
Adiós a las Fuerzas del Estado
La iniciativa de Peña Nieto aunada a la
implementación del Mando Unificado elimina a todas las corporaciones
policiacas de los municipios.
Por un lado, tras la crisis generada por
el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el presidente
Enrique Peña Nieto propuso la Iniciativa Anticrimen el pasado martes dos
de diciembre, dicha propuesta es un golpe de timón respecto a su
propuesta de abril de 2013.
El año pasado, Enrique Peña Nieto
propuso un monto de 54 millones de pesos en materia de Seguridad
Nacional, dicho presupuesto modernizaría los centros de seguridad del
país y nos daría “servicios de inteligencia de primer mundo”, según dijo
el mandatario. En ese entonces, 4 mil 719 millones de pesos fueron
destinados a “reforzar la seguridad pública en estados y municipios”
Para el 2015, el presupuesto de la rama
“México en Paz” que corresponde a Seguridad Pública alcanzó una cifra
récord de 118 mil millones de pesos. Sin embargo, debido a la Iniciativa
Anticrimen, los municipios ya no tendrán asignado presupuesto en
materia de seguridad ya que ahora los gobiernos estatales manejarán
dicho rubro.
La iniciativa del presidente busca
reducir las mil 800 policías municipales a 32 corporaciones, dejando de
lado a varios municipios del Estado de Michoacán que habían pedido un
“refuerzo económico en materia de seguridad” a la federación.
El Mando Unificado, por su parte,
tampoco contempla ni a la Fuerza Ciudadana ni a la Rural por lo que
tendrán que ser eliminadas para poder adaptarse a los planes del mando
único y el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Bertín Cornejo, presidente de la
Comisión de Seguridad del Congreso de Michoacán, aseguró que dichas
agrupaciones policiacas “sólo cambiarán de nombre” pero mantendrán la
infraestructura y seguirán funcionando.
Así pues, las fuerzas creadas por el
comisionado Alfredo Castillo no cumplirán ni siquiera seis meses antes
de ser sustituidas nuevamente, ésto a pesar que se requirió de casi el
60 por ciento del presupuesto de seguridad para crearlas; es decir unos
mil 700 millones de pesos.
Esto sin contar los 100 millones de
pesos provenientes del Subsidio para la Seguridad en los Municipios
(Subsemun) que fueron utilizados para “equipamiento e infraestructura”
tan sólo en Morelia.
Y a pesar de la inversión económica, en
los primeros 10 meses del año se han registrado 823 homicidios dolosos
en el Estado, superando así las cifras del 2013.
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