Ayotzinapa sí fue crimen de Estado; “Peña sigue violentando físicamente a padres de normalistas”
Por: Edgar Rosas /
20 enero, 2015
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(20 de enero, 2015).- A casi 4 meses de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, la investigación sobre el caso no avanza y
por el contrario pareciera estancarse; la poca efectividad del gobierno
ante los hechos queda demostrada con la nula claridad que ha ofrecido
para esclarecer los acontecimientos de septiembre pasado.
Ante esto, las autoridades han perdido la poca legitimidad que tenían y las voces que señalan al acto como un crimen de Estado se intensifican.
“Si revisamos, sí existen elementos para determinar que el ataque a los 43 normalistas es un crimen de Estado. Si leemos el artículo 89 de la constitución podremos identificar todas las responsabilidades del gobierno ante esta clase de situaciones”, aseguró Jaime Cárdenas Gracia, Doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El académico manifestó que ya sea por acción o por omisión el gobierno mexicano tiene una responsabilidad directa, no sólo en el terreno político, sino jurídico. “Tendría responsabilidad por acción si se comprobará el papel de los militares en la desaparición de los jóvenes. Por omisión, se centraría en el hecho de no haber contado con elementos de seguridad y de inteligencia que evitaran los hechos”, aclaró.
Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, se unió a los señalamientos del acto como un crimen de Estado y puntualizó que organismos como la ONU, Amnistía Internacional o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocen que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, porque es utilizar la fuerza del Estado en cualquiera de sus formas.
“La desaparición forzada es el reconocimiento que el Estado actúa en contra de sus ciudadanos y aunque la procuraduría ni el gobierno han querido reconocer esta problemática de manera internacional, es por demás sabido que el caso Ayotzinapa es desaparición forzada, con la participación de fuerzas federales y la presunta colaboración del ejército”, sentenció.
El gobierno ineficiente e insensible.
En palabras de la legisladora Lilia Aguilar, el Estado mexicano ha dejado notar su ineficiencia para resolver la problemática de Ayotzinapa, puesto que, aunado a la falta de una estrategia clara para investigar los hechos, las críticas contra las versiones oficiales que dictan una supuesta incineración de los normalistas han sido constantes y procedentes de expertos en la materia.
La diputada, señaló que se ha emprendido, desde instancias federales, un plan para tratar de diluir el tema, ya que el caso de los 43 normalistas ha golpeado duro la imagen de la actual administración. “Van a tratar de cerrar el tema, y utilizarán la distracción para intentar hacer olvidar el caso de los desaparecidos; por ejemplo, utilizaran las elecciones para distraer a la población”, comentó.
En cuanto a la participación de la CIDH, la legisladora Aguilar enfatizó que se puede considerar como un acto político por parte de Peña, con el cual pretenderá legitimar sus acciones. “La supuesta voluntad del Estado mexicano de coadyuvar con esta organización nos dice que quiere validar lo que veo venir: ahora con la detención del “Cepillo”, casi te puedo asegurar que saldrán a decir que de acuerdo a su testimonio los muchachos están muertos”, expresó.
Por otro lado, consideró que el gobierno ha tenido un papel de cómplice en el caso Ayotzinapa puesto que, explica, además de tapar y entorpecer la investigación, la ha desviado. “El Estado ha sido cómplice y hay que averiguar por qué; creo que algo tiene que esconder y en esto se encuentra la participación de la policía federal así como la del ejército”, demandó.
De igual forma, destacó que las fallas del gobierno de Peña se han centrado en la falta de honestidad acerca del caso y la investigación, así como el reconocimiento de su responsabilidad en la desaparición de los normalistas.
Agregó que el gobierno Peñista no ha sabido controlar la situación en diversos aspectos, entre ellos, la repercusión social que ha existido. “Peña Nieto ha reaccionado con dos clases de actos: la violencia física, donde encontramos el mejor ejemplo en la represión del 20 de noviembre en el zócalo; y en la violencia psicológica, que ha iniciado contra los padres de los normalistas, a los que se les ha amenazado y no se les ha atendido.”, manifestó.
La diputada demandó la falta de actividad por parte de la comisión formada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso Ayotzinapa. Dijo que no existe plan ni actividad real de esta agrupación, por lo cual, pedirán la destitución de su presidente, el diputado Guillermo Anaya Llamas. “El presidente ha sido omiso e indolente en el tratamiento del tema; ni siquiera hemos ido a Iguala, no hemos recibido a los familiares como comisión, entonces hay una idea de retrasar los trabajos del grupo”, enfatizó.
En lo que concierne a la iniciativa de llamar a la ciudadanía a no participar en los próximos comicios como señal de protesta e indignación por los hechos de Iguala, la diputada sostuvo que no votar sería un error, pues el único beneficiado sería al PRI, debido a que posee la estructura dura y la compra del voto, que en el abstencionismo juegan un papel relevante.
El Estado mexicano está rebasado
En palabras del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, el Estado mexicano no ha entendido la magnitud de los hechos en torno al caso de Ayotzinapa, por lo cual se ha visto rebasado en sus posibilidades de atender la problemática.
En términos jurídicos, expuso, la investigación realizada por las autoridades no ha sido exhaustiva ni profunda, además que no ha atendido a todas las líneas existentes para resolver el caso. Así mismo, en el terreno político, el experto en derecho aseguró que el gobierno mexicano trata de encapsular los acontecimientos, afirmando “que sólo se trata de unos jóvenes desaparecidos, cuando detrás del problema hay un gran contexto”.
En relación a la participación de la CIDH en la vigilancia de las
indagatorias, declaró que es una muestra de la desconfianza tan profunda
que se tiene sobre las autoridades mexicanas. Añadió que esta práctica
se vuelve cada vez más común para dar certeza a los procesos realizados
bajo el mandato de las autoridades nacionales.
“Si el Estado mexicano fuese democrático, consolidado, sólido, las propias instituciones del país llevarían a cabo cualquier investigación sin vigilancia externa, pero a causa de la poca legitimidad de las autoridades se busca el respaldo de terceros”, manifestó.
Del mismo modo, calificó como un fracaso las acciones emprendidas por las autoridades para esclarecer lo sucedido con los estudiantes normalistas, pues declara: “no sólo por el hecho de que a casi 4 meses aún no hay respuesta sino porque hay sospechosos muy importantes que no han sido detenidos y porque existen líneas de investigación pendientes o no aclaradas”.
Ante esto, las autoridades han perdido la poca legitimidad que tenían y las voces que señalan al acto como un crimen de Estado se intensifican.
“Si revisamos, sí existen elementos para determinar que el ataque a los 43 normalistas es un crimen de Estado. Si leemos el artículo 89 de la constitución podremos identificar todas las responsabilidades del gobierno ante esta clase de situaciones”, aseguró Jaime Cárdenas Gracia, Doctor en derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El académico manifestó que ya sea por acción o por omisión el gobierno mexicano tiene una responsabilidad directa, no sólo en el terreno político, sino jurídico. “Tendría responsabilidad por acción si se comprobará el papel de los militares en la desaparición de los jóvenes. Por omisión, se centraría en el hecho de no haber contado con elementos de seguridad y de inteligencia que evitaran los hechos”, aclaró.
Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, se unió a los señalamientos del acto como un crimen de Estado y puntualizó que organismos como la ONU, Amnistía Internacional o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocen que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, porque es utilizar la fuerza del Estado en cualquiera de sus formas.
“La desaparición forzada es el reconocimiento que el Estado actúa en contra de sus ciudadanos y aunque la procuraduría ni el gobierno han querido reconocer esta problemática de manera internacional, es por demás sabido que el caso Ayotzinapa es desaparición forzada, con la participación de fuerzas federales y la presunta colaboración del ejército”, sentenció.
El gobierno ineficiente e insensible.
En palabras de la legisladora Lilia Aguilar, el Estado mexicano ha dejado notar su ineficiencia para resolver la problemática de Ayotzinapa, puesto que, aunado a la falta de una estrategia clara para investigar los hechos, las críticas contra las versiones oficiales que dictan una supuesta incineración de los normalistas han sido constantes y procedentes de expertos en la materia.
La diputada, señaló que se ha emprendido, desde instancias federales, un plan para tratar de diluir el tema, ya que el caso de los 43 normalistas ha golpeado duro la imagen de la actual administración. “Van a tratar de cerrar el tema, y utilizarán la distracción para intentar hacer olvidar el caso de los desaparecidos; por ejemplo, utilizaran las elecciones para distraer a la población”, comentó.
En cuanto a la participación de la CIDH, la legisladora Aguilar enfatizó que se puede considerar como un acto político por parte de Peña, con el cual pretenderá legitimar sus acciones. “La supuesta voluntad del Estado mexicano de coadyuvar con esta organización nos dice que quiere validar lo que veo venir: ahora con la detención del “Cepillo”, casi te puedo asegurar que saldrán a decir que de acuerdo a su testimonio los muchachos están muertos”, expresó.
Por otro lado, consideró que el gobierno ha tenido un papel de cómplice en el caso Ayotzinapa puesto que, explica, además de tapar y entorpecer la investigación, la ha desviado. “El Estado ha sido cómplice y hay que averiguar por qué; creo que algo tiene que esconder y en esto se encuentra la participación de la policía federal así como la del ejército”, demandó.
De igual forma, destacó que las fallas del gobierno de Peña se han centrado en la falta de honestidad acerca del caso y la investigación, así como el reconocimiento de su responsabilidad en la desaparición de los normalistas.
Agregó que el gobierno Peñista no ha sabido controlar la situación en diversos aspectos, entre ellos, la repercusión social que ha existido. “Peña Nieto ha reaccionado con dos clases de actos: la violencia física, donde encontramos el mejor ejemplo en la represión del 20 de noviembre en el zócalo; y en la violencia psicológica, que ha iniciado contra los padres de los normalistas, a los que se les ha amenazado y no se les ha atendido.”, manifestó.
La diputada demandó la falta de actividad por parte de la comisión formada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso Ayotzinapa. Dijo que no existe plan ni actividad real de esta agrupación, por lo cual, pedirán la destitución de su presidente, el diputado Guillermo Anaya Llamas. “El presidente ha sido omiso e indolente en el tratamiento del tema; ni siquiera hemos ido a Iguala, no hemos recibido a los familiares como comisión, entonces hay una idea de retrasar los trabajos del grupo”, enfatizó.
En lo que concierne a la iniciativa de llamar a la ciudadanía a no participar en los próximos comicios como señal de protesta e indignación por los hechos de Iguala, la diputada sostuvo que no votar sería un error, pues el único beneficiado sería al PRI, debido a que posee la estructura dura y la compra del voto, que en el abstencionismo juegan un papel relevante.
El Estado mexicano está rebasado
En palabras del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, el Estado mexicano no ha entendido la magnitud de los hechos en torno al caso de Ayotzinapa, por lo cual se ha visto rebasado en sus posibilidades de atender la problemática.
En términos jurídicos, expuso, la investigación realizada por las autoridades no ha sido exhaustiva ni profunda, además que no ha atendido a todas las líneas existentes para resolver el caso. Así mismo, en el terreno político, el experto en derecho aseguró que el gobierno mexicano trata de encapsular los acontecimientos, afirmando “que sólo se trata de unos jóvenes desaparecidos, cuando detrás del problema hay un gran contexto”.
En relación a la participación de la CIDH en la vigilancia de las
indagatorias, declaró que es una muestra de la desconfianza tan profunda
que se tiene sobre las autoridades mexicanas. Añadió que esta práctica
se vuelve cada vez más común para dar certeza a los procesos realizados
bajo el mandato de las autoridades nacionales.“Si el Estado mexicano fuese democrático, consolidado, sólido, las propias instituciones del país llevarían a cabo cualquier investigación sin vigilancia externa, pero a causa de la poca legitimidad de las autoridades se busca el respaldo de terceros”, manifestó.
Del mismo modo, calificó como un fracaso las acciones emprendidas por las autoridades para esclarecer lo sucedido con los estudiantes normalistas, pues declara: “no sólo por el hecho de que a casi 4 meses aún no hay respuesta sino porque hay sospechosos muy importantes que no han sido detenidos y porque existen líneas de investigación pendientes o no aclaradas”.
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