Empresas acuerdan no donar a campañas

Código de integridad y ética es una señal política: transparencia mexicana; se trata también de evitar aportaciones a partidos políticos, afirma Eduardo Bohórquez

29/01/2015 05:56 Redacción

"Estamos acostumbrados a demandar al gobierno integridad, apertura, pero cómo esperar esto si no hacemos nada.” Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero.- La firma del Código de Integridad y Ética Empresarial, que se comprometieron a aplicar organizaciones que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),  es una “señal política” por parte del sector hacia el gobierno federal y una muestra de “hartazgo” ante la situación económica y de seguridad en el país, afirmó Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
Explicó en entrevista con Martín Espinosa, para Grupo Imagen Multimedia, que se trata de una serie de principios que “seguramente van a desarrollar las empresas en meses o  años”, como el  prohibir la corrupción como práctica comercial, con socios y con su cadena de proveedores, así como evitar fraudes, y “en año electoral es importante el que tiene que ver con la aportación con fines políticos”.
El objetivo, remarcó, consiste en evitar aportaciones o donativos en firme o directamente a partidos políticos, personas físicas o morales, a entidades públicas o privadas que estén relacionadas con el quehacer político-electoral.
Eduardo Bohórquez se refirió al quinto principio de ese código, es decir, al de Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos, en el cual se indica lo siguiente:

“Las empresas deberán evitar, en cumplimiento de la ley, la realización de aportaciones o donativos, directa o indirectamente, a partidos políticos, campañas electorales y a cualquier persona física o moral, asociación, organismo, sindicato o cualquier otro tipo de entidad pública o privada, relacionados con actividades políticas, ya sea en México o en cualquier otra jurisdicción en la que operen”.

El código empresarial contra prácticas corruptas, integrado por 12 principios y presentado el martes pasado, es una muestra, agregó Bohórquez, de que “hay atrás no sólo hartazgo, sino molestias y costos, porque esta situación  de corrupción afecta no sólo la productividad, sino al capacidad de competir entre las empresas”.
Hay además una señal política, insistió, “que marca un hasta aquí, que hace ver que la situación es insostenible y que los regalos o las componendas pagadas dejaron de ser útiles”.
Advirtió que la corrupción en el país representa ya un costo “muy alto a nivel internacional, porque hoy México es visto a nivel mundial con dos calificativos: corrupción y desigualdad”.
Con esto, el CCE reconoce “que hoy no tiene políticas anticorrupción y que tiene que desarrollarlas en los próximos años, sentarse a ver cuáles son los riesgos que tienen las empresas”.
En particular, puntualizó, “las pequeñas y medianas empresas, que son víctimas de abusos todo el tiempo y que vayan desarrollando sus propios mecanismos anticorrupción, para que tengan otro tipo de relación con el gobierno”.
También es un código con el que se busca proteger a sus agremiados, “con máximas y políticas claras, sobre todo en el actual proceso intermedio electoral que vive el país”.

“Ésta es una señal no sólo de autorregulación, sino una señal política. Estamos acostumbrados a demandar al gobierno integridad, apertura, pero cómo esperar esto si no hacemos nada, y el sector empresarial dice: ‘Antes de pedir, pongo esto en la mesa para proteger a los agremiados, con máximas, con políticas claras, que les permitan salir de situaciones complejas’”, prosiguió Bohórquez.

El siguiente paso, precisó el director de la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, será vigilar que “este código se cumpla”, por lo que  el CCE tendrá que trabajar en diferentes sectores con medidas adicionales, para que esto “no sea un llamado a misa, que sea un compromiso de atacar la corrupción”.

“Hablando de dinero no será sencillo”, sobre todo, dijo, con  señalamientos de actos de corrupción y colusión entre empresarios y autoridades, “que ponen en riesgo la vida de las personas, como el caso de la Línea 12 del Metro, o que atentan contra la seguridad financiera, con Ficrea”.

Contra prácticas corruptas
El código impulsado por el CCE tiene el propósito de que el sector empresarial participe de manera activa en el combate a la corrupción y en la promoción de la cultura de la legalidad. Aquí algunos de sus principios.

• Prohibir la realización, el ocultamiento u otra actividad tendiente a llevar a cabo actos de soborno, corrupción, colusión o cohecho.
•  Las empresas deberán contar con una política explícita, clara y transparente relacionada con diversos conceptos que normalmente son legítimos pero que podrían ser utilizados para propiciar actos de soborno, corrupción o cohecho.
• Las empresas deberán respetar las preferencias e incluso militancias políticas de sus colaboradores, dentro del marco que fijen las leyes de la materia, sin influenciar, interferir o restringir en la participación que individualmente ejerzan cualquiera de sus colaboradores, en temas políticos, sea a nivel federal, estatal o municipal.

Temen retraso en las leyes de transparencia
Senadores reconocieron que está en riesgo cumplir con la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma en materia de transparencia, pues el plazo vence el próximo 7 de febrero y hay más de 40 observaciones del área jurídica de la Presidencia de la República.
En el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el senador Alejandro Encinas explicó que no daría tiempo para aprobar dicha normatividad, pues el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión inicia el 1 de febrero.
Encinas explicó que han acordado que el lunes 2 de febrero avanzarán en las opiniones de cada grupo parlamentario; el martes 3 sostendrán una reunión todo el día para ver hasta dónde es posible avanzar en el dictamen y convocar a las comisiones unidas, mientras que el jueves 5 se dispensaría la segunda lectura y se aprobaría para enviarse a la Cámara de Diputados.
“No se cumpliría con la disposición gubernamental que planteaba que estuvieran estas leyes aprobadas en el Congreso, no en vigor, aprobadas por el Congreso el día 7 de febrero”, explicó.
Asimismo, aclaró que no hay  ninguna sanción para los legisladores por incumplir con los plazos a fin de aprobar las leyes secundarias.
Por su parte, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista José Rosas Aispuro Torres, afirmó que los legisladores harán su mayor esfuerzo para contar con la ley reglamentaria sobre transparencia.
En el mismo sentido, la comisionada presidenta del Instituo Federal de Acceso a la Información (IFAI), Ximena Puente de la Mora, confió en que se logre aprobar esa legislación, y se dijo respetuosa de los plazos legislativos.
“En cualquier Estado democrático moderno, la transparencia y la protección de los datos personales resulta una tarea fundamental para el correcto ejercicio del quehacer ciudadano y de la democracia en sí misma”, puntualizó.
Puente de la Mora dijo que con la reforma constitucional en transparencia, aprobada el año pasado, el IFAI tiene la ardua tarea de asegurar en los distintos niveles de gobierno, los partidos políticos y fideicomisos que se garantice el derecho fundamental de acceso a la información y que se dé una debida protección a los datos personales de cualquier persona.
Julián Olivas Ugalde, encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, afirmó a su vez que “este tema no se ha agotado”.
“Aún requiere de la legislación reglamentaria, por parte de los señores legisladores,  donde se  cerrará el círculo de estas reformas de un tema que  había preocupado mucho a los mexicanos, un tema que, desgraciadamente, había llegado  tarde a nuestro país”, remarcó.
Recordó, asimismo, que la reforma permitió tener un IFAI con la categoría de órgano autónomo.