Gobierno federal no puede declarar muertas a personas desaparecidas sin prueba de ADN: ONU

Redacción SDPnoticias.com

Con respecto al caso Iguala, razón por la cual los padre viajrán a Ginebra la próxima semana para presentar sus argumentos antes el Comité de Desapariciones Forzadas del organismo.

México.- El integrante del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Santiago Corcuera Cabezut, señaló que el gobierno mexicano no puede dar por muertos a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pues los estándares internacionales contenidos en las convenciones sobre desaparición forzada detallan que el crimen es de carácter continuo e inicia con un acto de detención y culmina con el esclarecimiento del paradero de la víctima.

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, expondrán el caso la próxima semana ante dicho Comité en Ginebra, Suiza.

El académico de la Universidad Iberoamericana explicó que si las las autoridades federales cierran las investigaciones del caso, los familiares podrían recurrir al amparo con el argumento de violación a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el cual integra parte del bloque constitucional mexicano con base en la resolución 293 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El esclarecimiento del paradero o suerte de la víctima se entiende como una determinación sobre la localización de la persona, añadió que en caso de estar muerta, la confirmación provendría de la existencia del cadáver o mediante una prueba de que existen sus restos, identificados a través de estudios científicos, como el de ADN, “mientras no exista esa certeza no se pueden declarar muertas a las víctimas, y se entiende que la desaparición forzada se sigue cometiendo”.

Si el caso fue imposible de aclarar físicamente, el gobierno podría fomentar una declaración de ausencia por desaparición forzada con los efectos que tiene una declaración de muerte presunta.

La declaración de ausencia por desaparición forzada implica que el Estado reconoce que los familiares de la víctima pueden ejercer los derechos de la persona, como si estuviera muerta, pero con presunción de vida, explicó el integrante del Comité.

Con información de La Jornada