Human Rights Watch critica la versión oficial del caso Iguala
José Miguel Vivanco rechaza que se dé por muertos a los 43 estudiantes a partir de una sola identificación de restos oseos
Manifestación de los padres de los 43 desaparecidos. / EDGARD GARRIDO (REUTERS)
Expertos nacionales e internacionales en derechos humanos han criticado las palabras del fiscal general,
Jesús Murillo Karam, que ha dado por muertos a los 43 estudiantes de la
escuela de Ayotzinapa. “No es una verdad histórica, es una versión
oficial hasta ahora” ha señalado esta mañana el director para las
Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW),
José Miguel Vivanco, en una entrevista en la radio mexicana. El
comisionado nacional para los derechos humanos, Luis Raúl González
Pérez, también ha afirmado que el caso “no se ha superado y no puede
hablarse de cerrar el expediente”.
Vivanco ha criticado que para afirmar que todos los normalistas están muertos la fiscalía haya “extrapolado” el resultado de identificación de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes, a partir del análisis de restos óseos que hicieron los peritos. “El peritaje no se pudo hacer para el resto de los estudiantes… Concluir que todos han sido asesinados me parece poco serio”, ha dicho el director de HRW.
El activista afirmó en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui que “no es inverosímil” el relato que la fiscalía hace de la barbarie por el grado de violencia y corrupción que México sufre, pero recuerda que una de las prácticas de la justicia es arrancar “declaraciones con tortura”.
Murillo Karam señaló este martes que los elementos de la fiscalía dan la posibilidad de “hacer la consignación por homicidio” de muchas de las 99 personas que se han detenido desde los hechos del 26 de septiembre. Las pruebas que se han obtenido hasta el momento serán presentadas en el juicio que se llevará a cabo.
Las palabras del fiscal fueron acompañadas por un video en el que se presentaban fragmentos de las confesiones de algunos de los presuntos autores de la matanza como Felipe Rodríguez Salgado, alias El Terco o El Cepillo, y algunos de sus ayudantes, además de recreaciones de los hechos. La presentación llegó un día después de que la matanza cumpliera cuatro meses.
Muchos han tomado el gesto de las autoridades como una conclusión de la investigación. El defensor del pueblo mexicano, sin embargo, ha afirmado que el expediente “sigue abierto” a la espera de lo que tengan que decir los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los exámenes periciales que se han solicitado al extranjero. “Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos el caso sigue abierto”, afirmó su titular, Luis Raúl González, en la Cámara de Diputados.
El papel de los expertos nombrados por la CIDH será fundamental para brindar credibilidad a las pesquisas del Gobierno. Los padres de los normalistas se han negado a adoptar la versión oficial y se han movilizado para tratar de buscar a sus hijos en cuarteles militares.
“La mayor esperanza estaría centrada en esos expertos”, ha dicho Vivanco esta mañana. El grupo de profesionales fue desvelado el pasado 16 de enero e incluye al abogado constitucional chileno Francisco Cox; la guatemalteca Claudia Paz y Paz; los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; además del médico español Carlos Beristáin.
El trabajo de los expertos, que aún no han llegado a México, no sustituye las responsabilidades del Estado mexicano, pero podría reforzar una investigación muy cuestionada. "El relato del Gobierno genera mucho escepticismo y muchas dudas fundadas no solo dentro del país sino fuera de él", concluyó Vivanco.
Vivanco ha criticado que para afirmar que todos los normalistas están muertos la fiscalía haya “extrapolado” el resultado de identificación de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes, a partir del análisis de restos óseos que hicieron los peritos. “El peritaje no se pudo hacer para el resto de los estudiantes… Concluir que todos han sido asesinados me parece poco serio”, ha dicho el director de HRW.
El activista afirmó en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui que “no es inverosímil” el relato que la fiscalía hace de la barbarie por el grado de violencia y corrupción que México sufre, pero recuerda que una de las prácticas de la justicia es arrancar “declaraciones con tortura”.
Murillo Karam señaló este martes que los elementos de la fiscalía dan la posibilidad de “hacer la consignación por homicidio” de muchas de las 99 personas que se han detenido desde los hechos del 26 de septiembre. Las pruebas que se han obtenido hasta el momento serán presentadas en el juicio que se llevará a cabo.
Las palabras del fiscal fueron acompañadas por un video en el que se presentaban fragmentos de las confesiones de algunos de los presuntos autores de la matanza como Felipe Rodríguez Salgado, alias El Terco o El Cepillo, y algunos de sus ayudantes, además de recreaciones de los hechos. La presentación llegó un día después de que la matanza cumpliera cuatro meses.
Muchos han tomado el gesto de las autoridades como una conclusión de la investigación. El defensor del pueblo mexicano, sin embargo, ha afirmado que el expediente “sigue abierto” a la espera de lo que tengan que decir los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los exámenes periciales que se han solicitado al extranjero. “Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos el caso sigue abierto”, afirmó su titular, Luis Raúl González, en la Cámara de Diputados.
El papel de los expertos nombrados por la CIDH será fundamental para brindar credibilidad a las pesquisas del Gobierno. Los padres de los normalistas se han negado a adoptar la versión oficial y se han movilizado para tratar de buscar a sus hijos en cuarteles militares.
“La mayor esperanza estaría centrada en esos expertos”, ha dicho Vivanco esta mañana. El grupo de profesionales fue desvelado el pasado 16 de enero e incluye al abogado constitucional chileno Francisco Cox; la guatemalteca Claudia Paz y Paz; los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; además del médico español Carlos Beristáin.
El trabajo de los expertos, que aún no han llegado a México, no sustituye las responsabilidades del Estado mexicano, pero podría reforzar una investigación muy cuestionada. "El relato del Gobierno genera mucho escepticismo y muchas dudas fundadas no solo dentro del país sino fuera de él", concluyó Vivanco.
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