Estados Unidos financia el ataque a sus ciudadanos

Estados Unidos financia el ataque a sus ciudadanos






Mary Anastasia OGrady, The Wall Street Journal

Han pasado casi 15 meses desde que el fiscal general de El Salvador presentó cargos penales contra dos ciudadanos estadounidenses, junto con otros 18, por su papel en la atracción de las inversiones de la empresa de energía italiana Enel Green Power al sector geotermal de El Salvador en 2002.

Hasta ahora no se ha presentado evidencia de que se haya cometido un delito. Ninguno de los acusados, que ahora son nueve frente a los 20 iniciales, han sido llevados a juicio. Pero el FMLN, el izquierdista partido gobernante, y el presuntamente independiente fiscal general, los han difamado en la prensa con acusaciones de despilfarro del patrimonio nacional. El Estado ha impuesto un embargo preventivo contra sus bienes. No pueden salir del país. Sus facturas legales siguen acumulándose. Enfrentan hasta 10 años de cárcel.

Uno esperaría que Estados Unidos hiciera un escándalo por un ataque a sus ciudadanos en lo que parece ser, en el mejor de los casos, una cacería de brujas diseñada para penalizar la privatización. Pero el gobierno del presidente Barack Obama no lo ha hecho. En lugar de eso, los cazadores de brujas están en la nómina estadounidense.

Durante los últimos siete años, la Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia de ayuda externa del gobierno estadounidense, ha aprobado cerca de US$700 millones en donaciones a El Salvador a pesar de los atropellos contra el estado de derecho cometidos por el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), del partido de centro derecha Alianza República Nacionalista (Arena) y por los gobiernos pro cubanos de los presidentes del FMLN Mauricio Funes (2009-2014) y el actual mandatario Salvador Sánchez Cerén. La MCC se describe como una "agencia independiente", pero hoy en día el secretario de estado estadounidense, John Kerry, es el presidente de la junta y el secretario del Tesoro, Jacob Lew, es vicepresidente de la misma.

Los receptores de la ayuda de la MCC deben "demostrar un compromiso con una gobernabilidad justa y democrática", pero, como lo demuestra el caso de Enel, ese tren dejó la estación de El Salvador hace mucho tiempo.

Los problemas empezaron con Saca. Arena finalmente lo expulsó, pero no antes de que el ex mandatario socavara la liberalización económica que el país venía persiguiendo desde mediados de los años 90. Sus transgresiones incluyeron la ruptura de contratos y la intimidación de adversarios. Cuando los salvadoreños sacaron a Arena del poder en las elecciones, el FMLN asumió el mando y aceleró el descenso del país.

Alguna vez, El Salvador fue un destino atractivo para el capital. En 2008 recibió US$785 millones en inversión extranjera directa (IED). En 2013, la IED se redujo a US$140 millones, la más baja de América Latina. Durante el primer semestre de 2014, la economía recibió apenas US$25 millones en IED frente a los US$713 millones que llegaron a Guatemala y los US$542 millones que recibió Honduras.

El caso de Enel Green Power es emblemático de la ruptura del estado de derecho que está causando la desbandada de los inversionistas. A fines de los años 90, los estrategas salvadoreños reconocieron el potencial energético de los amplios recursos geotermales del país. El gobierno necesitaba capital para explotar esos recursos pero no quería endeudarse. Por ello contrataron a Deutsche Bank y le encargaron buscar un socio "estratégico" para la empresa de energía estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, conocida como CEL.

En 2002, la italiana Enel Green Power ganó la licitación al realizar un compromiso a largo plazo de invertir en la filial geotermal de CEL, conocida como LaGeo. Enel empezó con 8% de las acciones y el derecho a asumir control de la empresa a través de inversiones a lo largo del tiempo. Para 2006 ya poseía 36% de la unidad.

Fue un buen negocio para los salvadoreños. Entre 2002 y 2012, LaGeo generó ganancias para CEL de más de US$280 millones y pagó unos US$210 millones en impuestos, de acuerdo con Enel Green Power.

Pero cuando en 2006 la compañía italiana trató de invertir otros US$127,4 millones en LaGeo y asegurar así un control de 53%, el entonces presidente Saca bloqueó la operación. Enel dijo que El Salvador estaba violando su contrato y ganó tres fallos separados en la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París. Para fines de 2014, el derecho de Enel de asumir control de LaGeo había sido reafirmado.

Pero la empresa decidió llevar sus millones a otra parte. En diciembre anunció que había vendido el 36,2% que tenía en LaGeo a El Salvador por US$280 millones.

La filial será ahora gestionada por el Estado salvadoreño, que no es conocido por su transparencia. Si este hecho jugó un papel en la determinación del FMLN de retener el control es cuestión de especulación. Pero lo que es seguro es que la empobrecida nación que pide limosnas a EU ha perdido un inversionista serio.

Para justificar una decisión política tan estúpida el gobierno argumenta que la inversión italiana fue un delito. El ex ministro de Economía Miguel Lacayo y el ex miembro de la junta directiva de CEL Tom Hawk, ciudadanos estadounidenses, están acusados junto a otros de haberle dado a Enel un negocio demasiado bueno, un acuerdo transparente que fue completado en el mercado internacional. Claro, si las acciones fueron adquiridas de forma ilegal como lo dice el fiscal general, la compra del gobierno de ellas en diciembre también fue ilegal.

Si eso no tiene sentido, no se preocupe. No se supone que deba tenerlo.Se trata de intimidar y arruinar a enemigos políticos y consolidar el poder económico, con refuerzos financieros cortesía de los contribuyentes estadounidenses.