CNDH reconoce ante ONU: en México es un grave problema de seguridad la desaparición forzada
Por: Eridani Palestino /
3 febrero, 2015
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Ayotzinapa llega a la ONU. El reencuentro de un sistema fallido
(03 de febrero de 2015).- Fue el sábado 31 de enero cuando el caso Ayotzinapa dio un giro nuevamente a nivel internacional. Don Bernabé Abraján, padre de Adán, y doña Hilda Legideño, madre de Jorge, ambos estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”, fueron elegidos para asistir al octavo período de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas realizado en Ginebra, Suiza, el cual inició el martes 2 y terminará el miércoles 3 de febrero.
En representación de los demás familiares, se encargaron de presenciar las explicaciones que dio la delegación oficial mexicana sobre las desapariciones forzadas además de denunciar lo que consideran engaños e inacción de las autoridades sobre lo ocurrido con los normalistas.
“Nos están haciendo daño moral y emocional. Al principio, la PGR (Procuraduría General de la República) nos dijo que nuestros hijos estaban en fosas, pero esto se desmintió con el apoyo de peritos argentinos. Nos querían entregar cuerpos que no eran de nuestros hijos”, señaló la señora Hilda.
Por su parte el señor Bernabé Abraján, indicó: “Estamos aquí para que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos nos ayude a encontrar a nuestros hijos y se exija justicia por los que murieron el 26 de septiembre (…) Sabemos que nuestros hijos están vivos y los queremos encontrar”, sentenció.
Y ante esto, el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los estudiantes, afirmaron que el estado mexicano es incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país.
El caso “muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”, dice el documento de las ONG entregado al Comité de la ONU.
“Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso” y “la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”, dice la petición.
“Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones” intervino en el caso, agregó.
Así mismo, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Relaciones Exteriores y jefe de la delegación gubernamental, dijo que la desaparición de los estudiantes mostró la necesidad de plantar cara al crimen organizado y atender problemas relacionados como la pobreza y la corrupción.
Las medidas necesarias
Se ha hecho oficial: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido, frente al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en México es un grave problema de seguridad la desaparición forzada.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aceptó la etapa crítica y desafiante que viven los derechos humanos en México, además de mencionar que “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad”.
Entre las medidas propuestas se destacan:
· Reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales
· Aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada
· Expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
· Sostuvo que es necesario continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, así como con la identificación de personas, además de crear un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una base de datos.
· La obligación de investigar no sólo debe limitarse a encontrar y sancionar a los responsables
· Poner especial atención en la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
· También señaló que es necesario tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de cuerpos policiales.
Ayotzinapa, la punta del iceberg
En Ginebra, la ONU revisa el caso de México por las desapariciones forzadas. Sobre la situación actual, DW recogió opiniones. Entre ellas la del obispo de Saltillo, Raúl Vera, que en Bruselas ofició una misa por las víctimas.
“Al escuchar a las víctimas de todas partes del país detectamos que
algunos de los grupos que el gobierno llama de crimen organizado, y que
son responsables de masacres de jóvenes son grupos paramilitares creados
por el propio Ejército. En el narcotráfico se excusa el gobierno”, dice
El obispo de Saltillo ilustra la “descomposición” actual con el hecho de que el alcalde de Iguala, presunto autor intelectual de la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes estudiantes, haya sido el autor material del asesinato en mayo de 2013 de líderes sindicalistas de la misma localidad.
“Ahora está en prisión por eso, no por la desaparición de los estudiantes. Pero, ¿cómo puede ser posible que un asesino haya seguido gobernando tranquilamente un año y medio más?”, dice el obispo mexicano, por dos años entre los favoritos al Premio Nobel de la Paz.
Como fuere, “Ayotzinapa sólo fue la punta del iceberg”, refuta el obispo Vera. En el mensaje que lleva el Centro Diocesano de Derechos Humanos a Ginebra se subrayan años de inoperancia y la aquiescencia del Estado con la impunidad: La mina en Coahuila donde no se rescató a 65 obreros después de una explosión; la dejadez en el caso de la huelga de tres años de los obreros de la textilera de Parras de la Fuente; la masacre de Tlatlaya en mayo de 2014… Son ejemplos que da el obispo Vera, que tiene a su haber una larga lista de premios por su defensa de migrantes, obreros, indígenas y presos políticos.
(03 de febrero de 2015).- Fue el sábado 31 de enero cuando el caso Ayotzinapa dio un giro nuevamente a nivel internacional. Don Bernabé Abraján, padre de Adán, y doña Hilda Legideño, madre de Jorge, ambos estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”, fueron elegidos para asistir al octavo período de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas realizado en Ginebra, Suiza, el cual inició el martes 2 y terminará el miércoles 3 de febrero.
En representación de los demás familiares, se encargaron de presenciar las explicaciones que dio la delegación oficial mexicana sobre las desapariciones forzadas además de denunciar lo que consideran engaños e inacción de las autoridades sobre lo ocurrido con los normalistas.
“Nos están haciendo daño moral y emocional. Al principio, la PGR (Procuraduría General de la República) nos dijo que nuestros hijos estaban en fosas, pero esto se desmintió con el apoyo de peritos argentinos. Nos querían entregar cuerpos que no eran de nuestros hijos”, señaló la señora Hilda.
Por su parte el señor Bernabé Abraján, indicó: “Estamos aquí para que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos nos ayude a encontrar a nuestros hijos y se exija justicia por los que murieron el 26 de septiembre (…) Sabemos que nuestros hijos están vivos y los queremos encontrar”, sentenció.
Y ante esto, el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez AC, y Amnistía Internacional (AI), que acompañan a familiares de los estudiantes, afirmaron que el estado mexicano es incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país.
El caso “muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia”, dice el documento de las ONG entregado al Comité de la ONU.
“Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso” y “la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”, dice la petición.
“Ninguna de las instancias que el informe estatal presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones” intervino en el caso, agregó.
Así mismo, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Relaciones Exteriores y jefe de la delegación gubernamental, dijo que la desaparición de los estudiantes mostró la necesidad de plantar cara al crimen organizado y atender problemas relacionados como la pobreza y la corrupción.
Las medidas necesarias
Se ha hecho oficial: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido, frente al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en México es un grave problema de seguridad la desaparición forzada.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aceptó la etapa crítica y desafiante que viven los derechos humanos en México, además de mencionar que “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad”.
Entre las medidas propuestas se destacan:
· Reconocimiento de la competencia de dicho Comité para recibir peticiones individuales
· Aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada
· Expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
· Sostuvo que es necesario continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, así como con la identificación de personas, además de crear un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas y la construcción de una base de datos.
· La obligación de investigar no sólo debe limitarse a encontrar y sancionar a los responsables
· Poner especial atención en la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
· También señaló que es necesario tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición, así como la capacitación y profesionalización de cuerpos policiales.
Ayotzinapa, la punta del iceberg
En Ginebra, la ONU revisa el caso de México por las desapariciones forzadas. Sobre la situación actual, DW recogió opiniones. Entre ellas la del obispo de Saltillo, Raúl Vera, que en Bruselas ofició una misa por las víctimas.
“Al escuchar a las víctimas de todas partes del país detectamos que
algunos de los grupos que el gobierno llama de crimen organizado, y que
son responsables de masacres de jóvenes son grupos paramilitares creados
por el propio Ejército. En el narcotráfico se excusa el gobierno”, diceEl obispo de Saltillo ilustra la “descomposición” actual con el hecho de que el alcalde de Iguala, presunto autor intelectual de la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes estudiantes, haya sido el autor material del asesinato en mayo de 2013 de líderes sindicalistas de la misma localidad.
“Ahora está en prisión por eso, no por la desaparición de los estudiantes. Pero, ¿cómo puede ser posible que un asesino haya seguido gobernando tranquilamente un año y medio más?”, dice el obispo mexicano, por dos años entre los favoritos al Premio Nobel de la Paz.
Como fuere, “Ayotzinapa sólo fue la punta del iceberg”, refuta el obispo Vera. En el mensaje que lleva el Centro Diocesano de Derechos Humanos a Ginebra se subrayan años de inoperancia y la aquiescencia del Estado con la impunidad: La mina en Coahuila donde no se rescató a 65 obreros después de una explosión; la dejadez en el caso de la huelga de tres años de los obreros de la textilera de Parras de la Fuente; la masacre de Tlatlaya en mayo de 2014… Son ejemplos que da el obispo Vera, que tiene a su haber una larga lista de premios por su defensa de migrantes, obreros, indígenas y presos políticos.
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