La Procuraduría es el brazo represor de Moreno Valle; Puebla mantiene primer lugar en presos políticos
Por: Emma Martínez / 22 enero, 2016
(22 de enero, 2016.Revolución TRESPUNTOCERO).- En México existen
aproximadamente 500 personas en las cárceles catalogados como presos
políticos. De los cuales 241 se encuentran en las prisiones de Puebla.
Lo que le ha valido a la entidad ser la que mayor número de ciudadanos
perseguidos y encarcelados, derivado de la expresión de sus ideas
contrarias al gobierno, quienes han mantenido una lucha social y un
activismo que ha unificado a grupos que generalmente presionan a las
autoridades estatales a cumplir sus obligaciones.
“Una de las principales características de los presos políticos, no
solamente de Puebla, sino de todo el país, es que jamás son acusados
abiertamente por sus ideas, debido a que no podría existir fundamento
alguno, entonces les imputan falsos delitos y fabrican pruebas.
El gobierno de Moreno Valle es
un representante de la represión, durante su mandato incluso ha mandado
matar a quienes se manifiestan, tenemos aún impune el caso del menor
asesinado en una marcha. La máxima prueba son los 241 poblanos que han
padecido detenciones violentas para después ser acusados injustamente,
pero por delitos severos que los dejarán varios años en prisión”,
asegura a Revolución TRESPUNTOCERO la activista y abogada defensora de Derechos Humanos en Puebla, Laura Mena.
Dentro de los principales motivos de la persecución de ciudadanos que
expresan sus ideas contestatarias, se encuentran: la defensa del medio
ambiente, el patrimonio histórico y su derecho al trabajo, así como
realizar arduas tareas de convencimiento al rechazo
de megaproyectos cuya finalidad es, principalmente, despojar de sus
riquezas a las comunidades rurales.
Dado que el tipo de delito es determinante, con frecuencia se usa el del
‘agravio a la paz pública’, “ya que es un tipo penal muy
amplio, produce que se pueda interpretar de múltiples maneras, por
ejemplo, establece que quien haga actividades para alterar el orden
público entonces comete un delito, y debido a su amplitud el policía y
el juez son quienes deciden cómo interpretar la acción, lo cual produce
que en momentos de protesta, las personas a las que se le detenga se
les aplique este tipo penal, lo cual es muy grave ya que de entrada,
una protesta no debería de ser considerada como una alteración al orden
público cuando es un ejercicio del derecho, y en muchas ocasiones la
gente solamente responde ante la violencia de los policías.
Que se usen ese tipo de delitos es muchísimo más grave porque genera
mayores complicaciones en la defensa, porque no sabes cuál es
exactamente la conducta que se te está aplicando, deja la posibilidad
que en las protestas puedan decidir cómo detenerte, por ello ahora
son muchos los casos que después de manifestaciones de repente se les
aplica este delito”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO la abogada defensora de derechos humanos Sofía de Robina.
El delito a la paz pública fue aplicado a Juana Macuitl Coyotl, por
participar en una de las manifestaciones en contra del servicio
de Metrobús, a decir por testigos, lo único que hicieron fue exhibir
pancartas durante una protesta. Aunque sus hijos y organismos civiles
han exigido su liberación, las autoridades de Moreno Valle han hecho caso omiso.
La detención de la madre soltera ha traído consecuencias a su familia,
ya que con 16 años, su hijo mayor se tuvo que hacer cargo de sus
hermanos, ya que a su hermana Angélica también la detuvieron en
aquella manifestación por el mismo delito.
350 mil pesos son los que las autoridades piden de fianza para que ambas
mujeres obtengan su libertad, monto estratosférico para una familia de
escasos recursos, que ha denunciado que Angélica mantiene una enfermedad
hepática, la cual ha empeorado por las condiciones en las que se
encuentra dentro de prisión.
Ambas se encuentran en el penal de San Pedro Cholula, acusadas de motín,
ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares, de
acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría General de
Justicia (PGJ).
La protesta, donde madre e hija fueron detenidas, se realizó en San Antonio Cacalotepec, junta auxiliar del municipio de San Andrés Cholula,
durante la cual pobladores retuvieron diversas unidades de la Red
Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para exigir mejoras en el
servicio.
Juana portaba una pancarta donde se leía “no a la tarjeta, sí a la
moneda”. Caminaban junto a un nutrido grupo cuando los interceptaron
granaderos, quienes en forma violenta comenzaron las detenciones
arbitrarias y en forma aleatoria detuvieron a ocho personas, segundos
después que los policías gritaran “agárrense a toda la gente pareja”.
Además de los delitos imputados, se aseguró que fueron partícipes de una
protesta anterior, sin embargo, argumentan que ni siquiera estaban
enteradas de ésta.
Después de aquel suceso, el hijo de Juana tuvo que abandonar la escuela y
dedicarse a la venta de gelatinas y obtener así recursos, ya que su
madre era la única proveedora de la familia, a esto se sumó la mudanza
hacia la casa de su abuela materna porque le fue imposible seguir
pagando una renta.
“La peligrosidad del gobierno panista de Moreno Valle perseguirá a la
ciudadanía que exige, incluso después de haberse ido del cargo, ya que
tiene un grueso número de expedientes que debido a su conformación
permiten que la posibilidad de hacer válidas cientos de órdenes de
aprehensión contra otros manifestantes, para así convertirlos en presos
políticos.
Hoy la Procuraduría de Justicia, no es más que el brazo represor y
asesino de Moreno Valle, cuya principal función
es desestabilizar movimientos sociales y criminalizar a todos los
ciudadanos que aún se atreven a exigir sus derechos y la justicia que
les corresponde, entonces no importa si está bajo el escrutinio público,
este gobernador usa la violencia y los falsos delitos para controlar.
Es una absoluta política de terror, es un Stalin poblano”, asegura Mena.
Por su parte organismos civiles también han denunciado que las
detenciones siguen un patrón, el cual podría derivar en desaparición
forzada o muerte, puesto que las personas son detenidas con violencia y
las “desaparecen” por horas, principalmente tienen como finalidad crear
falsos expedientes con el mayor número posible de delitos para evitar el
derecho a caución. Cuando está listo, se fijan altas fianzas, como si
los inconformes fueran delincuentes de alta peligrosidad.
“Lo grave es que es completamente un abuso de la fuerza, además que se
quiere demostrar no solamente quien es la autoridad, sino el hecho que
pueden utilizar el derecho para sus fines, dando paso a un uso
faccioso de éste. Evidentemente esto es gravísimo, violan un sin número
de derechos específicamente, para las personas que son detenidas para
los activistas, pero también para el resto de las personas porque
genera un efecto inhibidor, se crea esta idea de ‘mejor ni participo,
ni me activó porque entonces tengo muchísimas más posibilidades de ser
detenido’.
Es importante exigir que este tipo de delitos -a la paz pública- se
limiten más, que sean más específicos para que no sea el policía quien
decida cuál va ser el contenido y que entonces pueda usarlo
indiscriminadamente y de manera arbitraria, se debe de exigir que no
exista o que no se apliquen, evidentemente es mejor que desapareciera o
se redujera, debería de haber un control muy claro y una explicación de
porqué se cree que una persona está cometiendo ese delito”, afirma
de Robina.
Por su parte el Movimiento Autónomo Indígena Zapatista ha denunciado en
distintas ocasiones que la mayoría de los presos “de conciencia” de
Moreno Valle son de origen indígena, lo que sería uno de los varios
elementos para demostrar que el gobernador de Puebla comete el delito de
discriminación con la agravante de odio.
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