En
mi artículo del pasado día 4 en LA OPINIÓN, especulaba con la
posibilidad de un pacto a tres bandas (PP, PSOE y Ciudadanos) para la
formación de Gobierno, hipótesis que, a raíz de los recientes acuerdos
para la constitución de las Mesas del Congreso y del Senado, sigo
creyendo que no es descabellada. Además, también abogaba por que las
fuerzas políticas que están por el cambio se pusieran de acuerdo para
configurar un Gobierno progresista. Pero, al día de hoy, ello parece
difícil: además de los recelos mutuos de los actores llamados a la
consecución de ese pacto de izquierdas, una dificultad añadida tiene que
ver con la deriva soberanista de Cataluña. Aunque el presidente de la
Generalitat ha rebajado la tensión afirmando que la independencia no es
inminente, desde todos los ámbitos (políticos, económicos, mediáticos?)
se está forzando la constitución de un Gobierno de coalición o en
minoría que tendría como prioridad absoluta el frenar ese proceso
independentista, pese a la situación de emergencia social que vive el
país.
Pero, ¿y si, pese a todo, fuera posible un Gobierno de izquierdas? La primera dificultad es puramente aritmética: a las reticencias mutuas que vienen mostrando estos días PSOE y Podemos se une el hecho incuestionable de que, junto al de UP-IU, necesitarían el apoyo de formaciones políticas nacionalistas o la abstención de Ciudadanos, cosa bastante improbable. Precisamente esa heterogénea composición de los llamados a pactar dificultaría la adopción de acuerdos para las reformas de alcance que necesita el país. Pues, aunque parece haber bastante coincidencia en que las tareas inmediatas que debería abordar ese Gobierno serían un plan de choque contra la pobreza y la desigualdad, la derogación de las leyes más impopulares (LOMCE, Ley Mordaza?), un pacto educativo y medidas de regeneración democrática, no habría tal consenso en la adopción de otras medidas, de corte más drástico, que supusieran un ruptura radical con el régimen surgido de la Constitución de 1978.
En lo tocante a las propuestas de reforma constitucional, otro de los temas que diversas formaciones políticas han destacado como inaplazable, la dificultad estriba en lo estipulado en los artículos 167 y 168 de la Constitución, pues el PP, con 123 diputados, puede ejercer la minoría de bloqueo (para la que le bastan 117 votos). Está claro, pues, que un hipotético Gobierno progresista debería centrarse en lo más urgente e inmediato con la vista puesta en unas elecciones (a lo más tardar, a dos años vista), de las que podría surgir un potente bloque de izquierdas con vocación de adoptar medidas realmente rupturistas.
Romper amarras con el régimen de la Transición implicaría, sin pretender ser exhaustivo, la adopción de medidas tales como la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de enero 1979, para avanzar hacia un Estado realmente laico; una nueva Ley de Memoria Histórica que, mediante la declaración previa de ilegalidad del régimen franquista y de los procesos sumarísimos y sin garantías jurídicas contra las víctimas de la dictadura, dé cumplimiento a los requerimientos de la ONU para la reparación debida a esas víctimas y sus familiares, la exhumación de las miles de fosas comunes aún existentes por toda nuestra geografía, y la eliminación de todo vestigio de ese criminal régimen en calles y plazas de nuestros pueblos; la reforma constitucional del Título II, artículos 56 y 57, para limitar las prerrogativas y privilegios de la Corona; la culminación del proceso autonómico, para diseñar un Estado federal solidario con vocación republicana, y abriendo el debate en torno a la Jefatura del Estado; la regulación más democrática del derecho de consulta, mejorando ese supuesto contemplado en el artículo 92 de nuestra Carta Magna; una decidida apuesta por una reforma fiscal progresiva que permita atajar el fraude, frenar el déficit público e implementar un plan de creación de empleo con la finalidad de aumentar ingresos y de garantizar la viabilidad de las pensiones; mayor intervención del Estado en sectores económicos estratégicos (energía, transporte, agua?); una banca pública que potencie la financiación de pymes y autónomos, con reformas como la adecuación de la fiscalidad de éstos al volumen de facturación; una protección especial a las víctimas de la violencia machista, la xenofobia y el racismo; garantizar las prestaciones de la Dependencia; y en política exterior, un alineamiento claro con los países del sur de Europa con gobiernos progresistas (Portugal, Italia, Grecia, Francia), para frenar las políticas de recortes, dictadas por la Troika, que están empobreciendo a grandes capas de la población.
Está claro que estas medidas, superadoras del régimen surgido de la Transición, sólo pueden aplicarse por una izquierda potente, rupturista, perfectamente conectada y nutrida con las movilizaciones de los colectivos sociales, una izquierda consolidada en generosos procesos de confluencia, renovada y sin fisuras, que obligaría al PSOE, cautivo hoy tanto de sus responsabilidades de Estado como de su inercia continuista en la línea de tibieza que ha venido caracterizando a la socialdemocracia europea, a ’mover ficha’. Una izquierda que, precisamente porque estamos en una época de cambios e incertidumbres, es más necesaria que nunca.
Pero, ¿y si, pese a todo, fuera posible un Gobierno de izquierdas? La primera dificultad es puramente aritmética: a las reticencias mutuas que vienen mostrando estos días PSOE y Podemos se une el hecho incuestionable de que, junto al de UP-IU, necesitarían el apoyo de formaciones políticas nacionalistas o la abstención de Ciudadanos, cosa bastante improbable. Precisamente esa heterogénea composición de los llamados a pactar dificultaría la adopción de acuerdos para las reformas de alcance que necesita el país. Pues, aunque parece haber bastante coincidencia en que las tareas inmediatas que debería abordar ese Gobierno serían un plan de choque contra la pobreza y la desigualdad, la derogación de las leyes más impopulares (LOMCE, Ley Mordaza?), un pacto educativo y medidas de regeneración democrática, no habría tal consenso en la adopción de otras medidas, de corte más drástico, que supusieran un ruptura radical con el régimen surgido de la Constitución de 1978.
En lo tocante a las propuestas de reforma constitucional, otro de los temas que diversas formaciones políticas han destacado como inaplazable, la dificultad estriba en lo estipulado en los artículos 167 y 168 de la Constitución, pues el PP, con 123 diputados, puede ejercer la minoría de bloqueo (para la que le bastan 117 votos). Está claro, pues, que un hipotético Gobierno progresista debería centrarse en lo más urgente e inmediato con la vista puesta en unas elecciones (a lo más tardar, a dos años vista), de las que podría surgir un potente bloque de izquierdas con vocación de adoptar medidas realmente rupturistas.
Romper amarras con el régimen de la Transición implicaría, sin pretender ser exhaustivo, la adopción de medidas tales como la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de enero 1979, para avanzar hacia un Estado realmente laico; una nueva Ley de Memoria Histórica que, mediante la declaración previa de ilegalidad del régimen franquista y de los procesos sumarísimos y sin garantías jurídicas contra las víctimas de la dictadura, dé cumplimiento a los requerimientos de la ONU para la reparación debida a esas víctimas y sus familiares, la exhumación de las miles de fosas comunes aún existentes por toda nuestra geografía, y la eliminación de todo vestigio de ese criminal régimen en calles y plazas de nuestros pueblos; la reforma constitucional del Título II, artículos 56 y 57, para limitar las prerrogativas y privilegios de la Corona; la culminación del proceso autonómico, para diseñar un Estado federal solidario con vocación republicana, y abriendo el debate en torno a la Jefatura del Estado; la regulación más democrática del derecho de consulta, mejorando ese supuesto contemplado en el artículo 92 de nuestra Carta Magna; una decidida apuesta por una reforma fiscal progresiva que permita atajar el fraude, frenar el déficit público e implementar un plan de creación de empleo con la finalidad de aumentar ingresos y de garantizar la viabilidad de las pensiones; mayor intervención del Estado en sectores económicos estratégicos (energía, transporte, agua?); una banca pública que potencie la financiación de pymes y autónomos, con reformas como la adecuación de la fiscalidad de éstos al volumen de facturación; una protección especial a las víctimas de la violencia machista, la xenofobia y el racismo; garantizar las prestaciones de la Dependencia; y en política exterior, un alineamiento claro con los países del sur de Europa con gobiernos progresistas (Portugal, Italia, Grecia, Francia), para frenar las políticas de recortes, dictadas por la Troika, que están empobreciendo a grandes capas de la población.
Está claro que estas medidas, superadoras del régimen surgido de la Transición, sólo pueden aplicarse por una izquierda potente, rupturista, perfectamente conectada y nutrida con las movilizaciones de los colectivos sociales, una izquierda consolidada en generosos procesos de confluencia, renovada y sin fisuras, que obligaría al PSOE, cautivo hoy tanto de sus responsabilidades de Estado como de su inercia continuista en la línea de tibieza que ha venido caracterizando a la socialdemocracia europea, a ’mover ficha’. Una izquierda que, precisamente porque estamos en una época de cambios e incertidumbres, es más necesaria que nunca.
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