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¡Qué se ha creído este juez para sentar en el banquillo a un miembro de la casa Real!

El Poder económico necesita para desarrollarse y hacer de las suyas la estabilidad política, la misma que reclama con insistencia el PP, y como no, la seguridad jurídica. Estas condiciones son de máxima exigencia, necesitan la estabilidad para tenernos aplastados bajo su bota y que no nos podamos ni mover. Necesitan imperiosamente la seguridad jurídica para actuar bajo la más amplia impunidad. Para lograr estas dos exigencias, los oligarcas, tienen bajo su control a nuestros representantes políticos. Desde la transición, las cúpulas de los partidos que tocan Poder se les somete a base de sobornos, una jubilación dorada, y la puerta corredera a cambio de legislar a favor de sus jefes oligarcas, digan lo que digan los doblegan uno tras otro. Este gran teatro tiene una fachada resplandeciente, los medios de comunicación rinden pleitesía a sus dueños y se llenan la boca al hablarnos de la estupenda democracia que disfrutamos como populacho. Cojonudo, pero detrás de esta radiante fachada se encuentra la zona oscura, la que no quieren los señores del dinero que se pueda ver. Vamos a encender la luz y prestar atención a las artimañas del Estado. Tenemos a la vista el juicio a la infanta Cristina y a su marido Iñaki Undargarin, los Duques de Palma que como miembros de la Familia Real se pusieron a reproducir lo que al jefe del clan, al Rey Juan Carlos I, se le permitió durante años: negociar con la influencia. Los negocios del Rey estaban bendecidos por la estabilidad y la seguridad jurídica que ofrece la intervención real. En cada Ley o Decreto Ley está estampada la firma real. Con esa pompa y boato se da esplendor al negocio promocionado por la oligarquía y los señores del dinero tienen a bien concederle a su majestad unas migajas por el servicio prestado. Decían que el Borbón no era muy espabilado pero en asuntos de dinero se pasó tres pueblos, llego a “Palacio” como la Cenicienta, sin una peseta en el bolsillo y se marchó como una de las mayores fortunas del país. ¿El dinero cayó del cielo? ¿Intervino una Hada Madrina? Cuando tengas un rato necesitas saber qué demonios pasó con una monarquía tutelada y protegida entre algodones por el poder económico. Los medios de comunicación aceptaron, como tema tabú, no mencionar palabra de los negocios del Rey. Tienes ocasión de conocer lo que pasó: https://ataquealpoder.wordpress.com/2011/12/20/se-aparta-a-urdangarin-por-conducta-poco-ejemplar-y-la-del-rey-averigualo-por-ti-mismo/
 Ha pasado en las mejores familias, los Duques de Palma querían casa en Barcelona, la casa no podía ser una casa cualquiera tenia que se un “palacete” en la mejor zona: en Pedralbes. La puñetera casa valía un pastón y la hipoteca concedida por La Caixa (donde trabajaba la infanta) rondaba los 30.000 euros mensuales. El sueldo de la infanta no daba para tanto y el marido estaba “en paro” ¿Cómo es que La Caixa le concedió la hipoteca? ¿Cómo es que no le exigió el aval de los padres como a todo bicho viviente? Para pagar la hipoteca Urdangarin se puso a trabajar de “autónomo” y en lugar de poner un bar o una tienda de deportes quiso imitar a su suegro con el negocio de las comisiones disfrazado de servicio a la patria. La Casa Real se puso manos a la obra para que el suegro apadrinara a Urdargarin y clonó los negocios reales. Una cosa es que el Rey intermedie a que las grandes empresas encuentren mercado en otros países y se lleve una comisión por “abrir mercado exterior” y otra muy distinta que reviente la caja común de todos los españoles. Este delicado negocio real de traficar con el dinero público es una tentación, que se incrementa cuando los vástagos tienen la edad de trabajar. La infanta Cristina e Iñaki le dieron la vara al monarca con el consabido “y de lo mío qué” ya que la hipoteca de La Caixa empezaba apretar. Ha pasado en las mejores familias, y si no que se lo pregunten al Virrey catalán, Jordi Pujol que a coro sus hijos le cantaban día y noche “y de lo mío qué”.
Los ricos también lloran por la hipoteca
El populacho está pagando las consecuencias megalómanas de la oligarquía al instaurar una banca endeudada hasta las cejas. La chaladura acabó cuando los acreedores de esa expansión descontrolada se dieron cuenta, que les habían colado bonos que se sustentaban en unos préstamos hipotecarios con un riesgo de impago impresionante y cortaron súbitamente el flujo de dinero. Los bancos se encontraron en un callejón sin salida y papa Estado (el gobierno de turno) llegó con la manguera apagafuegos de una porrada de millones de euros. A continuación, los bancos, cerraron el crédito y miles de empresas bajaron la persiana. Esto ya lo sabe todo el mundo y también sabe la relación entre millones de parados y la miseria de no poder pagar nada, entre lo que se encuentra la cuota mensual de la hipoteca. Cuando se descubrió a que se dedicaba Urdangarin, de la mano de su socio Diego Torres, tuvo que cerrar el negocio de la venta de influencia en el Instituto Noos y para no quedarse en paro y poder pagar la hipoteca de La Caixa, Telefónica le dio un empleo en los Estados Unidos, lejos del mundanal ruido. A todo esto el asunto llegó a los Tribunales de Palma de Mallorca por malversación de caudales públicos en el juzgado de un juez “cabezota” que se atrevió a acusar de fraude fiscal a la infanta Cristina. ¡Qué se ha creído este juez para sentar en el banquillo a un miembro de la casa Real!
¿Un juez cabezota puede poner en jaque a la monarquía? La Casa Real se puso en marcha y empezó a tirar de manual: a) ir al socio de Urdargarin y pedirle que se cargue él solo con todo el marrón. Salió pifia, primer fracaso. b) ordenar al fiscal del caso que ni por asomo hay delito y que la infanta es una santa, el juez no cedío. Salió pifia, segundo fracaso, c) presionar al juez cabezota para que cambie de opinión. Salió pifia, tercer fracaso, d) exigir a Hacienda que certifique que la cantidad defraudada es inferior a la que se considera como delito. Salió pifia, cuarto fracaso. Entre tanto se presenta en el procedimiento la acusación popular. La ejerce el sindicato Manos Limpias, un sindicato sin trabajadores ni sindicalistas, que acusa a la infanta Cristina e Iñaki. La acusación popular es una variante de la legislación europea en la que no existe. La legislación nacional permite que una asociación pueda comparecer en el procedimiento, si se siente perjudicada, y puede ejercer de acusación. Esta facultad es la bestia negra que a la oligarquía horroriza, pueden mover los hilos entre bambalinas pero detener o anestesiar a la acusación popular es harina de otro costal. ¡Con la iglesia hemos topado amigo Sancho! En teoría no es fácil zafarse de esta piedra en el camino y a grandes males grandes remedios.
Que al populacho se le ha dado el poder de la acusación popular, pues se le quita y santas pascuas. ¿Cómo se le puede quitar este derecho? Muy fácil, creando una doctrina en la que todos están de acuerdo. A la cabronada le han puesto el nombre de “la doctrina Botín”, la cosa empezó así: cuando el Presidente del Banco Santander se encontraba entre la espada y la pared por haber creado un producto financiero llamado “cesiones de crédito” que de producto no tenía nada, tan solo era una defraudación masiva a Hacienda y que servía para captar clientes con el reclamo Venga al paraíso, venga al Santander, en clara alusión a un paraíso fiscal con imágenes, en la publicidad, de una playa del Caribe. El fraude a Hacienda fue el mayor de la historia por lo que una asociación entendió que se lesionaba el interés general, el de todos los españoles, y acusó, ejerciendo el derecho de la acusación popular, a la cúpula del Banco Santander que se sentaba en el banquillo del desaguisado en las cuentas de Hacienda. La asociación venia documentada a más no poder, por lo evidente del fraude cometido subían las posibilidades de que Botín & Cia. pasaran del banquillo a estar entre rejas. Fue entonces cuando la oligarquía se sacó de la manga la doctrina Botín que consiste en tapar la boca a la acusación popular siempre y cuando la fiscalía y el abogado del Estado no acusen, vamos que no encuentren delito alguno. Muerto el perro, muerta la rabia. Si quieres enterarte de uno de los capítulos más vergonzantes de la historia de este país y que te servirá para entender que demonios ha pasado para que los bancos pudieran llevar a la nación a la mierda no te pierdas este enlace:
https://ataquealpoder.wordpress.com/2012/04/05/alguien-explica-como-hemos-llegado-a-esta-cienega-1/
La magia de la doctrina Botín
Cuando todo fracasa el Poder echa mano de la doctrina Botín. Queda muy bien, es efectiva y muy práctica para los intereses de los oligarcas pero tiene un defecto: pone de manifiesto, a los ojos del populacho, que la Justicia es un instrumento accionado a distancia. Aparentemente, entre las reglas de juego, está la suprema decisión del juez al frente de un asunto, sin embargo, los oligarcas no aceptan que un juez cabezón les jorobe. El Rey, la Casa Real, el gobierno y maría santísima se pusieron a reconducir al juez cabezón ¿Cómo lo hacen? La cadena de mando llega al ministro de Justicia que ordena al Fiscal General del Estado que mande al fiscal del caso,  que le debe obediencia, que apañe el asunto. Como no se dispone del texto que exonera a la infanta Cristina echemos mano de la original doctrina Botín donde sí se dispone, decía así: “Por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el que terminaba interesando del Juzgado que acuerde el sobreseimiento libre respecto a las personas del Banco Santander que, a lo largo de esta causa, han sido citadas como imputados, y respecto de ….” . El abogado del Estado no se quedaba corto suplicando al Juzgado: “acuerde la no exigibilidad a los administradores del Banco Santander de responsabilidad penal ninguna por cooperación necesaria en comisión de posible delito fiscal en relación a los principales invertidos por los clientes, y con respecto al presunto delito de falsedad, considera que dicha imputación es insostenibles ..” . (Cámbiese Banco de Santander por infanta Cristina de Borbón y estamos al cabo de la calle)
Así se las gastan los del Poder, era de suponer que el fiscal, encargado de velar por la legalidad, y el abogado del Estado, responsable de cuidar los intereses del Erario público, iban a poner su mejor empeño en colaborar con el Juzgado instructor y apoyar con su decidido impulso la investigación sumarial. Pues no, estos angelitos hicieron exactamente lo contrario. ¿A qué intereses sirven en realidad tan cualificados funcionarios, que cobran del presupuesto del Estado, para defender el interés público? Se trataba del mayor fraude fiscal cometido en España. Todas las evidencias, pruebas documentales, testimonios no sirvieron para nada. El juez Miguel Moreiras se vio obligado, al aliarse, con descaro, la acusación con la defensa de los imputados, a cerrar el caso con más pena que gloria. El juez, Moreiras duró poco en su cargo y fue desterrado a las quimbambas en un juzgado de una población rural para que impartiera justicia entre agricultores y ganaderos por la disputa de un linde o una vaca. Más o menos lo mismo que este juez cabezón instructor del caso que lo envían para su casa después de haberle denegado la continuidad en el juzgado por “jubilación forzosa”. Malditos oligarcas. La infanta Cristina podrá dormir tranquila ya que su paso por el banquillo será efímero, quien pasará unas semanas de juicio será Iñaki, pero, y esto es un vaticinio, se irá de rositas ya que en todo este tiempo su socio se ha avenido a que las cloacas del Estado, los servicios secretos, manipulen las pruebas. Pronto lo sabremos. ¡Viva la justicia! Todo este lío monárquico viene por pagar la hipoteca de La Caixa, lo que pone de manifiesto que los ricos también lloran.  Si este relato tiene algo de bueno son los jueces cabezones como José Castro. Tiene todos mis respetos.