“Como a las 8:30 de la mañana, empezamos a oler a quemado y no sé ni cómo abrimos la puerta del auditorio (que también estaba bajo llave) para ir a ayudarlas porque se estaban quemando. Pero los policías no nos dejaron ayudarlas y nos empezaron a pegar. Nadie las ayudó y no nos dejaron ayudarlas”.
-Adolescente sobreviviente de la tragedia del 8 de marzo en el Hogar “Seguro Virgen de Asunción-
“A Edgar le dispararon en la cara, sangraba a chorros, lo cargaron como pudieron y todavía se escuchaba como los disparos impactaban en los carros”
-Omar García, sobreviviente de la masacre de Iguala el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, México-
“Escuchamos el grito. ‘¡Saquen a los niños!’… El techo se desprendía en pedazos y caía sobre los menores que dormían sobre colchonetas en el piso… Unos tenían quemaduras en brazos, cabeza, frente; otros se asfixiaban con el humo”
-Educadora de la Guardería ABC-
Demián Revart
El fuego no es precisamente un aliado de las conclusiones inmediatas, sirve más bien como el catalizador que apertura nuevas ideas, nuevas cuestiones, nuevos episodios del acontecer diario. Así como con nuestros abuelos nos sentamos alrededor de una fogata a contar historias o reflexionar sobre situaciones afines que nos conciernen, estos párrafos pasan de ser fuego que calcina –destruye– a un fuego de corazón que concientiza –construye-.
I
Apuntes sobre un concepto-hashtag (de una vez por todas, entender el #FueElEstado… ¡y el capitalismo!)
1) Hacia una concepción del Estado como maquinaria y dispositivo en la sociedad neoliberal
Hay un severo problema para nuestros días: las mayorías piensan que la sociedad conforma al Estado. Dicha “integración” hemos de entenderla como la forma de desenvolvimiento social por excelencia que se enmarca en lo que se ha denominado ‘historia moderna’, por lo que la inconsciencia de esa separación entre sociedad y Estado reside en el habitus del día con día. La interpretación –vigente hoy por hoy- de que la maquinaria estatal se erige por la dominación de una clase social sobre otra, se va esfumando por diversas cuestiones que enunciaré más adelante.
La inconsciencia abarca los dos polos.
En el aspecto positivo pasa lo siguiente: trabajar y pagar impuestos, utilizar el transporte público, asistir a colegios y escuelas públicas, ser representados por determinadas figuras políticas, recibir incentivos económicos a final de año, son usanzas comunes que remiten a la idea de que hay un Estado (a cargo de un gobierno de élite de tal o cual color) que dota, otorga y regula dichas actividades para el funcionamiento próspero de la sociedad. ¡Ja! Hay que decirlo: todas estas usanzas surgen gracias al fruto del trabajo y las necesidades básicas de la clase social que las produce y satisface, la otra sólo se viste como un “administrador” buena onda.
En el aspecto negativo, la constante oposición entre intereses individuales y colectivos que provocan los llamados problemas sociales, denotan en las mayorías que esos choques se dan, precisamente, entre individuos o grupos, y no por la influencia central que ejerce el Estado en el modo de trabajo, educación y de pensamiento. La gente no riñe o se mata entre sí sin una causa: hay un motivo sistemático.
La aseveración de la lucha de clases claro que es real, pero resultaría como una respuesta microscópica si totalizamos el concepto de Estado a la supraestructura de dominación que separa en dos campos a explotados y explotadores, a administrados y administrativos cuando en realidad de ese cúmulo de explotados surge otra cadena de explotados y explotadores –al igual de administrados y administrativos– y otra, y otra…
La incidencia del Estado en el momento actual no se puede definir con los viejos libros de politología y marxismo, ya que además de máquina ahora es un conjunto de dispositivos. La opresión está en el aire… ¡y en las presidencias!
Ahora bien, ¿a qué se debe la afrenta de no visibilizar el antagonismo entre sociedad y Estado? Al hecho de que este segundo se ha estandarizado como “naturaleza humana” [1] y convence a sus ciudadanos, en tanto que ideología y regulación de la vida pública, en distintos aspectos: la estilización de la fachada del barrio gracias a tu “diputado de confianza”; la educación habitualizada sobre el Estado que se contenta con definirla (de cajón están Cicerón, Platón, Jellinek, Spengler, Kelsen, Hegel, Carré de Malberg, etc.); la creación de situaciones como la típica fiesta ruidosa de un vecino en la que el adyacente afectado prefiere llamarle a la policía y armar un borlote en lugar de arreglar el asunto “ordenando” los calendarios y horarios para las fiestas en la colonia; el registro civil –omnipotente- de cada servicio público que uno solicite; e incluso en el hecho de que los videos de Luisito Comunica –como un lifestyle distractor- tengan más visitas que la última crónica audiovisual sobre la tragedia en Guatemala. En todos estos ejemplos hay una doxa –dogma- que se incrusta desde el habitus ya mencionado.
¿Y por qué no la vemos? La amalgama entre desinterés, rutinidad, medios de ocio-distracción, falta de tiempo para el análisis e incapacidad crítica, opaca la posibilidad de entender la opresión sistemática, es decir, esa cadena interminable de opresiones y violencias simbólicas.
2) La máquina tragamonedas (de que no hay Estado sin Capital y viceversa)
Cuando el ladrón –de Pantitlán o de la Cámara de Diputados- comete un asalto o le roba a un tercero, la culpa de dicho acto no refiere únicamente a su voluntad, sino a una serie de necesidades de diversa índole [2] (económica, política, familiar, etc.) que surgen de distintos problemas universales. Algunos lo hacen para sobrevivir, otros para ampliar su supervivencia con lujos –aquí ya hablamos de miseria y lujosidad-.
¿Y qué es lo que roba el ladrón o el diputado?, ni más ni menos que la expresión monetaria del trabajo social: el dinero, que dentro del capitalismo determina la cantidad de ‘bienestar’, ‘seguridad’ y ‘poder social’ que uno pueda pagar para sí mismo. El Estado está presente en ambos casos porque su función no es repartir las riquezas, sino apropiárselas. Este, históricamente se ha aliado con la clase capitalista para servir como el guardián que separa a quienes más tienen de quienes menos tienen el bienestar que otorga el dinero, provocando todo un sistema universal de contra-valores como la corrupción, la mentira, la delincuencia, la competitividad y la violencia en sus distintas expresiones.
Hoy, siglo XXI, el Estado se ha convertido en capitalismo debido a: 1) la iniciativa privada (el capital financiero mundial) está acaparando los servicios sociales que antes eran de total dominio estatal (salud, educación, transporte, trámites civiles, infraestructura, etc.) e invierte/especula en el suelo y el territorio que es entendido como “federal”; 2) por tanto, no hay independencia consumada entre ambos pilares, es una alianza perpetua en la cual el capital necesita todo el estado de derecho del primero.
Así, el Estado va conexo categóricamente al sistema económico imperante para convertirse en dualismo, en sistema general: el Estado-Capital.
Que los Estados despojen de su tierra a los campesinos o promuevan reformas laborales para compactar a su mínimo a la clase trabajadora, no son gustos personificados, sino que delinean los intereses de ganancia y enriquecimiento de este dualismo.
El Estado a su vez, es dirigido por una clase política que se organiza de acuerdo a las facilidades para ejercer el dominio. En el caso de las niñas de Guatemala, el presidente Jimmy Morales da el ejemplo de esta “afinidad política” al haber nombrado por ‘compadrazgo’ y deudas de campaña a gente sin las competencias necesarias para coordinar el sistema de protección a la niñez y juventud, principal organismo acusado de la tragedia del pasado 8 de marzo.
Entender el todo y la parte en estas tragedias, dejará el paso libre para asimilar que la corrupción, negligencias y falta de tacto son solo los tallos de una raíz llamada: Estado-Capital.
II – Las niñas invisibles
Un Hogar Seguro (para la tortura institucionalizada)
Existen múltiples prejuicios sobre los países centroamericanos –específicamente en el Triángulo Norte- que van desde la segregación racista a los indígenas (recordemos el etnocidio de 1932 en El Salvador, provocando la muerte de 30,000 personas) hasta la aglutinación de la violencia en las zonas urbanas, suburbanas y rurales por el constante dominio territorial de las mafias criminales [3] que no sólo estas desempeñan, sino que se va replicando molecularmente por diversos grupos sociales que prefieren “trabajar” de ese clima y cultura constantes de violencia normalizada.
La situación que viven las jóvenes guatemaltecas en sus barrios es de horror. Las estadísticas hablan por sí solas: “De acuerdo con datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), en el 2016 hubo 2,504 nacimientos de madres entre 10 y 14 años, todos, producto de una violación sexual. Nacieron 10 bebés de niñas de 10 años; 30 de niñas de 11; 98 de niñas de 12; 464 de adolescentes de 13; y 1,902 de madres de 14 años”.
Esta cultura de la violencia muy aguda hacia los infantes también es visible desde México hasta otros países de Latinoamérica y no se sacia con quedarse en las calles: se institucionaliza.
Las banderitas de “solidaridad” con Guatemala no aparecieron en Facebook ni en ninguna otra red social. ¿Qué podíamos esperar sino manipulación e indiferencia ante una tragedia de un sector pauperizado y criminalizado internacionalmente? El 8 de marzo se tiñó de sangre y desinformación.
Los Hogares Seguros no son instituciones penales ni carcelarias, son refugios estatales para menores de edad que han vivido situaciones de orfandad, vulnerabilidad, adopción irregular, violaciones, explotación sexual o tortura familiar. La lógica de reclusión es invisibilizar el problema, no solucionarlo. Hago uso de los prejuicios en el inicio de este apartado: ¿quién quiere saber qué pasa con los hijos y miembros más jóvenes de la MS y El Barrio 18, considerados como las ‘parias’ de Guatemala?
Mientras la ciudadanía pasa sus días como si nada, unas niñas se han vuelto invisibles, claro, hasta que la muerte las acechó.
Pragmáticamente, estos espacios se convierten en prisiones de facto, plagadas de negligencias médicas, trabajadores que abusan sexualmente de las jóvenes, monitoras –guardias- para las que el maltrato es su “método pedagógico” [4], una alimentación deficiente –muchas veces, las comidas eran saturadas con yodo para “nutrir” con químicos y no con los alimentos básicos- y de una amplia red de trata que es comandada por las clicas –mafias- internas, irónicamente, de esas mismas de las que el Estado guatemalteco busca distanciar a las jovencitas internas. El hacinamiento era común, por lo que muchas niñas dormían en el suelo, sumándole su estancia junto con varios adolescentes en proceso penal acusados de extorsión y asesinatos, debido a la lentitud y corrupción del sistema penal que ‘la vio fácil’ al juntarlos en un solo inmueble.
De que la muerte es el imperativo de la conciencia del ser-social
No pasaría mucho tiempo desde la fundación de este “Hogar Seguro” en 2010 para que iniciaran las denuncias de vejaciones y malos tratos, mediatizadas en el año de 2013 por algunos medios ciudadanos como “La Hora” y “Prensa Libre” [5]. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) respondió a dichas denuncias solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nunca se atendieron.
En noviembre de 2016 se volvieron a alertar distintas deficiencias y anomalías, y un mes después, a nivel jurídico e institucional “el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana condenó al Estado de Guatemala por las violaciones cometidas contra los derechos de los menores de edad (…) ordenó que se ampliaran las instalaciones del refugio para distribuir de mejor manera a los niños para tener mayor control, cambiar la modalidad operativa, contratar más personal y remover a los trabajadores señalados de cometer abusos contra los albergados” [6].
El circo institucional no fue suficiente, faltaba una muestra exponencial como lo ocurrido el 8 de marzo para que los ojos se abrieran en sintonía y mirando este suceso como emblema de un fracaso del Estado. Es hasta que la muerte se asoma cuando nos interesa saber de dónde vino.
La crónica
Un día antes del incendio –el 7 de marzo-, la mayor parte de las internas dieron pie a un motín generalizado en el que se logró abrir una de las salidas, 60 menores se escaparon de las instalaciones, ocultándose en barrancos y bosques de la periferia. Tras el pitazo de esa fuga por parte de los funcionarios del refugio en coordinación con la policía, lograron atrapar a la mayoría -19 lograron fugarse de lleno- y como castigo, vino una primera tanda de golpizas contra los varones que serían encerrados bajo llave en el auditorio, y otra serie de castigos y humillación sexual contra las mujeres, confinadas con candados en las puertas y ventanas de una de las aulas que se conocía como “El Taller” o “La Escuela”.
El presidente Jimmy Morales fue avisado de un posible recrudecimiento del motín y dio la orden de que 250 policías antimotines resguardan las instalaciones, debido a que en las breves horas de fuga, varias de las jóvenes lograron comunicarse vía teléfono con sus parientes para solicitar auxilio. Se esperaba que estos llegasen en cualquier instante para averiguar lo que sucedía.
Aproximadamente a las 8:00 am del día siguiente, las jóvenes se amotinaron nuevamente y quemaron las colchonetas del lugar en protesta por su libertad [7], pensando que las autoridades las dejarían salir, sin embargo, éstas y los vigilantes ignoraron la situación. En un transcurrir de minutos tan efímero, los cuerpos de las jóvenes ya se encontraban calcinados.
Conclusiones tras el incendio
El caso de Virgen de Asunción es demasiado explícito e ilustrativo. El Estado asesinó a 40 adolescentes y se respaldo en una ideología de Estado en la cual las personas que no lo respetan (miembros de pandillas, drogadictos, “rebeldes” en casa) poseen menos “valor social”. El acontecimiento sería muy distinto si cualquier plaza pública hubiera sido el lugar, y “ciudadanos” de a pie, las víctimas. Hagamos un poco de memoria tal y como ocurrió en Francia de noviembre de 2015 y en Bruselas en marzo de 2016. El hashtag #PrayFor… es exclusivo para la “gente bien”.
Por otra parte, el gobierno en turno no se ha querido hacer responsable aludiendo –precisamente- a ese ‘mal comportamiento’ en sociedad de las niñas. El presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa unas horas después del siniestro: “(…) ¿Un crimen de Estado? Por favor, eso no es algo que se tenga que manejar. Habrá que esperar las investigaciones y le hemos pedido a las instancias que las hagan lo más pronto para poder deducir responsabilidades administrativas y penales” [8].
Una periodista guatemalteca –de la cual me ahorro mencionar su nombre por puro gusto- escribió en una columna nacional lo siguiente: “(…) Esta es una de esas columnas que nunca debió ser escrita, porque nunca tuvo que ocurrir la muerte de 40 niñas en un hogar de “resguardo” a cargo del Estado”, a lo que respondo en estas líneas que, a pesar de entender el contenido crítico de su nota, ¡es ahora más que nunca cuando hay que escribir y denunciar que el divorcio entre Estado y bienestar es categórico y universal!
A veces, respaldamos las estructuras hegemónicas sin darnos cuenta.
II
Primero el Estado, después la vida
“Fue la negligencia, no el fuego” es un slogan que caracteriza de la misma forma al caso de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, aquella que fue incendiada el 5 de junio de 2009 y provocó la muerte de 49 infantes y quemaduras crónicas en más de 70 sobrevivientes. El fuego se originó en una bodega contigua, propiedad de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, alcanzando a la estancia infantil y provocando que su techo se cayera a pedazos sobre los niños durante su hora de siesta.
En los diversos testimonios no sólo se acusa la negligencia del inmueble y sus funcionarios –un edificio sin salidas de emergencia y personal sin capacitación en casos de riesgo-, se narra también que la policía no supo cómo actuar. Diversos peatones tuvieron mayor valentía para entrar al inmueble e intentar salvar a los pequeños, entre ellos, las 27 educadoras, cocineros, pedagogos y administrativos de la Guardería ABC, además de empleados de una llantera y una gasolinera PEMEX que se ubican enfrente del edificio siniestrado.
Los familiares recibieron el apoyo del perito estadounidense David Smith en enero de 2010, quien refutó inconmensurablemente la línea de investigación de la PGR enfocada a que el siniestro fue “un accidente provocado por un corto circuito en el enfriador de aire de la bodega”, según The McMullen Company, una agencia americana especializada en casos forenses por incendios.
Los tres argumentos principales que sostienen su refutación son: 1) la lejanía del enfriador del punto donde inició el fuego, 2) el escaso voltaje de electricidad que anula la posibilidad de un ‘sobrecalentamiento’ y 3) que el incendio comenzó antes de que la última persona abandonara la bodega, lo que deja entrevista la participación de tan solo un responsable que se encargó de provocar la ignición.
La burocracia mexicana es ridícula, surrealista y perezosa. ¿Por qué digo esto? En declaración con diversos medios en 2013, los padres de familia de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Hijos –fundada después del percance- presentaron indicios investigacionales que acusan a funcionarios cercanos al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, por ser los responsables en este –y otros casos- de destruir e incendiar documentación oficial durante cada periodo administrativo, en el caso de la bodega adyacente a la Guardería ABC, se revela el hecho de la quema de documentos relacionados a una deuda de 10 mil millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta [9]. Algo así como si dijéramos que “es una tradición quemar las papeletas del gobierno cada mes porque no tiene donde guardarlas”.
Así, el Estado no sólo fue culpable como sujeto sistemático, sino también en su expresión como propietario de un inmueble federal.
Entonces, ¿la culpa es de Bours, sus lacayos o de toda esa burda tradición de quemar documentaciones para ocultar la corrupción de sus curules y escritorios?
Para 2016, serían efectivas las condenas de 19 personas por 20 a 30 años de prisión, es decir, el “precio” de cada bebé fallecido se calcularía en 6 meses de pena por cada inculpado. La justicia debe ser de hecho, no matemática.
Retomando la afirmación del Estado como sujeto culpable, añade todavía una ofensiva más, atacando –con sus procedimientos jurídicos e institucionales- al cuerpo biológico de los familiares con series de presión psicológica y de desgaste emocional.
Animal Político recoge un testimonio sobre Patricia y José, una pareja de padres afectados: “Patricia abandonó su trabajo y fue operada de la columna debido al sobrepeso que desarrolló debido a la depresión. Su esposo José Francisco, biólogo de profesión, cambió de empleo para dedicarle más tiempo al proceso legal que se sigue contra los responsables” [10].
La madre de otro pequeño -“Yeye”- todavía sufre constantes recaídas y ha sido hospitalizada en diversas clínicas psiquiátricas desde el 2009.
¿Podemos imaginar que estas consecuencias físicas se gestan también en el cuerpo de los demás familiares?
III
Cuando los estudiantes transmutaron en criminales
El fenómeno de Ayotzinapa fue el fundador del #FueElEstado. No es menester que toque mucho el tema, sólo quiero retomarlo a manera de breviario.
Tras ser encarcelada la pareja imperial (José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda), 111 policías municipales de Cocula e Iguala –vinculados al Cártel Guerreros Unidos-, los 43 no han aparecido. La táctica de aletargamiento que utilizó la PGR con los padres de los niños de la Guardería ABC, es semejante con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa: servir como punto medio entre la “verdad histórica” del Estado y las múltiples investigaciones de agencias internacionales sobre los hechos.
Documentales, videos, fotografías y decenas de testimonios comprueban la participación del ejército y la policía en la masacre de la noche del 26 de septiembre de 2014. No hay muchas palabras para enarbolar una tesis que demuestra la culpabilidad de las fuerzas armadas del Estado, pero me agradaría diferenciar al movimiento normalista de las dos tragedias incluidas en este texto.
Ignorarlos hasta poder criminalizarlos
La principal disimilitud entre Ayotzinapa, las niñas de Guatemala y la Guardería ABC, es que el primero pertenece a una historia desencantada de guerra.
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) es el protagonista de esta historia de hadas. Creada en 1935 a la par de la edificación de las primeras normales rurales, comienza como una ‘alternativa’ que es perfectamente ilustrada por el mural de Diego Rivera, “La maestra rural”, obra pintada en 1924 que revela la siguiente alegoría: una maestra en cuclillas con un libro sostenido por su antebrazo, enseñando a un círculo de jóvenes y adultos, mientras a lado, un hombre que monta un caballo sostiene de manera imponente un fusil. Ese hombre era el Estado progresista que ‘defendía’ a los sectores más vulnerables del campo en un lamento post-revolucionario.
Con el tiempo, el impulso progresista que tuvo su máxima potencia con el presidente Lázaro Cárdenas, se perdió y al no ser una idea táctica exterminar de tajo el proyecto de la educación normalista, el Estado prefirió ignorarlo. Era una guerra en mute.
De la ignominia, sucedieron ataques frontales que transformaron el olvido en una guerra declarada: entre 1940 y 1960 se recortan los gastos educativos al mínimo y se rechaza la idea inicial de especializar la educación rural para el desarrollo de las comunidades; la Masacre de Chilpancingo en diciembre 1960 confirma el papel antagónico del Estado al acallar con balas las protestas por la autonomía de la UAG; Gustavo Díaz Ordaz (principal ejecutor de la guerra sucia y la Masacre de Tlatelolco en 1968) logró cerrar 15 de las 29 normales rurales; los embates sigilosos en contra de la normal de Ayotzinapa se vieron en episodios de represión en 1998 y 2007 en protestas estudiantiles que exigían la no-desaparición de la Licenciatura en Educación Primaria; el 13 de diciembre de 2011 caerían asesinados dos estudiantes durante un bloqueo en la Autopista del Sol -Jorge Alexis y Gabriel- muertos de bala por funcionarios públicos infiltrados en el conflicto; en enero de 2014, otros dos estudiantes murieron arrollados por un camión durante un boteo, actividad que, en teoría, no debería ocurrir debido a que la Secretaría de Educación Púbica está a cargo de suministrar la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las escuelas rurales.
Exterminar al normalismo es uno de los puntos primordiales en el Billboard de la clase política, cooptándolo a los “nuevos sistemas de enseñanza” que se erigen –como mencionaba en mi descripción del Estado-Capital- por el asalto de la iniciativa privada en los proyectos educativos rurales que pertenecían a las contiendas gubernamentales.
La Masacre de Iguala no bastó. Desde ese 26 de septiembre a la fecha [11] han sucedido aproximadamente 10 ataques policiales violentos –incluso con uso de armas de fuego por parte de la policía y grupos criminales- contra protestas de normalistas en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Todos ellos sumergidos en una guerra involuntaria por el simple hecho de considerar a la educación como una herramienta indiscutible para el mejoramiento social y ético de México.
***
Sean civiles inocentes, profesionistas, ninis, sectores pauperizados o los movimientos anti-sistema más radicales: no hay una correlación lógica entre la labor teórica del Estado y sus prácticas para asegurar que estamos a salvo en sus cauces.
Todos podemos llegar a ser víctimas del #Estado-Capital.
Publicado el 17 de Marzo de 2017 en:
http://rupturacolectiva.com/de-las-ninas-de-guatemala-a-la-guarderia-abc-a-los-43-de-ayotzinapa-fueelestado-capital/
Notas críticas, referencias y cronologías
[1] La deducción del Estado a partir de la naturaleza humana pertenece al repertorio standard de todo profesor y educador esclarecido, esta vez gestionada con la ayuda de los antagonismos de la sociedad capitalista. (Held, Karl, El Estado democrático: Crítica de la soberanía burguesa).
[2] Ya sea para satisfacer la supervivencia básica –necesidades biológicas básicas- o por la supervivencia ampliada –lujos y objetos que demuestran la fetichización de la mercancía-.
[3] En el sentido internacionalista de este texto –y enfatizando esta nota- busco hacer notar la extrema ruptura del tejido social gracias a los grupos criminales. Por ejemplo, en Centroamérica con las pandillas de la droga, en México con los cárteles del narcotráfico o en Rusia con la “The Great Criminal Revolution” en la que las mafias se infiltraron en la estructura estatal tras la caída de la URSS.
[4] En recientes días, el diario guatemalteco Prensa Libre entrevistó a una exinterna que relata su historia de maltrato, las heridas que permanecieron en su cuerpo y el cómo observó el asesinato de otra interna debido a la falta de vigilancia. (“Hogar Seguro es una pesadilla, deplora exinterna”, Prensa Libre por Glenda Sánchez, 14 de marzo de 2017. En línea en: http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/hogar-seguro-es-una-pesadilla-el-lugar-deplora-exinterna)
[5] Léase: http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/tragedia-en-hogar-seguro-comenzo-en-2013
[6] “No fue el fuego, fue la negligencia”, Plaza Pública, José David López Vicente, 09 de marzo de 2017. https://www.plazapublica.com.gt/content/no-fue-el-fuego-fue-la-negligencia
[7] A la prensa le hace falta emancipar la situación y hablar más de la libertad como objetivo y no como categoría abstracta. Demando que no se hable de una acción de protesta como algo solamente “para llamar la atención de las autoridades”.
[8] “Los policías no nos dejaron ayudarlas: abusos y negligencia mataron a 40 niñas en Guatemala”, Animal Político, 13 de marzo de 2017. http://www.animalpolitico.com/2017/03/guatemala-incendio-testimonios-hogar-muertas/
[9] Declarado inconstitucional en 2007 por falta de trasparencia y del registro de datos de dónde saldría y en qué se invertirían los recursos monetarios –aunque en sus cláusulas específica que para solventar parte de la deuda estatal, colocación de bonos, infraestructura en algunos municipios y una inversión en la fiduciaria Banorte. En ese contexto, el estado de Sonora contemplaba una deuda de 5 mil 234 millones de pesos.
[10] “7 años del caso ABC sentencian a 19 implicados, pero aún no hay justicia: padres”, Animal Político, Nayeli Roldán, 05 de junio de 2016. http://www.animalpolitico.com/2016/06/a-siete-anos-del-incendio-en-la-guarderia-abc-sentencian-a-19-implicados-pero-aun-no-hay-justicia-padres/
[11] 19 de julio de 2016. Represión a normalistas de la ONOEM y maestros de la Sección XVIII por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y policías antimotines (http://rupturacolectiva.com/la-guerra-de-clases-continua-reprimen-a-maestros-y-habitantes-indigenas-en-michoacan/); 27 de septiembre de 2016. Aproximadamente a las 14 hrs., un operativo de 30 patrullas del Mando Único de la Policía y cientos de granaderos de Michoacán interceptaron y dispararon con armas de grueso calibre a los camiones en donde se transportaban estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), pertenecientes a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) tras una actividad de volanteo (http://rupturacolectiva.com/policias-disparan-a-camiones-de-normalistas-en-michoacan-y-detienen-a-mas-de-50-hay-heridos-de-bala-y-varios-estan-desaparecidos/); 4 de octubre de 2016. Después de las 18:00 hrs., un grupo de hombres armados asaltaron una camioneta Urvan de transporte público de la Ruta Chilpancingo – Tixtla del sitio Vicente Guerrero, muy cerca de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, asesinando a dos normalistas y dos civiles más (http://rupturacolectiva.com/en-asalto-a-transporte-publico-asesinan-a-normalistas-de-ayotzinapa-y-varias-personas-mas/); 5 de noviembre de 2017. Normalistas de la Escuela Normal Superior de Chiapas y pertenecientes a la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas (CENECH) se encontraban realizando un boteo en la caseta del municipio de Ocozocoautla, cuando fueron irrumpidos por las fuerzas policiacas federales.El resultado fue de 28 detenidos, trasladados posteriormente a la Procuraduría General de la República (PGR) de la zona; 28 de febrero de 2017. Normalistas del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Michoacán (C.R.E.N.A.M) salieron a las calles de la Tenencia de La Mira en el municipio de Lázaro Cárdenas para realizar actos de volanteo y propaganda, esta legítima acción fue respondida (inesperadamente) a balazos y golpes por un grupo armado. A unos metros, camionetas y patrullas de la Policía Federal -así como convoys militares- ya esperaban a los estudiantes para arrestarlos. 10 estudiantes fueron detenidos (http://rupturacolectiva.com/grupos-criminales-disparan-a-normalistas-de-arteaga-michoacan-y-los-entregan-al-ejercito-y-la-policia/)
* Para desarrollar una Lógica Comunitaria (CCC) junto con el autor:
C-ríticas, C-omentarios y C-ontribuciones —> elfaunosubversivo@gmail.com *
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