El poder de las transnacionales y la rapiña global

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Rebelion. El poder de las transnacionales y la rapiña global






El activista de Paz con Dignidad y OMAL, Ricardo Gayol, participa en un acto de CEDSALA-País Valencià


Estafa, soborno, blanqueo de capitales, posición abusiva de mercado, evasión fiscal, apropiación indebida, manipulación contable, fraude, soborno, paraísos fiscales, ingeniería financiera, doble contabilidad, lobbies, puertas giratorias... Los investigadores del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), Pedro Ramiro y Erika González, enuncian esta ristra de malas prácticas que no resultan ajenas a las empresas multinacionales. No menos ilustrativo es el título del artículo que publican en el número 135 de la revista “Papeles de relaciones ecosociales y cambio global”: “Las empresas transnacionales en la arquitectura de la impunidad: poder, corrupción y derechos humanos”. A lo largo del siglo XX se han producido ejemplos clamorosos, como la “masacre de las bananeras” (de ese modo se la conoce en Colombia) perpetrada en 1928 por la compañía estadounidense United Fruit Company. Desde entonces la multinacional, hoy Chiquita Brands, acumula denuncias por acaparamiento de tierras, uso esclavista de la mano de obra, soborno y corrupción política. Pedro Ramiro y Erika González recuerdan que la “bananera” participó en la defenestración del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954; y en septiembre de 2007 la empresa tuvo que afrontar una multa de 25 millones de dólares en Estados Unidos por financiar a paramilitares colombianos.

Sobre el poder de las transnacionales ha reflexionado el activista Ricardo Gayol, miembro de la asociación Paz con Dignidad y de OMAL, en un acto organizado por CEDSALA-País Valencià. Adopta como punto de referencia el cuaderno “Alternativas para desmantelar el poder corporativo” (2016, Universidad del País Vasco-Hegoa), del coordinador de Paz con Dignidad-Euskadi, Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate. Además de recomendaciones para gobiernos y movimientos sociales, se informa de que 69 de las 100 mayores entidades económicas mundiales en 2016 eran corporaciones, y sólo 31 estados. La tendencia apunta a un creciente desequilibrio: 63 empresas multinacionales y 37 estados en 2015. El texto citado por Ricardo Gayol añade una comparativa de la Fundación Global Justice Now que señala en la misma dirección. El valor de mercado de las diez empresas con mejores resultados en 2015 (Walmart, State Grid, China National Petroleum, Sinopec Group, Royal Dutch Shell y Exxon Mobil, las cinco primeras) es equiparable al PIB de los 180 países con menor peso económico del planeta.

¿Desempeñan algún tipo de acción política las compañías multinacionales? ¿Se combina la influencia en los gobiernos con el ánimo de lucro? Ricardo Gayol destaca una serie de “maniobras” que han llevado a término estas grandes empresas durante el siglo XX, recopiladas por el Observatorio de las Multinacionales en América Latina. Así, la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935) tuvo como catalizador los intereses de las petroleras Standard Oil Company (actualmente Chevron-Texaco y Exxon Mobil) y Royal Dutch Shell. El holocausto nazi (1941-1945) contó con la complicidad de corporaciones alemanas (Krupp, Siemens, BMW y Wolkswagen, entre otras) y norteamericanas como Ford y General Motors. Conocida es la actuación de la CIA y la International Telephone and Telegraph (ITT) en el derrocamiento de Allende (1973). En la larga guerra civil de Angola (1975-2002), una parte de los beneficios de las petroleras -BP, Exxon Mobil o Total- se dedicaba a financiar la compra de armas; En la década de los 70, Peugeot, Ford y Mercedes Benz se beneficiaron de la persecución de militantes de los sindicatos por la dictadura argentina; y Nestlé era objeto de denuncias por el fomento de la leche en polvo como sustituto de la leche materna en África, lo que desencadenó efectos negativos en la salud y la seguridad alimentaria. A mediados de los 80, cerca de 15.000 personas murieron en Bhopal (India) por la fuga de gases tóxicos en una empresa participada por Union Carbide (Hoy Dow Chemical).

Otra de las investigaciones en las que se apoya Ricardo Gayol es el libro “Contra la lex mercatoria” (Icaria, 2015), de Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro. El texto recoge diversidad de pareceres sobre los negocios de calado global. El exministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel García-Margallo, realizó en junio de 2014 la siguiente afirmación: “Atraer a las empresas multinacionales ha de ser una prioridad para un gobierno responsable”. Pronunció estas palabras en unas jornadas organizadas por el conglomerado Multinacionales por marca España. Mantiene una posición distinta Jean Ziegler, Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación (2000-2008), y actualmente asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “El capitalismo ha llegado a su estado paroxístico y el Estado está totalmente desarmado frente a él; el verdadero sujeto de la historia, el más poderoso hoy en día, son las sociedades transcontinentales privadas”.

Ricardo Gayol define la Lex Mercatoria como la “armadura del capitalismo”, que privilegia los negocios corporativos frente al interés general. Forman el núcleo duro los contratos de comercialización y explotación, acuerdos de protección de inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, tratados comerciales bilaterales y regionales, normas y disposiciones multilaterales y laudos arbitrales. Esta “coraza” hace posible que WalMart, Shell y Exxon Mobil cuenten con unos ingresos anuales superiores al PIB de Austria, Sudáfrica y Venezuela; o que los volúmenes de ventas de Telefónica y Repsol dupliquen el PIB de Bolivia y Honduras, respectivamente. Ramiro y Hernández Zubizarreta señalan que la gran crisis global no ha supuesto un freno a los beneficios de las transnacionales y sus directivos. Mencionan el ejemplo de Amancio Ortega, principal propietario del grupo Inditex, que ingresó 961 millones de euros en 2015 sólo en dividendos; No fue el único en percibir remuneraciones estratosféricas en esta compañía. El presidente y consejero delegado, Pablo Isla, ingresó en 2014 cerca de ocho millones de euros; en 2014 las 25 principales fortunas del mundo aumentaron su patrimonio en un 9% respecto al año anterior. Otra expresión de este poder empresarial son los 15.000 lobbistas que pululan por el Parlamento europeo, un 70% relacionados con transnacionales.

La Lex Mercatoria y la “arquitectura de la impunidad” no son una huera abstracción teórica. El libro “Contra la Lex Mercatoria” explica este poder fuerte y real con la nacionalización de YPF –filial de Repsol- por parte del gobierno argentino en 2012. Repsol puso en marcha todo su arsenal. Recurrió ante los tribunales nacionales, ante el CIADI (tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial), presentó una demanda colectiva en Nueva York contra el Estado argentino y otra por la vía mercantil en Madrid. La petrolera contó asimismo con el apoyo político y diplomático del gobierno español y las instituciones europeas. Ninguna de estas posibilidades se halla al alcance de las poblaciones mapuches castigadas durante décadas por la actividad de Repsol. Ricardo Gayol apunta otra diferencia palmaria. Poco tienen que ver las sentencias de los jueces estadounidenses a favor de los “fondos buitre” que litigaban contra el gobierno argentino, con las sanciones “morales” que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha impuesto a Colombia por batir records en el asesinato de sindicalistas.

Los efectos del modelo pueden visibilizarse claramente en Bangladesh, un gran exportador global de manufacturas textiles. El sindicato internacional IndustriALL ha denunciado que los costes globales de una camiseta fabricada en el país son de 1,5 céntimos de euro, aunque en el mercado se venda por 20 euros. Tal vez tenga que ver con ello las detenciones y torturas durante los últimos años de miembros del Bangladesh Center for Worker Solidarity. El derrumbe de un bloque de ocho pisos –el tristemente afamado Reina Plaza- en el que se hacinaban obreras del textil, terminó con 1.100 personas muertas y 2.500 heridas en abril de 2013. Se da la circunstancia que en el edificio fabricaban ropa subcontratas de Benetton, Mango, Primark y El Corte Inglés. Además, en otras maquilas de Bangladesh se satisfacen los pedidos de H&M, C&A, Walmart o Inditex.

El Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) recuerda que el buque Exxon Valdez (por el nombre de la petrolera propietaria) derramó en 1989 unas 37.000 toneladas de hidrocarburos en Alaska; en la década de los 90 del siglo XX Nike acumuló denuncias por la explotación laboral de la infancia en las factorías asiáticas. Otro caso que ha levantado las alarmas globales se produjo en Nigeria, en 1995. Con la complicidad de la petrolera Shell, la dictadura ejecutó a nueve opositores que señalaban las prácticas de la multinacional. Uno de ellos, el poeta y ecologista Ken Saro-Wiwa.

Contra las corporaciones de raíz española tampoco han faltado las denuncias. Por ejemplo contra el BBVA, por la fabricación de represas en el río Madera (Brasil), lavado de dinero (Colombia), congelación de cuentas de organizaciones sociales (México) o la financiación del proyecto gasífero de Camisea (Perú). Caso parecido es el del Banco Santander, cuya responsabilidad fue señalada en el despido del 60% de la plantilla del Banco Santa Cruz (Bolivia); la financiación de la megahidroeléctrica de San Antonio (Brasil), que implicaba daños ambientales y el desplazamiento de la población indígena; también a la entidad bancaria se le achacó en Colombia las presiones a trabajadores para evitar la sindicación. Al listado se agregan los gigantes de la obra pública, como ACS. OMAL cita a esta empresa como constructora del complejo hidroeléctrico Río Madera en Bolivia. A Telefónica se le señala por el despido “masivo” de trabajadores en Perú tras la privatización; y al grupo Calvo, en El Salvador, por acoso laboral, despido de trabajadores y persecución de sindicalistas.

Ricardo Gayol subraya que una de las respuestas articuladas a este modo de actuar es la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, impulsada en junio de 2012 en la Cumbre de los Pueblos Río+20. Constituida por unos 200 movimientos sociales y organizaciones, la Campaña propone un Tratado Internacional de los Pueblos que apoye las resistencias y alternativas; y se moviliza por la aprobación de un Tratado Vinculante, que amparado por la ONU regule la actividad de las transnacionales y “detenga su violación sistemática de los derechos humanos”. En junio de 2014 se produjo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la votación favorable a constituir un Grupo de Trabajo Intergubernamental que inicie los trámites para el Tratado. En las reuniones y deliberaciones que se produjeron en la sede de la ONU en Ginebra participaron los movimientos sociales, que también convocaron una semana de movilización popular en la ciudad suiza. Así ocurrió en 2015 y 2016. En octubre de 2017 se reanudarán los debates del grupo de trabajo en Ginebra, y entre el 23 y 27 de ese mes hay convocada una “gran movilización” popular. La consigna tiene claramente marcado el objetivo: “Reclamar los derechos de los pueblos por encima del lucro e impunidad de las transnacionales”.

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